Francisco Javier Pizarro Chávez
Bajo una persistente lluvia marcharon anteayer, 26 de septiembre, al Zócalo de la Ciudad de México padres, madres, hermanos, familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace 4 años.
Cientos de estudiantes de diversas instituciones educativas se sumaron a la manifestación que se desarrolló en forma tranquila, pese a la provocación de una docena de “anarquistas”, quienes tras hacer pintas en algunos establecimientos comerciales, se retiraron.
Portando la fotografía de cada uno de los normalistas desaparecidos y al grito de ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos”, su familiares arribaron al pódium. En esta ocasión el rostro de todos ellos no fue de tristeza y amargura. Se veían, alegres y sonrientes, me comentó un amigo periodista de “Sin Embargo” que cubrió el evento.
Y había razón para ello. En el transcurso de la mañana tuvieron una reunión a puerta cerrada y por más de dos horas, en el Museo Memoria y Tolerancia, con el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; la futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero; Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH; Jan Jarab, representante de México de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Alejandro Encinas, futuro subsecretario en Derechos Humanos de esa dependencia, e integrantes del Centro Miguel Agustín Pro.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos se veían contentos. Agradecieron que “esta puerta se haya abierto sola luego de cuatro años de estar tocando las puertas del gobierno sin respuesta” para dar con el paradero de sus hijos y que se haga justicia.
Anunciaron a reporteros y periodistas que el Presidente electo se comprometió a que el primer día de iniciar su mandato se:
1. Conformaría la Comisión Investigadora para la Verdad ordenada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, determinación que actualmente se encuentra suspendida debido a impugnaciones promovidas por la actual administración federal.
2. Emitirá un decreto presidencial en el que se ordena a todas las instancias gubernamentales a colaborar con las investigaciones para así eliminar las trabas que a lo largo de estos cuatro años han encontrado las pesquisas.
3. En los primeros días del nuevo gobierno también se solicitará formalmente tanto a la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reactive la asistencia técnica para apoyar las investigaciones. (Fuente: Animal Político).
Lo digo con toda sinceridad. A quien esto escribe también me agradó que el Presidente electo se haya comprometido en el tema de las desapariciones forzadas de los normalistas, se ponga énfasis en dos ejes centrales: el de la verdad y la justicia.
En colaboraciones anteriores –los famosos foros por la Pacificación y la Reconciliación Nacional– me pronuncié en contra del olvido y el perdón, conceptos que reitero, no son, desde mi punto de vista, la vía para restablecer la paz y resolver la crisis humanitaria en que están inmersos millones de mexicanos por la ola de violencia e inseguridad que vivimos.
El caso de la desaparición forzada de los normalistas, ciertamente tuvo un impacto nacional e internacional emblemático. Su esclarecimiento con base en la verdad y la justicia contribuiría sin duda alguna a demostrar que es factible, mediante una investigación científica, jurídica y pericial de fondo, dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada que en los últimos diez años suman ya 37 mil personas.
Y cuando hablamos de verdad y justicia no me refiero a la falaz “verdad histórica” en la que el sistema penal inquisitivo pondera como fundamento de la justicia.
Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la Justicia, argumentó sin prueba y evidencia científica alguna, que los 43 normalistas fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula y entregados al Grupo criminal “Guerreros Unidos” quienes secuestraron a los normalistas, los torturaron, mataron e incineraron en un basurero a la salida de Iguala.
Adujo que del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Angeles Pineda, cuya familia está vinculada a ese cártel del narcotráfico, fueron los actores intelectuales de ese operativo.
Primero se dijo que Abarca giró la orden a los policías municipales de detener a como diera lugar a los normalistas, pues temía que irrumpieran el informe del DIF que daría su esposa ese día.
Después corrió la versión de que uno de los cinco camiones en los que se trasladaron los normalistas llevaba una carga de heroína negra y que por esa razón los habían confundido como sicarios de un grupo adverso y habían baleado a 7 de ellos y asesinado e incinerado a los 43 sobrevivientes.
Nunca explicó el porqué las autoridades del gobierno del Estado y los soldados de la plaza, no obstante que tuvieron información de lo que estaba ocurriendo, nunca hicieron nada para frenar las agresiones a los normalistas, ni trasladarse al sitio de los hechos para iniciar las indagaciones.
El Ejército, por su parte, fue a revisar a los heridos que se resguardaron en una clínica, pero tampoco hizo nada, por una razón muy simple: los jefes o directores de las policías municipales de Iguala y Cocula, eran militares.
El gobierno federal tardó 10 días para atraer el caso, lo que permitió a los que secuestraron a los normalistas el tiempo suficiente para desaparecerlos.
Ante la presión social y el escándalo nacional e internacional, la PGR consignó a 168 personas por delincuencia organizada, detuvo a 130 policías municipales de Iguala y Cocula y realizó mil 651 actuaciones policiales y 850 acciones de búsqueda.
No obstante lo anterior, ni el ex alcalde y su esposa, ni policías e integrantes de grupos del crimen organizado han sido sentenciados.
¿Eso es justicia? Por supuesto que no.
La “verdad histórica” inventada por la PGR, a contrapelo de la pruebas periciales del Equipo Argentino de Antropología Forense y de expertos de la UNAM, que demostraron que no había evidencia científica alguna que le dé sustento, no tiene otro propósito que el de evadir su responsabilidad y proteger a los culpables de la desaparición de los normalistas.
Esperamos que los compromisos asumidos por AMLO se cumplan y se logre llegar a la verdad jurídica y se aplique la justicia tanto a los culpables de su desaparición forzada, así como también a las autoridades de los tres niveles de gobierno cuya irresponsabilidad, negligencia y complicidad debe ser penalizada.