La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó de manera categórica que su gobierno haya emprendido una persecución política en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que el magnate anunciara su intención de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado mexicano.
Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria subrayó que el caso no se trata de un conflicto político ni de una violación a derechos humanos, sino de un procedimiento fiscal que cuenta con el respaldo del Poder Judicial.
Explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actúa conforme a resoluciones judiciales firmes.
La postura del Gobierno federal
Sheinbaum recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la resolución emitida por un Tribunal Colegiado, en la que se determinó que existe un monto que debe ser cubierto por el empresario.
De acuerdo con la presidenta, los amparos promovidos fueron declarados improcedentes y la resolución judicial debe cumplirse.
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La titular del Ejecutivo federal enfatizó que el marco legal permite a los contribuyentes establecer esquemas de pago flexibles.
Indicó que Salinas Pliego puede acercarse al SAT para acordar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluso mediante pagos diferidos y no necesariamente en una sola exhibición.
El argumento de Salinas Pliego ante la CIDH
Ricardo Salinas Pliego sostiene que el requerimiento de aproximadamente 51 mil millones de pesos por parte del SAT responde a una persecución política.
Grupo Salinas ha señalado un supuesto hostigamiento de carácter fiscal, judicial y administrativo, el cual, según su versión, busca limitar la libertad de expresión del empresario y su participación en el debate público.
Bajo ese argumento, el magnate anunció su intención de acudir a instancias internacionales para denunciar al Estado mexicano.
La respuesta del empresario
Tras las declaraciones de la presidenta, Salinas Pliego reiteró su postura a través de redes sociales. Aseguró que el procedimiento fiscal en su contra sí constituye una persecución política y afirmó que obedece a sus críticas hacia decisiones del actual régimen. También sostuvo que se trata de una violación a sus derechos humanos.
Desde el Gobierno federal, sin embargo, la posición se mantiene firme: el caso se encuentra en el ámbito estrictamente fiscal y judicial, con resoluciones definitivas que, según Sheinbaum, deben cumplirse conforme a la ley.
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