Uuc-kib Espadas Ancona
Por razones que sólo alcanzo a intuir, las redes sociales generan en muchas personas una percepción de falsa intimidad o de anonimato, que incluso es rechazada racionalmente, pero que, a final de cuentas, prevalece en la increíble sinceridad de las cosas que difunden. Esto puede ser sorprendente, fascinante, irritante, aterrador y hasta repugnante, pero sería difícil negar, en todo caso, que es interesantísimo, y, que de vez en vez, obliga a reflexionar profundamente sobre la forma en que otros y nosotros pensamos con relación a los más diversos temas.
En días pasados, un estudiante de alguna escuela privada se quejaba de tener que hacer el servicio social, argumentando que, en tanto él nunca había estudiado en escuelas públicas, ya había pagado por su educación y no le debía nada ni al gobierno ni a la sociedad. Comentarios de diverso tipo, a favor y en contra de la posición seguían a la publicación, algunos de ellos con reflexiones serenas. Quienes discrepaban del quejoso llamaban su atención sobre un deber genérico hacia la sociedad, vinculado a la necesaria solidaridad mutua en la vida en comunidad. Por mi parte creo que, adicionalmente, en una sociedad drásticamente desigual como la nuestra, cualquiera que obtiene un privilegio legítimo está éticamente obligado a esforzarse por atemperar las desigualdades sociales y económicas. Lo contrario no genera en el mediano y largo plazo otra cosa que tensiones sociales, inseguridad y violencia, como la padecida en la mayor parte de los estados de la República.
Esta obligación, esta necesidad crítica, no se suspende por el hecho de que los privilegios se obtengan de manera justa y legal. En el caso de un grado académico logrado gracias al personal esfuerzo, tratándose éste de un país donde las condiciones económicas impiden a la gran mayoría cursar estudios superiores, es debido reconocer que, con rarísimas excepciones, quien lo obtiene gozaba ya previamente de ventajas competitivas frente a la inmensa mayoría de mexicanos que viven entre la pobreza y la miseria. La obligación social correspondiente a quien así podrá ejercer una profesión sólo en una mínima parte comienza a pagarse con la prestación del servicio social exigido para graduarse. Posteriormente, un régimen fiscal equitativamente redistributivo -muy distante del actual- tendría que servir para que los profesionales, en la medida de su éxito económico, siguieran retribuyendo a una sociedad que los colocó en condiciones ventajosas.
Me parece sin embargo que, además de este débito genérico y difuso de los privilegiados frente a los desprotegidos, hay que recordar que la educación privada, en general, recibe significativos subsidios gubernamentales que facilitan su sostenimiento e, incluso, su rentabilidad.
Sistemáticamente, alguno de los tres niveles de gobierno regala terrenos a particulares para el establecimiento de escuelas que cobrarán colegiaturas, muchas veces elevadas, a sus futuros estudiantes. Independientemente de las becas que obligatoriamente tiene que conceder cada escuela privada, frecuentemente el gobierno cubre total o parcialmente las colegiaturas de números variables de estudiantes. Esto amplía el mercado potencial de las escuelas a sectores que por sí mismos no podrían solventar los pagos en cuestión. Por lo que se refiere al personal, éste suele disponer de instrumentos de formación continua dentro de las instituciones públicas. Esta condición, descarga de los propietarios privados el costo parcial o total de capacitación y actualización de sus trabajadores. Finalmente, al estar insertas en un amplio sistema educativo sostenido fundamentalmente por el gobierno, las escuelas privadas disponen de personal capacitado, demanda comercial amplia y problemas de programación y definición académica resueltos sin comprometer en lo mínimo sus recursos financieros. Gracias a todos estos mecanismos, la educación privada resulta subsidiada, y quienes compran sus servicios gozan de precios significativamente menores que los que resultarían sin la disposición de recursos gubernamentales. Más allá de la deuda social general, hay una específica que permite, con dineros públicos, el sostenimiento de la educación privada.