La proximidad de 3 fechas relevantes (1 de diciembre de 2018, 1 y 10 de enero de 2019) en lugares estratégicos (México, Brasil y Venezuela, respectivamente) del hemisferio occidental –América, para mayores señas– afecta el alineamiento de fuerzas sociales y proyectos ideológicos para sus pueblos, con repercusiones internacionales. Mal que pese a los socios del crimen del Nuevo Aeropuerto de la Cd. de México, la diplomacia nacional toma distancia de las genuflexiones ante Washington y empieza a revisar los intereses nacionales antes de primar los ajenos. Atrás quedó la sumisión anticipada con ilusiones de siervo para congraciarse con el poderoso sin obtener nada concreto a cambio. Esa indecorosa era cortesana con el improvisado canciller Luis Videgaray Caso ha entrado al terreno de lo anecdótico. La reciente reunión en Quito ha sido elocuente al respecto. La representación mexicana, confiada al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Sría. de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, dejó muy claro que el nuevo gobierno “en fiel seguimiento a sus principios constitucionales de política exterior –autodeterminación de los pueblos y no intervención–, se abstendrá de emitir cualquier tipo de pronunciamiento respecto de la legitimidad del gobierno venezolano”.
Así ese ‘lobby’ al servicio de la Casa Blanca formado por la OEA y operado con la fachada del ‘Grupo de Lima’ (donde el Canadá del exhibido moralino Justin Trudeau –quien nunca aclaró su opaco lucro en el negociazo de evasión fiscal aprovechando los paraísos fiscales que denunciaran los Panama paper’s– y ahora hasta los Estados Unidos de ese evasor fiscal que es Donald Trump quien debe el cargo a la injerencia rusa en las elecciones de su país, quieren dictar a Latinoamérica lecciones de “limpieza” con pretexto de la “cláusula democrática”) queda evidenciado en su feroz injerencismo respecto al caso de Venezuela.
A nadie se le oculta detrás de la máscara los intereses que las mineras canadienses tienen allí en la mina de oro más grande del mundo, ni la voracidad estadounidense por el petróleo de la República Bolivariana de Venezuela, el mayor exportador de crudo del continente. Tampoco que los cambios de signo ideológico en los gobiernos en México y Brasil operan en sentidos opuestos al calendario estadounidense en la región sur de América Latina. Bien es cierto que el ascenso al poder de la derecha más recalcitrante en Brasil por su personero Jair Messias Bolsonaro –que se suma a la infame oleada de Argentina (Mauricio Macri) y Colombia (Iván Duque, quien hasta se ha inventado una conspiración para asesinarlo buscando atribuirla a Caracas en preparación del terreno para un rompimiento diplomático y eventualmente de hostilidades, a fin de servir de base a las tropas norteamericanas para su intervención)–, parece dispuesta a todo. Pero no será con la complicidad de México. Sin matizar siquiera su acedo ideario el vociferante Bolsonaro pontifica sobre elecciones limpias como si no se supiese que debe su victoria a unas elecciones regenteadas por un régimen espurio de la oligarquía que destituyó a Dilma Rousseff con acusaciones de corrupción no probadas, siendo al propio tiempo ese mismo señalado por iguales cargos y con mayor evidencia, y sólo con la abierta complicidad de un Poder Judicial despreciable que hizo todo para evitar que Luis Ignacio ‘Lula’ Da Silva estuviera en las papeletas. Maduro podrá no ser el epítome de las simpatías –en gran medida, por otra parte, a la mala propaganda descalificatoria vertida contra él desde los medios al servicio de la oligarquía–, pero es a los venezolanos y a nadie más a quienes corresponde poner y quitar gobiernos y gobernantes, conservar o cambiar de regímenes.
Aparte de una desvergüenza, resulta insólito el llamamiento formulado por “Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía”, 12 de los 13 integrantes del Grupo de Lima, al que se suma Estados Unidos para pedir a Nicolás Maduro que no tome posesión de la presidencia porque lo consideran “ilegitimo” y entregue el cargo a una preterida Asamblea Nacional. Uno comprende, desde luego, que “Venezuela expresa su perplejidad ante la extravagante decisión de un grupo de países subordinado a los Estados Unidos, quienes alientan un golpe de Estado en el país”. Por su lado Jorge Arreaza, ministro de Exteriores venezolano, rechazó la “profunda preocupación del Grupo por la interceptación realizada (diciembre 22 de 2018) de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana” por tratarse de “una controversia territorial de exclusivo alcance bilateral”, entre su país y Guyana, a menos que se busque fabricar un pretexto para atacar a Venezuela fingiendo proteger a su vecino. Y ante las amenazas del grupo de aislar al gobierno de Caracas y boicotearlo económicamente, ha expresado: “Venezuela sabrá responder, a la luz del principio de la reciprocidad, a las acciones que individualmente decida tomar cada gobierno en la proporción correspondiente y en el terreno que cada uno escoja”.