Alvaro Cepeda Neri
I.- La inseguridad que aumenta por todo el territorio ya no es una herencia de Calderón-Peña. Se trata de un hecho imputable al lópezobradorismo que ahora esgrime su: “serenar” a los delincuentes. Y éstos han tomado la indiferencia lópezobradorista (y del inútil de Durazo), como más vía libre para aumentar los homicidios, factor común de la violencia sangrienta que arrojó durante el primer año del tabasqueño –con sus desgobernadores y los que quedaron del peñismo y el calderonismo–, una tragedia de tal magnitud que los mexicanos están al borde de que estalle una rebelión social para exigirle que deje su impolítica evangelizadora y que, de una vez por todas, ordene enfrentar a los delincuentes con una Guardia Nacional que hoy sólo hace acto de presencia, pues es atacada y apenas se defiende de los sicarios que son quienes imponen la ley del terror a muerte, en todo el país. Y seguirán imponiéndola si no hay una puntual respuesta de policías, marinos, soldados y de esa Guardia Nacional que los enfrenten, para impedir tantos homicidios donde los feminicidios son más de la mitad.
II.- Cientos de mujeres asistieron a la convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, allá en Chiapas, donde mantienen su desobediencia asidos a la Constitución y a la memoria de Zapata, contra un lópezobradorismo empeñado en sus llamados al “pórtense bien... los acusaré con sus abuelos... perdón y olvido”, cuando los hechos reclaman contener inmediatamente esa violencia. Y son los feminicidios los que han puesto de mayor relieve los miles de asesinatos; unos por machismo, pero sobre todo porque las conductas de pandillas y carteles están empeñadas en desplegar esa campaña homicida contra las mujeres. Esas mujeres señalaron que ya no permitirán la violencia gubernamental. Todo homicidio es una afrenta a la paz social. Y matar mujeres es, entre esos asesinatos, una prueba de que existe un machismo gubernamental que permite secuestrarlas y en el último de los casos eliminarlas. Con el agravante de que esa delincuencia tiene de antemano el perdón, como impunidad, para asesinar.
III.- La denuncia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y mujeres representantes de 49 países, no es sólo una denuncia. Es una advertencia a los asesinos y al Gobierno Federal; así como al de los Estados y municipios, de que si no actúan rápidamente para detener semejante violencia, esos mexicanos tendrán que intervenir directamente para imponer la seguridad. Ya tuvo un año el lópezobradorismo para restablecer la máxima seguridad para los mexicanos y evitar a toda costa los feminicidios. Pues el deber y la obligación de los gobernantes es no permitir más homicidios. Ni secuestros. Ni desapariciones. Y dejar de dar números solamente. Allá en Chiapas se escuchó el grito de las mujeres: “Si nos asesinan nada más ponen otro número”. Y no es una queja. Es una exigencia para que los gobiernos cumplan con su obligación política-constitucional de restablecer la paz, la pacificación y la seguridad en todo el territorio.
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