Guillermo Fabela QuiñonesApuntes
Un reto ineludible es dar al país una paz permanente, sin duda el más complejo dentro de los muchos a los que debe enfrentarse el gobierno que habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo porque llevamos décadas de violencia cada vez más dramática, alentada por una impunidad alarmante que revela instituciones tan endebles que fueron pretexto para que se aprobara una Ley de Seguridad Interior, la cual recuerda la que promulgó el dictador Francisco Franco que denominó Ley de Responsabilidades Políticas.
El próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, durante el 14 Foro de Escucha, Paz y Desarrollo, que se llevó a cabo en el campus Zapopan del Instituto Tecnológico de Monterrey, afirmó: “Es muy diferente pacificar al país a construir un proceso de paz y de reconciliación nacional”. Señaló como plazo para comenzar el proceso de “paz y reconciliación nacional”, la mitad del próximo sexenio, “después de que se logre revertir el proceso de violencia con acciones concretas”.
Le sobra razón al próximo secretario de Seguridad Pública, pues “pacificar” puede ser muy fácil como lo han demostrado férreas dictaduras a través de la historia. Pero crear condiciones para que haya paz concreta y duradera, demanda muchas tareas que sólo un Estado comprometido con el futuro y con la sociedad en su conjunto puede llevar a cabo. Por eso es correcto el planteamiento de Durazo, como también lo es la exigencia al Senado para que abrogue la Ley de Seguridad Interior, en lo cual coincidieron representantes de la ONU, de Amnistía Internacional (AI) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La nueva realidad política nacional hace innecesario dicho ordenamiento, pues la estrategia del gobierno que arranca el primero de diciembre, en materia de pacificación y seguridad pública, no abarca la criminalización de las protestas ciudadanas, categoría que se contemplaba de manera primordial en el caso de que continuará el régimen de orientación reaccionaria, tal como se suponía desde la perspectiva de la derecha en el poder a partir de 1982.
Así como sería un absurdo histórico pretender que se mantuviera en España la susodicha ley franquista, es lo mismo en lo que se refiere a la Ley de Seguridad Interior. El Senado está obligado a derogarla por su inaplicabilidad en un contexto en que no es necesaria. El gobierno entrante está comprometido a enfrentar las causas de la inseguridad y la violencia, lo que implica desarrollar políticas públicas que combatan la marginación y la pobreza; que fomenten el empleo formal con salarios remuneradores; que alienten la distribución justa de la riqueza.
Sólo así será posible que a la mitad del sexenio pueda ponerse en marcha, con posibilidades de éxito, un amplio proceso de paz y reconciliación nacional. Esto conviene que lo entienda la cúpula empresarial, porque a final de cuentas saldrá beneficiada en la medida que se generen condiciones favorables al buen desenvolvimiento de sus negocios, una vez restablecida la paz en la República, no con una violencia indiscriminada del Estado, sino con estrategias que vayan al origen del flagelo y se corrijan sus causas.
Es de la mayor importancia que la sociedad en su conjunto entienda que por sí solo el Ejecutivo federal no alcanzará metas tan extraordinarias como las que tiene en los próximos seis años. Como también es fundamental que las máximas autoridades del país sean congruentes y mantengan incólume su autoridad moral, a fin de que las clases mayoritarias sigan apoyando el desempeño del gobierno que prometió un cambio verdadero y poner en marcha la Cuarta Transformación de la República.
No hay que olvidar un solo instante que México tiene un déficit social como pocos países de los llamados emergentes. La consecuencia más notable es la crisis de violencia e inseguridad que arrastra todo a su paso, al igual que la corrupción, el otro magno flagelo que tanto daño ha hecho a la nación. De ahí que el próximo gobierno esté obligado a demostrar con hechos la viabilidad de las expectativas de esperanza que levantó López Obrador.
(guillermo.favela@hotmail.com)
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