CONTINÚA EL grave escándalo por el presunto fraude en el Infonavit que dejó a miles de familias sin certeza ni respuesta. Pese a ello, Rogerio Castro Vázquez, actual delegado de Bienestar en Yucatán, sigue en su puesto como si nada. Y no cualquier puesto: es el cargo federal más alto en el estado.
Mientras los afectados siguen esperando justicia, Castro y su círculo más cercano disfrutan de una vida de lujos. Se habla de relojes Rolex, autos de lujo como Ferraris, y una familia bien colocada en el Gobierno: dicen de su esposa, su hermano… todos con cargo y sueldo público. Nada mal para alguien que, en teoría, debería estar rindiendo cuentas. Pero no sólo afuera hay molestia. Dentro de su propio equipo hay gente que ya está levantando la voz. Durante su precampaña para buscar la candidatura a gobernador, varios operadores aseguran que les pidió “aportaciones voluntarias” —que en realidad eran descuentos obligatorios de sus sueldos— con la promesa de que, si ganaba, les tocarían buenos puestos. Apostaron por él, lo apoyaron… y cuando no ganó, simplemente los dejó fuera. Nos dicen que se sienten usados, se quedaron sin el apoyo prometido, sin los puestos y con un profundo malestar por el trato que recibieron.
Y mientras tanto, el tema del fraude con Infonavit sigue sin investigarse y sin avances reales. Lo que sí avanza, al parecer, es el estilo de vida de quienes están señalados: rodeados de poder, lujos y privilegios, sin rendir cuentas y muy lejos de la realidad de quienes lo perdieron todo. Ya sin tomar en consideración que todo parece indicar que es el mismo Rogerio quien ha estado detrás del golpeteo de varios de los funcionarios del Gobierno del Estado.
EN EL PAN, el proceso rumbo a la renovación del Comité Directivo Municipal en Mérida ha tenido indicaciones precisas, pero sin fecha clara de implementación. El presidente del PAN estatal, Álvaro Cetina Puerto, está por cerrar la convocatoria para el género femenino y, por tanto, garantizar la imposición de la maestra Brenda Ruz Durán, actual directora del DIF municipal meridano y que cuenta con el visto bueno de la cúpula panista. Como sea que se haya dado el “consenso”, lo cierto es que en sus primeros recorridos para promocionar su “aspiración”, la funcionaria municipal se ha topado con resistencia y uno que otro reclamo por la situación actual del partido y el hecho de que nuevamente no habrá elección interna. Acompañan en esta encomienda imposible a la aspirante el excandidato a diputado Gonzalo Puerto y el actual director de Servilimpia, Gerardo Bolio.
“YA NADIE SABE para quien trabaja”, ese es el eco del panismo, luego de ver los resultados de la elección judicial pasada y al enterarse de que estaban apoyando a perfiles ligados con el oficialismo y que terminaron siendo vencedores. En dicho “acordeón azul” figuraron nombres de candidatos a la Suprema Corte de Justicia, tales como Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arístides Guerrero; para magistrados de Circuito, Michel Wabi, y para integrar el Tribunal Superior de Justicia, Roberto Carrillo Granados. El encargado del reparto de estas “guías de apoyo” fue el expresidente municipal del PAN en Mérida y funcionario del Ayuntamiento de la capital Arturo León Itzá.
DICEN QUE la forma es fondo cuando se trata de coincidencias y compañías, y eso es lo que se dejó ver en la entrega de constancias de mayoría a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de Disciplina Judicial a cargo del Iepac. Llegaron de manera conjunta y con un nutrido contingente los abogados Hernán Vega y Gerardo Chacón, equipo de muchos años y personas de toda la confi anza del gobernador Joaquín Díaz Mena. De manera un tanto más discreta se apersonó Erika Torres López, virtual presidenta del Tribunal y muy adentrada en su papel de próxima representante del Poder Judicial. Para anécdota queda la coincidencia de recibir su constancia juntas Carolina Muñoz y Mirka Sahuí, amigas desde hace muchos años. Finalmente, algo no pasó inadvertido: la presencia del líder de los burócratas judiciales, Renán Marcelino Puc Chi, en la entrega de dos magistradas electas: Claudia Antonio Mayor y Aimée Pino Barrera. ¿Estará buscando el líder sindical acomodarse con la nueva clase dirigente? En breve veremos.
QUIEN SALIÓ de las sombras posterior a la jornada electoral para elegir a magistrados estatales y despotricar contra los recién electos es el polémico exdirector del Conalep en la pasada administración panista, Manuel Campos Ancona. Vale la pena aclarar que el exfuncionario estatal goza de un sueldo arriba de los 40 mil pesos y se encuentra en el área de los nuevos juzgados que recién fueron inaugurados en la avenida Itzaes, y según nos cuentan nuestras fuentes, está en la lista de los primeros movimientos que harán en septiembre los recién electos magistrados, aparte de que los nuevos directivos del Conalep están preparando denuncias por malversación de recursos.
EL QUE ESTÁ EN LA GIRA DEL ADIÓS y ya empieza a despedirse — aunque sin hacerlo oficialmente— es Francisco Torres. Nos cuentan que recientemente organizó una reunión muy privada con su equipo más cercano y algunos integrantes de la Japay, una de esas que huelen más a despedida que a planeación. Dicen que el objetivo era “sensibilizar” a los suyos ante lo que podría venir después de varios roces, quejas y enfrentamientos dentro de la administración estatal.
Lo que no queda del todo claro es si la reunión fue en alguna cantina discreta o en ese famoso local donde elaboran sus ya célebres “reuniones”. Lo que sí es seguro es que no faltaron las bebidas “refrescantes”, esas mismas que tanto revuelo han causado entre pasillos, sobre todo cuando el buen Panchito presume convertir el agua en vino… sin preocuparse mucho por si es horario laboral o no.
NEGROS NUBARRONES los que, gracias a la ingenuidad de Jesús “Chucho” Pérez Ballote, se ciernen sobre la Liga Meridana de Beisbol, tras la molestia de promotores deportivos de varias colonias que han manifestado a esta columna su desacuerdo con las gestiones del subdirector de Deportes, Iván Herrera Rosiles, en torno a esta importante liga.
La molestia de los promotores de los equipos de la liga es la intención de Herrera Rosiles de volver a colocar como presidente honorario de la liga a Pedro Cámara Salazar, quien fue separado del cargo de manera escandalosa hace siete años, debido a un video que publicó en su cuenta de Facebook, en estado de ebriedad.
Fue el propio Asís Cano Cetina, en aquel entonces director de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Mérida, quien separó de manera defi nitiva e irrevocable a Cámara Salazar “en virtud de que sus acciones son contrarias a los valores que el Ayuntamiento de Mérida quiere transmitir a los niños y jóvenes que acuden a practicar el beisbol en los campos y ligas municipales”.
En los corrillos del Ayuntamiento meridano se comenta que Herrera Rosiles está más preocupado por su imagen personal y sus publicaciones en redes sociales que por atender y hacer crecer el número de comités deportivos, que todavía no han logrado superar los más de 150 que se tenían durante la gestión de Jesús Aguilar y Aguilar.
Por el contrario, presumió en las redes sociales una plática en la Anáhuac Mayab con el exdirector del IDEY, Carlos Sáenz Castillo, con alumnos de la carrera de Organización de Eventos Deportivos de la Universidad, en lugar de estar en territorio donde el PAN perdió las elecciones en el pasado proceso electoral y desaprovechando el valor político de una liga que no está siendo aprovechada por causa de la novatez y la inexperiencia.
BUENAS INTENCIONES. En eso quedó el anuncio de la actual directora del Indemaya, Fabiola Loeza Novelo, de contar con dos casas de migrantes yucatecos tanto en Los Ángeles como en San Francisco, California. Ante el clima de disturbios y crisis que ocurre en California, la funcionaria no ha podido dar respuesta a la queja de una ciudadana, Karen Novelo Chan, migrante yucateca radicada en California, quien denunció que el Indemaya utiliza ilegalmente sus datos personales, como su nombre, su número telefónico y la dirección de su domicilio en San Francisco para promover una inexistente casa del migrante yucateco.
La dependencia se ha limitado a informar que los migrantes originarios de Yucatán han logrado mantenerse fuera del alcance de las redadas que realiza el Gobierno de Estados Unidos en contra de personas con estancia irregular; sin embargo, no ha informado qué sucedió con la promesa formal de contar con dos casas de migrantes ni con la denuncia de Novelo Chan, quien evidenció la irregularidad y además solicitó la cancelación inmediata y que retiren toda su información personal difundida en cualquier medio público o privado del Indemaya.
De acuerdo con esta migrante activista, en ningún momento se le explicó por qué razón la dependencia le informó la base legal ni el procedimiento para utilizar sus datos personales sin su autorización, y advirtió que, en caso de no recibir respuesta de parte del Indemaya, procederá a tomar acciones legales para la protección de sus datos. Según informó, le consultaron si quería ser enlace con los migrantes yucatecos en California, pero jamás llegaron a un acuerdo formal.
En particular, el fin de semana las llamadas aumentaron considerablemente a raíz de las redadas contra migrantes que desataron violentas protestas en Los Ángeles y otras ciudades de California y la Unión Americana.
EL SINDICATO de docentes del Conalep, que cuenta con una fuerte presencia en los planteles Mérida 1, Mérida 2, Tizimín y Valladolid, ha manifestado su profundo malestar con el director general Felipe Duarte. Según información que ha trascendido, Duarte estaría promoviendo la creación de un nuevo sindicato estatal, iniciando en el plantel Mérida 3, con el objetivo de contrarrestar al sindicato actual.
Esta situación ya ha llegado a conocimiento del delegado sindical Julio Santos, quien ha visitado varios planteles para expresar su rechazo categórico a esta iniciativa, considerándola inaceptable, especialmente al tratarse de una acción impulsada desde la propia dirección estatal. Según Santos, nunca antes se había intentado algo similar, y advirtió que esto podría desencadenar en un futuro un paro laboral prolongado y sin precedentes en este subsistema educativo.
EL TEMA que abordamos en la entrega anterior, relacionado con la denuncia pública realizada por la influencer Mala Desde Chica contra Rudy Ayrán Pacheco, exregidor, priista y actual colaborador de Mauricio Díaz Montalvo, ha escalado considerablemente.
La influencer ha hecho públicas sus acusaciones a través de diversas plataformas y pódcasts en vivo, donde asegura haber sido víctima de una invasión a su intimidad, específi camente en relación con la difusión de fotografías privadas. Su versión ha tenido tanto alcance que incluso ha aparecido en portadas de periódicos y revistas dedicadas exclusivamente a este tema.
Por otra parte, pudimos confi rmar que Rudy Ayrán Pacheco está preparando una demanda legal a través de un despacho jurídico, con el fi n de proceder contra la infl uencer por presunta difamación y daño moral. Parece que aún queda mucho por conocer sobre el desenlace de esta polémica historia.
COMO SE ha informado anteriormente, se llevó a cabo una fuerte protesta por parte de los alumnos del Instituto Tecnológico de Motul, quienes exigieron la destitución inmediata de su director, Zaggi Puc. Inicialmente, se señaló que la única razón de esta manifestación era la exigencia de mejoras en las instalaciones, las cuales se encuentran en condiciones muy precarias.
Sin embargo, luego se supo que también existe un descontento generalizado debido a que el director dejó de pagar el salario a los maestros durante dos quincenas consecutivas, decisión que tomó de manera unilateral. A pesar de ello, el propio Puc ha declarado que dicha medida fue acordada con el secretario de Educación, Juan Balam, como una forma de sancionar a los docentes que se sumaron a las protestas del CNTE.
Es prácticamente un hecho que el director no podrá continuar al frente de esta institución, ya que los estudiantes han manifestado de forma tajante que no pararán sus protestas mientras él permanezca en el cargo.
QUIEN PARECE querer seguir los pasos de su amigo Julián Rocky Zacarías como estrella del fi tness y los deportes es Renán Barrera. Recientemente, se ha vuelto habitual verlo grabando videos mientras levanta pesas, hace lagartijas y abdominales, actividades que antes no solía practicar. Incluso, en lugares públicos ha comenzado a realizar planchas en el suelo, lo que sorprende a muchos y genera carcajadas entre los presentes.
Todo indica que la reciente derrota política le ha afectado profundamente y ahora busca nuevas formas de llamar la atención.
EN EL PUERTO DE PROGRESO, las decisiones siguen siendo más opacas que las aguas en temporada baja. Trascendió que la operación de la terminal de contenedores —la misma cuya concesión venció recientemente— fue extendida temporalmente a APM Terminals (también conocida como TCY), generando molestia generalizada entre los usuarios y dejando muchas preguntas sin respuesta clara.
De entrada, vale aclarar varios puntos: aunque algunos han mencionado a la OEMY (Organismo Público Descentralizado del Estado de Yucatán, dirigido desde su concepción por Gerardo Díaz de Zavala), este organismo no tiene —ni tuvo— injerencia alguna sobre las concesiones o la operación portuaria. Fue concebido por Mauricio Vila exclusivamente para administrar una frustrada ampliación de 40 hectáreas del muelle. Su relevancia en esta historia es, según expertos del sector, prácticamente nula.
El verdadero eje del confl icto es APM, operador actual de la terminal, conocido por su trato ríspido y su fl exibilidad cero. Empresas usuarias del puerto la describen como la peor de las maniobristas que nos pudieron haber tocado: tarifas arbitrarias, lentitud operativa, baja efi ciencia y mala comunicación, debido a que su gerenta, Adriana Aguilar, no se caracteriza precisamente por su “fluida comunicación” con los clientes. Sin embargo, no es el Gobierno estatal quien puede intervenir. La Asipona —órgano federal que regula el puerto— depende directamente de la Secretaría de Marina.
Lo que se sabe es que APM presentó un proyecto de inversión por mil 200 millones de pesos, aparentemente el único documento formal sobre la mesa (ni eso pudo hacer la OEMY). Se desconoce si la Secretaría de Fomento Económico, a través de su titular, Ermilo Barrera Novelo, o alguna otra dependencia estatal evaluó propuestas distintas. Hasta ahora, no hay información clara sobre otras alternativas.
Versiones no confi rmadas indican que la concesión actual —con casi 25 años de operación— fue prorrogada de forma temporal mientras se reciben nuevas propuestas. Lo que llama la atención es que, a pesar de la mala relación entre APM, la autoridad portuaria y los usuarios, la empresa sigue al mando. Para algunos, el resultado era inevitable: sólo APM cumplió con lo mínimo necesario.
En resumen: no hay nueva plataforma, la OEMY quedó fuera por diseño, y APM —por falta de competencia real o por tener la mejor carpeta— seguirá operando como dueño y señor del puerto, al menos por ahora. Mientras tanto, usuarios y empresarios siguen esperando que alguna vez el muelle funcione como lo que debería ser: un motor de desarrollo industrial y comercial, y no un cuello de botella administrativo que nos regresa 25 años en el tiempo y nos aleja cada vez más de la modernidad.
ALGO QUE ANTES parecía impensable ocurrió recientemente: convivieron como grandes amigos el presidente del PRI en Yucatán, Gaspar Quintal, y el excandidato en dos ocasiones a la Alcaldía de Mérida —además de expresidente del mismo partido— Nerio Torres Arcila. El motivo del encuentro fue la invitación que Nerio hizo a Gaspar para participar en su pódcast.
Si retrocedemos en el tiempo, estos dos personajes mantuvieron una relación marcada por el enfrentamiento desde su época estudiantil. Ya dentro del PRI, sus caminos continuaron cruzándose con tensiones: se sabe que Gaspar Quintal se opuso firmemente a que Nerio integrara la planilla de regidores de mayoría de Víctor Cervera Pacheco, y aunque logró impedirlo inicialmente, fue Nerio quien finalmente terminó ocupando el cargo de regidor.
Cuando Nerio fue presidente estatal del PRI, intentó evitar que Gaspar accediera a una diputación plurinominal, y estuvo a punto de lograrlo, de no ser por la intervención de Carlos Sobrino Sierra, quien forzó su inclusión en lugar de Orlando Paredes Lara.
A raíz de esto, Gaspar —cuando ocupó el cargo de ofi cial mayor— hizo todo lo posible por impedir cualquier participación de Nerio en el Ayuntamiento de Mérida, utilizando para ello la infl uencia de su entonces aliado Pedro Espadas.
Este fuerte enfrentamiento se mantuvo durante años, hasta que recientemente, al parecer, lograron reconciliarse gracias a la participación en dicho pódcast.
Pudimos averiguar que alguien del Comité Directivo Estatal del PRI se acercó a Nerio para sugerirle que invitara a Gaspar, ya que resultaba inapropiado que hubiera considerado a los presidentes del PAN, de Movimiento Ciudadano y de Morena, pero no al del PRI. Ante esta observación, Nerio refl exionó y decidió extenderle la invitación.
No abordaremos en esta sección los detalles de la entrevista; sin embargo, surgió un tema particularmente delicado que fue mencionado por el presidente estatal del PRI. Durante la conversación, Nerio le preguntó a Gaspar Quintal sobre su participación en los hechos ocurridos el 4 de julio en el llamado Paso Deprimido. Quintal afi rmó sin miramientos que se trató de un boicot interno dentro del PRI, llevado a cabo por personas que no deseaban que Angélica fuera la candidata a la gubernatura, sino que buscaban favorecer a otro aspirante.
Ante la pregunta directa de Nerio sobre si ese otro personaje era Rolando Zapata, Gaspar Quintal asintió con la cabeza, dando a entender que sí, y que además fue ayudado por otros colaboradores. Esta declaración parece confi rmar fi nalmente lo que durante años muchos habían sospechado: que Rolando Zapata fue el verdadero artífi ce de la agresión del 4 de julio en la Glorieta de la Paz.
Esto resulta particularmente revelador, no sólo por el hecho en sí —ocurrido hace años— ni por conocerse finalmente quién fue uno de los verdaderos responsables, aunque fuera un secreto a voces, sino porque evidencia una ruptura actual entre el senador Rolando Zapata y el presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal, quienes hasta hace poco mantenían una relación muy cercana.
Como ya se había mencionado en esta columna, Zapata había dejado de asistir a eventos del PRI en Yucatán y se había limitado a publicar videos desde el Senado en sus redes sociales.
Del agua mansa líbrame, Dios, que de la brava me libraré yo... porque todo sigue siendo personal