Michael Vázquez Montes de OcaEconomía Popular
La República del Perú actualmente enfrenta una lucha por el poder, tras decenios marcados por la descomposición gubernamental, el desgaste político y una diferencia entre las mayorías empobrecidas y los que amparados en métodos de política hacen fortuna.
El pasado 30 de septiembre, el Presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Parlamento, al vislumbrar que el mismo buscaba poner magistrados afines en el Tribunal, sustituyendo a seis de los siete integrantes; varios de los cuales habrían recibido dinero por parte de la constructora brasileña Odebrecht y la maniobra se encaminaba a controlarlo.
Pese a no tener los votos reglamentarios y formalmente no existir, como reacción fue suspendido en el cargo por los partidarios de Keiko Fujimori (procesada por corrupción), sus aliados y el respaldo del gremio empresarial CONFIEP, que esperan que un tribunal deje sin efecto la prisión preventiva; nombrando como presidenta encargada a Mercedes Aráoz, ex ministra de Alan García y amiga del Pedro Pablo Kuchinsky, requiriendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que intervenga y Almagro le dé la razón.
La revuelta más reciente en el Congreso, las acusaciones mutuas y su interrupción, tiene como antecedentes más cercanos a que todos los ex presidentes vivos estén presos, prófugos o en proceso de investigación.
La ciudadanía y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas están con el gobernante, que también optó por mantener la política neoliberal, confrontando a los sectores populares, pero el fujimorismo y sus socios enturbian el panorama, pues saben que está en juego la continuidad del patrón económico y que su “república empresarial” puede colapsar acabando con sus privilegios.
Vizcarra tomó juramento a su nuevo gabinete de ministros y Mercedes Aráoz divulgó su renuncia a la vicepresidencia, argumentando que «se ha roto el orden constitucional, espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país». Antes de producirse esta decisión, advirtió que la delicada situación que se atraviesa puede derivar en un golpe de Estado.
Tras la noticia de disolución, casi un millón de peruanos salieron a las calles para festejar la decisión; la izquierda y agrupaciones representativas exigen sufragios con reglas diferentes y sustituir la caduca Constitución impuesta en 1993.
Perú está ubicado al oeste de América del Sur, limita con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, con una población de más de 32 millones de habitantes (53.11% económicamente activa) y una renta per cápita por encima de los 12 mil dólares.
Su dependencia de la exportación de metales y minerales y la importación de alimentos hace que sea muy dependiente de la fluctuación de los precios. Con una sólida historia y trayectoria, la explotación gasífera y la minería tienen el mayor potencial de inversiones, con el liderazgo latinoamericano como el más grande productor de oro, zinc, plomo y estaño, segundo de plata y cobre de la región.
La agricultura ha sido tradicional: segundo productor mundial de espárragos, séptimo de maíz, cuarto de alcachofas, sexto de café y significativo en otros como la papa, arroz, camote, trigo, quinua, café, frutas y verduras y más reciente es la explotación de los recursos forestales. Es el primer productor universal de lana de alpaca y los recursos marinos son vitales para su economía, ocupando la anchoveta igual nivel.
Cuenta con una gran riqueza de recursos vegetales (inmensa variedad debido a su rica biodiversidad), animales (ganadería, pesquería) y mineros (polimetálico), que aportan el 62.1% de las exportaciones. Produce y exporta carrocerías para buses, grupos electrógenos, equipos de bombeo, tuberías, herramientas y diferentes productos metalmecánicos, químicos, plásticos y textiles (el más importante exportador de algodón en América Latina), papel, cuero, agro-industriales y alimenticios; sus principales socios comerciales son Estados Unidos, China, Brasil y Chile y el turismo es la tercera industria; sus reservas internacionales alcanzaban los 63 mil millones de dólares en el 2017.
Chile ambicionaba apoderarse de los territorios salitreros y guaneros del sur del Perú y le declaró la llamada Guerra del Pacífico en 1879 y tras la conclusión de ella, se inició la fase de «Reconstrucción Nacional» de relativa calma, pero sin reactivación económica ni paz política, hasta que se materializó una pluto-aristocrática con clases alta y media que vivían al auspicio de los grandes capitales estadounidenses y un pueblo con carencias, que reclamaba las malas condiciones laborales, principalmente. Esta época concluyó en 1930, comenzando un ciclo de gobiernos militares y de movimientos populares.
Durante los años 1960 la crisis se hizo patente y en 1968 se produce el derrocamiento de Fernando Belaúnde Terry y asume el general Juan Velasco Alvarado, con un mensaje antiimperialista, especialmente anti-estadounidense, y anti oligarca. Se instauró un régimen de corte estatista que impulsó profundas reformas de diversos resultados y pese a ello se produjo el descalabro económico hacia fines del período de los setenta y se llamó a elecciones.
Durante la década de 1980, enfrentó fuertes dificultades, debido al descontrol del gasto fiscal, una considerable deuda externa y creciente inflación, junto con un conflicto armado interno que provocó la muerte de cerca de 70 mil personas.
Reñidamente y frente al escritor liberal Mario Vargas Llosa, en 1990 ganó la presidencia Alberto Fujimori, quien desde el inicio encontró oposición e implementó reformas neoliberales, alineándose al Consenso de Washington. Le siguieron Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y en el 2016 Pedro Pablo Kuczysnki venció con muy ajustado margen y el fujimorismo ganó abrumadoramente el Congreso (más de 80 de los 130 escaños), que lo forzó a dimitir en el 2018 por involucramiento con Odebrecht, asumiendo el vice Martín Vizcarra.
Muchos no saben quién gobierna y las causas que hacen tambalear el sistema político; se ha puesto punto final al dominio de las corrompidas agrupaciones Fuerza Popular y APRA de los ex presidentes Alberto Fujimori y Alan García, que hicieron posible la barbarie de que un partido que alcanzó el 26% de sufragios tuviera más del 50% de la representación y la usaran para intentar copar organismos y al propio gobierno.
Se ha asestado un golpe mortal a esas cofradías y un triunfo el llamado a comicios, se abre un curso democrático, pero sólo con movilización y organización se podrá derrotar a la coalición reaccionaria; el respaldo de la calle y de las fuerzas armadas y policiales le dan un aire para continuar, pues sigue siendo el gran “ganador” de la jornada, pero si no hay elecciones parlamentarias dentro de cuatro meses, la estructura disuelta debería retomar funciones, haciendo peligrar su gobernabilidad.
Esa fisura debería ser la oportunidad para replantear todo, promover una nueva lectura legislativa, repensar el modelo económico y apostar por el cambio que el neoliberalismo no deja pasar. El trance se veía venir, debía tener un límite la voluntad de la mafia por mantener los resortes del poder.
Es un paso indispensable en la lucha contra una pandilla envilecida que hoy cuenta apenas con el respaldo de la CONFIEP –el gremio empresarial más vigoroso del país, empresarios agrupados y puestos al servicio de sus intereses– pero no es la solución a los graves problemas que sólo podrán encararse cuando se sea capaz de transformar la estructura de dominación.
Tres retos están planteados: la vigencia de la Constitución de la dictadura impuesta por el fraude y las armas; la adhesión incondicional al neoliberalismo y el seguimiento a los dictados de Washington que presuponen la renuncia a la independencia y soberanía (el más fiel de los hijos de la desprestigiada OEA y de otras instituciones que se empeñan en difamar los procesos de Venezuela y otros países).
La mafia no está dispuesta a darse por vencida, buscará recuperar las posiciones perdidas y anhelará vengarse de quienes la derrotaron. El bloque neoliberal se resquebraja por diferencias abiertamente manifestadas dentro de los grupos que lo componen; la derecha contó con el apoyo entusiasta de la CONFIEP, pero el movimiento social acompaña las acciones de Vizcarra y la declaración de los gobernadores y jefes militares, parece indicar que están de su lado y que lo otro se irá diluyendo.
Por tanto, la victoria que se ha obtenido tiene gran dimensión y abre un momento político; se ha impedido que la caterva de inmundos continúe cubriéndose con un manto de libertinaje y se ha desmontado un proyecto obcecado y autoritario. Hay que pasar al emplazamiento, exigir que se vaya hasta el final en la lucha, que no haya impunidad, que se meta en la cárcel a los responsables de esos delitos, que sean expropiados sus bienes y una agenda con temas como el trabajo, salud, vivienda, desarrollo de los pueblos del interior, etc.; la administración no puede dejar de mirar los problemas y tiene que expresarse en puntos claves, como es la recuperación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales y energéticos y la necesidad de una Asamblea Constituyente.
Hay que aprovechar las contradicciones para arrinconar al sector más perverso que refleja la corrupción y el movimiento social, que ha dado dura pelea, no deja de ser un factor determinante, por eso es fundamental que siga activo para asegurar una salida y abrir camino para las grandes transformaciones.
Se necesita combatir para recuperar los patrimonios básicos en manos extranjeras, asegurar una economía que proteja a los más necesitados, garantizar un verdadero estado democrático y practicar una política exterior independiente y soberana, de amistad y de solidaridad con los pueblos del continente. Finalmente, se superará la crisis y será capaz de forjar su propio derrotero.