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Opinión

Democracia en Crisis

Alberto Híjar Serrano

Cuando parecía revivir la democracia burguesa con elecciones limpias, atención directa a los electores, toma de posesión festiva, medidas inmediatas contra privilegios y corrupción de funcionarios, consultas sobre seguridad y megaproyectos, la digna rabia acumulada por siglos de explotación y despojo irrumpe con la descalificación del nuevo gobierno aprovechada por la burguesía ignorante y fanática. La mentada de madre, la calificación de mentiroso al presidente, desató no sólo una campaña de insultos y de acreditación de rumores que se creían superados por inverosímiles como el patrocinio de Salinas al EZLN o al auto de lujo de su dirigente histórico. A la par, el desabasto de gasolinas como efecto del cierre de tuberías para impedir el robo y descubrir complicidades, crea un ambiente golpista no sólo en los seis estados afectados sino en los enclaves burgueses de las grandes ciudades donde el uso del automóvil es parte de la vida cotidiana. No ocurre lo mismo en los caseríos mal comunicados y con transporte público sin más control que el arbitrio del dueño de la camioneta de redilas. Desarrollo desigual y combinado llaman los estudiosos de las relaciones de producción a esta dialéctica entre el poder centralizado en las grandes urbes y el de comunidades acostumbradas a las carencias de todo.

El EZLN es consecuente: hace 25 años, declaró la guerra al Estado, aceptó negociaciones y fue traicionado mientras crecía la solidaridad internacionalista mundial entre ataques militares y paramilitares tan graves como el de Acteal, explicado por escritores sicarios, Hirales y Aguilar Camín, como enfrentamiento entre comunidades. El gobierno ha procurado hacer esto efectivo, además del accionar de paramilitares priístas, para enfrentar a Polhó y Chalchihuitán con el consiguiente desplazamiento forzado y los asesinatos frecuentes. Tiene razón histórica el EZLN. Su prueba de poder disciplinado con los contingentes marchando uniformados es señal que sustenta la voz del CCRI y los dirigentes que no necesitan ostentar armas para darse a entender. Eso es cosa de ejércitos adiestrados para matar. El EPR ha manifestado también su repudio al gobierno en su periódico El Insurgente. Queda claro que uno es el uso de la violencia de Estado como recurso extremo de su poder en crisis y otra cosa es la disciplina militar como prueba de poder comunitario organizado, creciente y concretado con el principio de “mandar obedeciendo”.

La autodefensa como derecho histórico es organizada por la asamblea comunitaria y sus estructuras de poder no sólo en los municipios autónomos, las Juntas de Buen Gobierno integradas a los Caracoles, sino por la lección aprendida por Cherán, Ostula y la CRAC-PC de Guerrero. Otra cosa son las autodefensas organizadas por la burguesía agraria encabezada por Juan Manuel Mireles cuya autonomía lo llevó a un cruel encarcelamiento por oponerse al manejo perverso del comisionado de Estado en Michoacán, Alfredo Castillo, que armó grupos de autodefensa, negoció con el crimen organizado y dio lugar a presos políticos y asesinatos de opositores. Ha desaparecido de la función del gobierno luego de la jefatura del deporte nacional, gracias a su ostentosa amistad con Peña Nieto.

La exclusividad de la violencia sustentada por el Estado pretende ser rota por Mireles al ofrecer acabar con el EZLN con 28,000 efectivos bien armados que no obedecen asamblea alguna. De aquí la reproducción armada del Estado represivo con colaboradores bajo control. Las policías comunitarias controladas por las asambleas ejercen la justicia de manera independiente de la legalidad del Estado y construyen poder popular acogiéndose a leyes sobre usos y costumbres y a disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo. Sin exhibiciones disciplinarias ni acopio de solidaridades, el EPR mantiene, en cambio, su posición de organización político-militar.

Los comunistas sin partido, por su parte, plantean a cambio de los pueblos originarios como vanguardia económico-política, al proletariado según la vieja consigna contradicha por las relaciones de producción investigadas por Toni Negri y Michael Hardt. Está claro que la ausencia de movimiento obrero y campesino, de internacionalismo proletario anticapitalista, obliga a disputar la construcción de la conciencia de clase de los treinta millones de votantes por MORENA. La ausencia de partidos políticos de vanguardia, les exige construir un proyecto económico-político con estructuras que podría no llamarse partido pero que no se quedan en movimiento para que pase lo ocurrido en España, en Grecia, en el Norte de Africa, donde el respeto al Estado burgués significa el extravío en el parlamentarismo y la multitud siempre antojadiza, aunque con voluntad latente contra el capitalismo concretado en Estados corruptos. Es difícil pero no imposible organizarse para el largo plazo con la formación de cuadros teórico-prácticos que lo garanticen.

La ausencia política del proletariado obliga a considerar la presencia de lo que Adrián Sotelo llama el precariado, integrado por migrantes, desempleados, trabajadores despojados de sus derechos laborales y agredidos por el guerrerismo imperialista. Carentes de conciencia de clase, concretan el escándalo de los migrantes que sólo imploran a los Estados condiciones mínimas de supervivencia. La necesidad de alentar la articulación de comunidades en lucha es distinta a suponer como recurso anticapitalista supremo su dispersión, su aislamiento y sus carencias industriales.

Disputar el territorio al gobierno asociado con los grandes consorcios transnacionales y construir las comisiones necesarias para la salud pública plena es una lucha que exige conciencia comunitaria, vigilancia y seguridad organizada en las asambleas, rendición constante de cuentas, destitución de los traidores e irresponsables, en fin, conciencia de clase para el poder económico-político con dimensión nacional opuesta a la aceptación del paternalismo de Estado.

La superación de los dimes y diretes de la ignorancia ciudadana de la burguesía urbana requiere conciencia de clase para el largo plazo de la lucha que cunde por todo el país.

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