A una semana del derrumbe de un inmueble en San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, la polémica por la responsabilidad del accidente continúa. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega afirmó que la autorización de la demolición no fue emitida por su administración, sino por el Gobierno de la Ciudad de México.
Durante una conferencia, la funcionaria presentó documentos para respaldar su postura y señaló que el permiso fue otorgado bajo un esquema que, aseguró, permitió omitir requisitos básicos de seguridad.
Alcaldía niega haber autorizado la demolición
Rojo de la Vega explicó que la empresa encargada del inmueble solicitó inicialmente el permiso ante la alcaldía; sin embargo, tras una revisión, su administración detectó múltiples riesgos estructurales.
De acuerdo con la alcaldesa, la demarcación identificó al menos 10 irregularidades graves, por lo que decidió negar la autorización para demoler el edificio.
No obstante, días después, el Gobierno capitalino habría aprobado el proceso mediante un mecanismo especial.
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Gobierno de CDMX habría dado luz verde
Según la alcaldesa, la autorización fue otorgada a través del llamado Acuerdo de Facilidades, una figura creada tras el sismo de 2017 para agilizar trabajos de reconstrucción.
Este instrumento permite, bajo ciertas condiciones, realizar demoliciones de manera más rápida, incluso sin cumplir todos los requisitos habituales, como estudios técnicos completos o programas de protección civil. Rojo de la Vega aseguró que esta decisión fue clave en el desarrollo de los hechos que derivaron en el colapso.
Derrumbe dejó tres muertos
El accidente ocurrió cuando parte del edificio en demolición colapsó, provocando la muerte de tres trabajadores, mientras que otro más resultó herido y fue trasladado a un hospital.
El siniestro generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y abrió un debate sobre las condiciones en las que se realizaban los trabajos.
Señalamientos por fallas en supervisión
La alcaldesa también cuestionó la supervisión del proceso, señalando que la autorización implicaba la responsabilidad de garantizar la seguridad tanto del inmueble como del entorno.
Afirmó que, sin ese permiso, el incidente no habría ocurrido en las mismas condiciones.
Continúa la investigación
Tras el derrumbe, autoridades iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades administrativas y posibles omisiones.
El caso ha puesto en el centro del debate los mecanismos de autorización de obras en la Ciudad de México, así como los protocolos de seguridad en demoliciones, en un contexto donde la reconstrucción sigue siendo un tema sensible tras el sismo de 2017.
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