La conferencia matutina desde Palacio Nacional se convirtió en clase exprés sobre pensiones. Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, desmenuzó los tres grandes momentos que han marcado la jubilación de maestros y trabajadores al servicio del Estado en los últimos 18 años.
Primero recordó la Ley del ISSSTE 2007, impulsada en el sexenio de Felipe Calderón, que sustituyó el sistema solidario por cuentas individuales administradas por Afores.
El cambio elevó la edad de retiro a 65 años y desplomó la tasa de reemplazo — el porcentaje del último sueldo que se recibe como pensión — a apenas 27 por ciento. Con ejemplos claros, Delgado contrastó la pérdida: un docente que cobraba 16 mil pesos terminó jubilándose con solo cuatro mil 320 pesos.
El segundo hito llegó en 2020 con la reforma que topó las comisiones de las Afores a niveles de Colombia, Chile y Estados Unidos.
La reducción del 44 por ciento en estos cobros elevó la pensión estimada para el mismo maestro a ocho mil 800 pesos, pero aún dejaba un hueco frente al salario real.
La pieza que completa el rompecabezas es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, aprobado en 2024. Este mecanismo aporta un complemento solidario que suma a la pensión individualizada hasta alcanzar el 100 por ciento del último salario — en el caso anterior, los siete mil 200 pesos faltantes—, con un tope dinámico que para 2025 será de 17 mil 364 pesos.
El beneficio aplica a trabajadores con 65 años y al menos 25 años de servicio cuyo ingreso mensual no supere esa cifra, rango que cubre “a la gran mayoría del magisterio”, subrayó el funcionario.
Delgado también celebró el incremento salarial anunciado por Sheinbaum — 9 por ciento retroactivo a enero y 10 por ciento adicional desde septiembre—, el segundo más alto en cuatro décadas.
De acuerdo con datos de la SEP, 58 por ciento de los docentes ganan entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales; con la nueva política, casi todos superarán la barrera de los 16 mil pesos, umbral que ahora se replica como pensión garantizada.
Finalmente, el secretario defendió que el patrimonio acumulado en las Afores —equivalente a 20.3 por ciento del PIB— “no es de los bancos, sino de los trabajadores”, por lo que cualquier uso distinto significaría expropiar sus ahorros.
Concluyó que congelar la edad mínima de jubilación en 58 años para hombres y 56 para mujeres, como propone el Ejecutivo, consolidará un “piso de dignidad” que la reforma de 2007 había comprometido.
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