Por Guillermo Fabela Quiñones
El asedio contra el gobierno de Nicolás Maduro subió al clímax al autoproclamarse Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, “presidente encargado de la república bolivariana”. Es preciso señalar que no obstante la incapacidad del sucesor de Hugo Chávez para superar la crisis permanente que ha sufrido Venezuela desde la muerte del caudillo, nadie que no sea el pueblo de la nación andina tiene el derecho de decidir el rumbo de su destino como nación soberana.
Bajo esta perspectiva, es correcta la posición del gobierno mexicano de no apoyar lo que en estricto derecho es un golpe de Estado. Quienes han criticado que México no actúe con firmeza en apoyo a la consumación de un acto ilegal, lo hacen con una finalidad ideológica y política que da la pauta para que América Latina retroceda a los años en que Washington imponía sus intereses contraviniendo el derecho internacional, con el beneplácito de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La OEA se ganó a pulso el sobrenombre de “ministerio de colonias de Estados Unidos”, merced a su servilismo y ausencia de ética política. Ahora, con Donald Trump en la Casa Blanca, se revivió este cadáver insepulto con el visto bueno de gobiernos gangrenados por la corrupción. Es preciso señalar este punto porque es el factor decisivo para que los procesos sociales de América Latina puedan salir del círculo vicioso del subdesarrollo y sus consecuencias.
De ahí la trascendencia del combate a fondo que está llevando a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es el antídoto que lo podrá salvar, llegado el momento, del acecho de las fuerzas ultraconservadoras criollas y de carácter global. Es preciso advertir que los mandatarios de centro izquierda que alcanzaron el poder por medio del voto, lo perdieron bajo el asedio de los organismos antidemocráticos, porque no enfocaron su esfuerzo progresista en la lucha contra la corrupción.
Fue el caso de los esposos Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, y el más notable y costoso para los pueblos latinoamericanos, de Luis Inacio Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff. La derecha encontró que la manera de atacarlos era tildarlos de “corruptos”, mediante costosísima propaganda que logró su objetivo merced a que no hubo en sus respectivos gobiernos un ataque frontal al flagelo. Amplias capas de la población, sobre todo las clases medias, estaban prejuiciadas por las campañas mediáticas y retiraron su apoyo a los mandatarios.
Esto es lo que no debe suceder en nuestro país, pues se le dejaría un flanco a la derecha que utilizaría con toda su potencialidad para debilitar al gobierno de López Obrador. De ahí el imperativo de que no dé margen a que se le ataque por fallas en su estrategia principal, como es el caso en este momento con la contratación en Pemex de tres personas que tuvieron participación en la que se conoció como “estafa maestra”.
No puede dudarse que quien los contrató sabía de esta situación; o si no estaba enterado resulta un pecado mayor. Es preciso dejar bien claro cómo lograron colarse en Pemex con tales antecedentes. El director de la empresa, Octavio Romero Oropeza, debe explicar de modo insospechado esta grave anomalía.
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