La Fiscalía General de Colombia, en el proceso que adelanta contra Nicolás Petro, parece haber entrado en competencia con la revista Semana para ver cuál logra mayor daño en la imagen presidencial o, peor aún, involucrar al Presidente, como culpable, en la causa penal.
Es difícil pensar que el presidente, que cuando fue Alcalde de Bogotá le pidió a la Fiscalía investigar a su hijo Nicolás porque supo que éste se había reunido con contratistas de la Entidad (se demostró su inocencia), ahora, por hechos más graves, cohoneste con actuaciones delictivas, poniendo en peligro la estabilidad de su presidencia, a la cual llegó como culminación de toda una vida honesta.
La Fiscalía no tiene derecho siquiera a preguntar a Nicolás por el presidente, porque es un funcionario protegido por el fuero presidencial, al igual que los senadores y otros servidores públicos gozan de uno correspondiente. El juez del Presidente, de acuerdo con la Constitución Política, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por muy inútil que esta haya resultado ser en las investigaciones que le han correspondido.
Pero es la ley, y el proceso tiene que adelantarse con todas las garantías y respetando el debido proceso. Pero, tras el proceso penal, como una ominosa sombra, está la animadversión del Fiscal General al Presidente. Parece ignorar que aún en el caso de que hubiera entrado dinero mafioso a la campaña, quien tiene que responder es su gerente, pero el procesado no ha acusado o siquiera insinuado que su padre sabía de sus andanzas.
Nicolás Petro dijo cuando decidió colaborar con el ente acusador en busca de beneficios jurídicos: “Quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris (la exesposa) y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca”. Lo que sí está comprobado es que hubo un agente encubierto infiltrado en su esquema de seguridad y que el irrespeto a su intimidad lo asustó de tal manera que decidió colaborar.
En su empeño, la Fiscalía cuenta con el apoyo de la revista Semana, antes un medio de gran calidad y hoy convertida en un vertedero de odios. Dice su directora: “Urgente: Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que su papá, el presidente Gustavo Petro, sí sabía del ingreso de dineros irregulares a su campaña presidencial”.
Como no podía faltar, la senadora (María Fernanda) Cabal, de extrema derecha, sale ahora con el absurdo de decir que el Presidente debe renunciar. Delirante, por decir lo menos.
La actuación de la Fiscalía en este caso contrasta con la que desplegó en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, en donde actuó como defensor y no como organismo investigador encargado de presentar acusación. Dos veces pidió la Fiscalía preclusión y dos veces dos mujeres jueces la negaron, argumentando que no había investigado suficientemente.
La terna que presentó el presidente Petro a la Corte Suprema para elegir Fiscal General en reemplazo del actual, tres mujeres exfiscales acosadas por la Fiscalía, debe haber acentuado la inquina del Fiscal General. Una de ellas, Amparo Cerón, llevaba tres años investigando el caso Odebrecht (suficientemente conocido en América Latina por lo cual me excuso de presentarlo). Cuando decidió llamar a declarar a los expresidentes Uribe y Andrés Pastrana y a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país, el fiscal general, Francisco Barbosa, la retiró del caso.
La segunda ternada, Ángela María Buitrago, tuvo a su cargo la investigación por los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, descubrió casos de tortura y desaparición forzada y logró la condena del coronel (Alfonso) Plazas Vega, quien dirigió el operativo, por este delito.
La otra ternada, Amelia Pérez, creó la Unidad de Derechos Humanos en la Fiscalía. Dirigió investigaciones contra el paramilitarismo y sus comandantes, entre otros, Salvatore Mancuso y Carlos Castaño por las masacres de Trujillo, Mapiripán y El Aro. El peligro a que se expuso hizo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgara medidas cautelares. Finalmente tuvo que asilarse en Canadá.
No puede ser mayor el contraste con la realidad actual de la Fiscalía General.