Alejandro Solalinde
¡Santo Dios!
A propósito de la detención de Genaro García Luna y de toda la cloaca que se destapó sobre el asunto de la inseguridad en el país muchos, necesariamente, nos hacemos preguntas, cuyas respuestas nos conducen a comprender la situación tan compleja que venimos arrastrando desde hace décadas. ¿En manos de quién estábamos? Millones de mexicanos acostumbrados a delegar ciegamente la responsabilidad del país a políticos que, si no honestos, por lo menos creíamos capaces de no empeorar nuestra situación. ¡Qué chasco! Nosotros, ilusos, ¡creyendo que nos estaban cuidando! Nos decían que estaban gastando mucho dinero en nuestra seguridad, que la ciudadanía lo valía, que era urgente equipar, modernizar a corporaciones policíacas y subir el sueldo a las Fuerzas Armadas. Veíamos en Televisa y TV Azteca a los presidentes de la República en su calidad de comandantes supremos de las Fuerzas Armadas yendo y viniendo en el combate al crimen organizado. Más de una vez los vimos en anuncios espectaculares, especialmente a Felipe Calderón, ¡ahí estaba con su uniforme militar, aunque le quedara grande, sobre todo la gorra! Ahí andaba guerreando contra el crimen organizado, exponiendo su existencia, con tal de asegurar la vida y la paz de la asolada ciudadanía. Con Peña Nieto fue igual.
Hasta que nos fuimos enterando que no sólo no nos cuidaban, sino que estaban haciendo el gran negocio a costa de nuestra inseguridad. Y lo hacían por partida triple: Se robaban el presupuesto de seguridad, más grande en cada sexenio. Al no brindar seguridad, obligaban a pagar por ella y volvían a ganar cantidades millonarias a través de sus empresas de seguridad privada. El CUSAEM, empresa de seguridad privada de priístas mexiquenses, es un claro caso de lo que expongo: Peña Nieto se lo llevó del Estado de México al nivel federal; ¡se sirvió con la cuchara grande! Porque lo puso en todas las dependencias y les pagó con dinero del erario.
Otra manera de cómo lucraban muchos policías era secuestrando a la gente que tenía que pagar por su propia libertad y, en muchas ocasiones, hasta por su vida. Desde el gobierno de Calderón todos nos volvimos secuestrables. El secuestro es la forma más cobarde y destructiva de obtener dinero ilícito. Dañan para siempre a las víctimas y a sus familias. Después de un plagio nadie vuelve a ser igual.
Finalmente, la ganancia mayor estaba en los millones de dólares que les pagaba regularmente el crimen organizado para que los gobiernos prianistas los dejara trabajar libremente. Era el crimen organizado y el crimen autorizado.
¡Jamás el pueblo de México estuvo tan expuesto como en los gobiernos del PRIAN, entre 2000 y 2018! El juego era así: dejaban crecer la inseguridad mientras vendían la protección, a quien pudiera pagarla, a través de empresas privadas encabezadas principalmente por militares o policías retirados que, a su vez, reclutaban todo tipo de personas, no pocas veces de la misma delincuencia. La información hemerográfica da cuenta de que casi siempre detrás de los secuestros estaban policías, que salían en los diarios, pero no los detenían, y si lo hacían, los soltaban luego.
Decenas de miles de policías federales tenían muy mala fama, casi siempre estaban involucrado en actos delictivos. Mi experiencia con ellos fue terrible. Yo puedo testificar cómo se coordinaron la Secretaría Federal de Seguridad, a cargo del súper policía de Calderón, Genaro García Luna, con su brazo derecho Monte Alejandro Rubido, el gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, para las extorsiones, secuestros, desapariciones, asesinatos, casos de trata, de miles de migrantes.
Yo mismo entregué testimonios de personas secuestradas y hasta testimonios de operadores de Los Zetas, quienes señalaban directamente a algunas de las autoridades que mencioné. Uno de ellos que le costó la vida hablar, fue Juan Carlos, quien explicó ante un funcionario de Gobernación que un tal comandante “Jimy”, de la Policía Federal, se estaba coordinando con Fidel Herrera, que obviamente Genaro García Luna estaba en la jugada. Yo personalmente entregué el audio de esa revelación al Quinto Visitador de la CNDH, al titular del CISEN, el 15 de junio de 2009, el mismo día en que se hizo público precisamente el Primer Informe sobre Secuestros de Migrantes: ¡9,758 migrantes secuestrados en 6 meses, con una ganancia de 25 millones de dólares! De inmediato el gobierno de Calderón cuestionó el informe, por medio de la oficina de la Presidencia, objetó el número de personas plagiadas, sí aceptaba que habían sido unas 6 mil, pero no 10 mil como decían.
Al año siguiente continuaron los secuestros, 11,333, correspondientes al un semestre de 2010. Cabe mencionar que la mayor parte de estos crímenes se cometieron en Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, principalmente. Al año siguiente, aunque en menor cantidad, siguieron secuestrando migrantes. En 2011 denuncié más secuestros perpetrados en Medias Aguas, Veracruz. A pesar de contar con víctimas, Gobernación lo negó y me exigió que yo probara mi dicho. Yo, a mi vez, reté al gobierno a que me demostrara dónde estaban cerca de 130 migrantes que se habían registrado con fotografía en el albergue Hermanos en el Camino; teníamos los datos encriptados de sus familiares, tanto de origen como de posible destino en EU. ¡En 2 meses, sólo logró dar con el paradero de 7 migrantes! De los demás nunca supimos.
Como sabíamos cómo se las gastaban con el gobierno de Calderón y su Policía Federal, antes de dar parte filmábamos en nuestra oficina los testimonios de los migrantes, víctimas, luego los llevábamos con la periodista Martha Izquierdo; ella los entrevistaba y filmaba. Saliendo de ahí, los llevábamos a oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de la licenciada Elizabeth Lara Rodríguez para que les tomara una queja, toda vez que presumíamos la intervención constante de autoridades de diversos niveles de gobierno. A pesar de contar con este material, el gobierno de Felipe Calderón siempre negó todo.
En ese mismo año, mi equipo de Hermanos en el Camino armamos estrategias de protección y monitoreo para grupos de migrantes. Recuerdo uno de 65, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Ellos habían logrado llegar hasta el albergue, en tren, sin que los asaltaran. Se organizaron, se protegieron, no dejaron que nadie se subiera a su vagón; cuidaron las 4 esquinas. Venían familias y la mayor parte eran jóvenes varones.
Los felicité y nos pusimos de acuerdo para irlos monitoreando; se aprendieron de memoria mi número telefónico y el del albergue. Al principio todo iba bien, pero en Tierra Blanca perdimos contacto y no volví a tener noticia de ninguno de ellos. Poco a poco nos fuimos enterando que Los Zetas estaban utilizando una técnica masiva de destrucción extrema para desaparecer a los migrantes que no podían pagar el secuestro: los torturaban frente a familiares y connacionales, los mataban, descuartizaban, calcinaban en tambos de 200 litros y, finalmente para no dejar ni rastro, repartían los restos en diferentes bolsas de plástico y tirarlas en diversas fosas, de tal forma que era casi imposible encontrar los restos de una persona en una sola bolsa y un solo lugar. Esta técnica diabólica, hasta donde supimos por nuestros informantes, fue iniciada por un poderoso operador de Los Zetas, llamado “El Borrego”, quien operaba entre Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
Al principio echaban los cuerpos de migrantes secuestrados a lagunas, pozos, cuevas, barrancas, fosas clandestinas, fosas comunes como en Coatzacoalcos, Veracruz, siempre con la complicidad del ministerio público y otros funcionarios. Varias organizaciones fuimos sumando caso por caso de personas y grupos desaparecidos. Para 2012 ya sumaban más de 8 mil. En más de una ocasión familiares de algunos de ellos nos pedían que los buscáramos. Efectivamente lo hicimos en nuestras redes, sin embargo, rara vez los localizamos. Algunos familiares preguntaban por ellos, después de uno o dos años. Los cuestionamos porqué hasta hoy los buscaban. Nos respondían que ellos creían que sus familiares no se comunicaban por estar trabajando ya en EU.
Pienso en tantas ocasiones en que campesinos del Istmo de Tehuantepec hallaron cuerpos de migrantes asesinados por los operadores de Los Zetas; por miedo a que los involucraran, les dieron cristiana sepultura sin dar parte a nadie. Y es que, aquí en esta región istmeña, vivimos una gran descomposición durante la gubernatura de Ulises Ruiz Ortiz: detenían a inocentes para convertirlos en chivos expiatorios. La infiltración de la delincuencia con funcionarios públicos era común. Un caso emblemático, fue el de la titular del ministerio público de Juchitán, la Lic. Zulma, ante quien levantamos cientos de demandas por delitos contra migrantes, en los que participaban policías judiciales. ¡Esta señora era la amante del principal secuestrador, el comandante de la corporación! Por eso, de cientos de denuncias, ¡no prosperó ninguna! Muchas ocasiones recibimos amenazas de ellos.
El 16 de diciembre de 2010, Hermanos en el Camino registró un nuevo secuestro de cerca de 50 migrantes, en Chahuites, Oaxaca. Mi equipo, coordinado por José Alberto Donis Rodríguez y yo, veníamos observando cómo se fue integrando en Ixtepec, pequeña ciudad del Istmo de Tehuantepec, una gran banda de secuestradores para migrantes. Desde 2007 que fue el último secuestro masivo de migrantes en esta población, no habíamos tenido otro. En aquella ocasión, les calentamos la plaza a través de la prensa y se retiraron momentáneamente a Veracruz. Ahora, entre agosto y septiembre de 2010 fueron llegando pandilleros de la Mara 13 Salvatrucha, casi todos del Salvador; su jefe era uno llamado La Calaca, quien entró a nuestro albergue, golpeó y amenazó de muerte al coordinador Beto Donis. Poco después, hicieron su arribo gente de Los Zetas, quienes completaron el grupo delictivo con policías municipales, judiciales y estatales, de entre los que señalaron a un comandante apellidado Peña. Por supuesto que no podían faltar agentes de migración y algunos elementos del ejército. Todos estaban en la jugada. Cuando estrenaron su banda en Chahuites, nosotros ya teníamos la información que, de un momento al otro, empezarían a secuestrar centroamericanos. Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, quien había ido de la mano con el secretario de Seguridad Genaro García Luna y de quien declaraba en los medios que el secretario era una maravilla, advirtió que, si el padre Solalinde no interponía demanda por el secuestro de migrantes, la PGR no podría actuar. Poner en ese momento una demanda penal contra Los Zetas, significaba firmar una sentencia de muerte. Sin embargo, no puse una, sino cuatro. Un operador de esta agrupación criminal, ingresó al albergue, así como un sicario de la familia Terán de Juchitán. Debido a la gran cobertura mediática se inició, de inmediato, un simulacro de investigación por parte de la SIEDO. Nunca se llegó a nada, pero al menos, se desmembró la banda, no se volvió a ver a los mareros, Los Zetas se retiraron de momento a Veracruz, los policías y agentes federales, se diluyeron. Eso dio tiempo para aplicar en mi favor, las medidas cautelares recomendadas anteriormente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una mañana me habló por teléfono Margarita Zavala para proponerme protección, toda vez que el gobierno estaba recibiendo presión internacional para asegurar mi vida. Tan solo de Amnistía Internacional habían recibido cientos de miles de cartas de apoyo. Me sugirió aceptar la protección de la Policía Federal. Le agradecí, pero de ninguna manera acepté, porque yo bien sabía todo lo que estaba haciendo esa corporación y el mismo ingeniero García Luna, a quien busqué la semana siguiente en su búnker de Av. Constituyentes, donde le exigí que parara los secuestros de migrantes.
El nuevo gobierno de Oaxaca me puso protección durante un año; al siguiente la cambié por cuatro agentes de seguridad personal de la PGR. Desde entonces vivo acompañado por ellos.
Ante la detención de García Luna, se demuestra lo que, desde aquellos años, sabíamos: la colusión del gobierno de Calderón con el crimen organizado. Yo pregunto ¿Quién va a responder por las miles y miles de víctimas migrantes que sufrieron la colusión letal del crimen organizado y el crimen autorizado? ¿Quién rendirá cuentas por este holocausto migrante? ¿Quién reparará tanto daño a las familias migrantes?
¿De qué delito podemos acusar a estos gobiernos prianistas que nos engañaron haciéndonos creer que nos cuidaban, cuando lo que hacían era lucrar con nuestra vida? ¿Qué crimen se configura al haber expuesto al pueblo de México a la inseguridad total? ¿Quién de ellos responderá por tanto daño a tantas familias mexicanas enlutadas, empobrecidas, destruidas? ¿Quién repondrá los límites de violencia que se rompieron en este período de una guerra tan estúpida, como simulada? Y todavía, algunos de ellos se atreven a organizar marchas de protesta porque en un año no se ha logrado la seguridad ciudadana
¿Qué se pretendía con este fraude de la seguridad de los tres últimos gobiernos? Pues nada más, ni nada menos que: sembrar el terror para el control social, generar la idea que México no servía; había que venderlo y mejor anexarnos a EU. Sí, el país estaba en punto de venta.
En 2006, al concluir Fox, se contaba con 11,989 policías federales, “al servicio de la ciudadanía”.
Con Calderón se triplicó el número, 36,940 elementos, para iniciar la “estratégica guerra contra el narco”, la cual dejó un saldo de 640 policías caídos y 121,000 muertes violentas de la población civil, por “daños colaterales”, el montaje más costoso de la historia nacional. Aparte están las 26 personas desaparecidas, ¡denunciadas! Nadie sabe el número de las no denunciadas.
Durante el gobierno de Peña Nieto, el número de policías federales sólo se aumentó en 391, mientras que había crecido la población nacional.
Este último sexenio aprovecha la enorme falta de seguridad en todo el país para favorecer el crecimiento de 181% de sus empresas de seguridad privada, a fin de vendérsela a quien pudiera pagarla. Se privatizó la seguridad interior, que es obligación del Estado. Al término de su gestión, en 2018, cierra con 3,868 empresas de seguridad privada, ¡registradas a nivel federal! Más otras 3,967 a nivel estatal.
501 de las empresas operan de manera irregular, informal. Estas empresas, la mayor parte propiedad de políticos priístas y las más fuertes como el CUSAEM son propiedad de políticos mexiquenses del Grupo Atlacomulco, GENERARON, HASTA 2016, ¡GANANCIAS APROXIMADAS DE 28 MIL MILLONES DE PESOS! ¡Falta sumar 2017 y 2018! ¡A COSTA DE LA INSEGURIDAD DEL PAÍS!
CUSAEM, la empresa de Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México y la mete a nivel federal, fue el segundo cuerpo policíaco más grande del país, con 35 mil elementos, irónicamente con más del doble de agentes adscritos a la SSC del Estado de México, en ese momento, con 16,000 policías.
¿A quién corresponde pedirle cuentas de esta gran estafa con dinero del erario y a costa de la seguridad de millones de mexicanas y mexicanos que dependimos de la seguridad del Estado? ¿Quién responderá, quién?