Guillermo Fabela QuiñonesApuntes
La ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue implementado por dicho organismo en 1949, sobre derecho a la libre sindicalización y contratación colectiva, fue aprobado por unanimidad en el Senado, pese a la oposición inicial de los legisladores del PRIAN, quienes a tono con su postura ideológica buscaron evitar que se diera un paso esencial para que los trabajadores del país ejerzan su derecho a votar por representantes legítimos, no impuestos por sus patrones.
Este paso de tanta trascendencia pudo darse gracias a que Morena es mayoría en ambas cámaras, ahora la derecha es oposición y sus posiciones contrarias a la democracia no cuentan a la hora de las votaciones. Sin embargo, sería un error creer que la reacción está derrotada y va a doblar las manos. Habrá de esperar pacientemente el momento de dar nuevos zarpazos, luego de una labor de zapa en el interior del Congreso orientada a resquebrajar la voluntad de legisladores sin convicciones y faltos de ética.
La posición de la derecha fue expresada por el secretario de la CTM, el senador Angel Aceves del Olmo, quien adujo que al ser aprobado el Convenio 98 se habrá de correr el riesgo de que se afecte la inversión y el crecimiento y haya pérdida de empleos. A nombre de Morena, el dirigente del sindicato minero, senador Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que quienes se oponen a su instrumentación son quienes apoyan a los grupos empresariales que han explotado por décadas a los trabajadores.
Destacó que no habrá más “contratos de protección signados por las empresas con sindicatos blancos y a espaldas de los trabajadores”. Esto explica el motivo de la preocupación del “líder” de la CTM, organización que desde el sexenio de Miguel Alemán Valdés ha servido a los intereses de los patrones, aunque sin asumir las posiciones actuales de absoluto desprecio a los trabajadores, propias de las políticas públicas neoliberales. En consecuencia, se abren posibilidades concretas de que la reforma laboral pierda su razón de ser y pueda ser derogada.
En el sector privado se vio que habrá una división táctica con el fin de buscar tiempo para negociar con el nuevo gobierno a partir del primero de diciembre, tal como lo señaló explícitamente la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra); por su lado, el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, en su cuenta de Twitter señaló: “Es un paso importante para consolidar la libertad y democracia sindicales. Para encontrar un equilibrio entre los derechos sociales y estabilidad laboral, la legislación laboral debe ser adecuada sin demora”.
Sin duda debe hacerse, pero no en el sentido que quiere la elite empresarial y los magnates de las finanzas, sino en favor de la justicia elemental que merecen los trabajadores, quienes durante los últimos 35 años han cargado sobre sus espaldas, en detrimento de sus familias, la explotación salarial de que han sido víctimas con el fin de que las utilidades de los empresarios mantengan sus altas tasas de crecimiento.
Esta dantesca realidad, que afectó a países como el nuestro, carentes de un Estado de Derecho básico, es insostenible por más tiempo. No sólo por sus dramáticos efectos económicos y sociales, sino por la terrible descomposición social que se ha convertido en un factor adverso a los intereses de los patrones. Ello explica el interés del gobierno de Donald Trump en que se eleven los salarios de los obreros mexicanos que laboran en las maquiladoras automotrices.
Cabe hacer mención a un hecho que no debe pasarse por alto: por mucho menos de lo que ahora está padeciendo el mundo como consecuencia del neoliberalismo, se desató la Segunda Guerra Mundial. En esto deberían reflexionar los magnates que sólo piensan en sumar más y más ceros a sus cuentas bancarias.
(guillermo.favela@hotmail.com)