El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, tiene una explicación pendiente. No sobre la visita del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, al Estado que gobierna, sino sobre su participación en la colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial sin que previamente se hubiera solicitado el visto bueno federal para el proyecto de cooperación en seguridad. Si debe explicarlo a los mexicanos de Querétaro y de todo el país.
No podría ocultar aunque se lo propusiera que existe una diferencia fundamental que no debería confundirse: informar que un embajador visitará una entidad federativa no equivale a solicitar, y mucho menos obtener, autorización para desarrollar un proyecto de cooperación policial con un gobierno extranjero, sea cual fuera.
No se trata de una interpretación política. Es precisamente la distinción establecida por la Secretaría de Relaciones Exteriores en su comunicado oficial. El 25 de septiembre, el Gobierno de Querétaro notificó a la Cancillería que Ronald Johnson visitaría la entidad el 2 de octubre para abordar diversos temas de interés común. Pero en el mismo oficio aseguró expresamente que la visita no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia.
Sin embargo, durante esa visita, Kuri y Johnson colocaron juntos la primera piedra de una academia internacional destinada a la capacitación policial y que, según la propia Cancillería, contempla cooperación en seguridad con un gobierno extranjero. Entonces debe explicarnos o no?.
Se trata de una contradicción y exige una explicación. No fue simplemente una reunión protocolaria ni una visita diplomática ordinaria. Fue la presentación pública de un proyecto relacionado con una de las áreas más sensibles para cualquier Estado: la seguridad. Y la naturaleza de esa actividad es determinante. La Cancillería - que su comunicado - recordó que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe solicitar previamente el visto bueno del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.
Querétaro no había solicitado ese visto bueno antes de la ceremonia. Y ése es el centro de la controversia.
La presidenta Claudia Sheinbaum añadió un dato revelador: el Gobierno de Querétaro había informado a las autoridades federales sobre nueve proyectos de cooperación en seguridad con Estados Unidos y la academia no figuraba entre ellos.
Por tanto, el problema no es que el Gobierno federal desconociera que el embajador estadounidense viajaría a Querétaro porque la Secretaría de Relaciones Exteriores había sido notificada de esa visita. Lo que no había recibido era la solicitud para el visto bueno previo del proyecto específico que el gobernador presentaba públicamente junto al representante de Washington.
Kuri ha defendido la academia y señalado que no existe un acuerdo con Estados Unidos para financiar su construcción. Pero el origen de los recursos para levantar las instalaciones y la cooperación internacional prevista para sus actividades son asuntos distintos. Una academia puede financiarse con recursos estatales y, al mismo tiempo, contemplar capacitación, asistencia técnica o intercambio de conocimientos con agencias extranjeras. Precisamente por eso, la pregunta que debe responder el gobernador no es quién pagará el edificio, sino qué mecanismos de cooperación estaban previstos y por qué no fueron presentados previamente ante el GANSEG.
La autonomía de un gobierno estatal para desarrollar infraestructura policial no sustituye las competencias federales para conducir la política exterior y coordinar la cooperación internacional en seguridad. Chihuahua: un antecedente que merece atención La controversia de Querétaro recuerda otro episodio relacionado con la participación de agentes estadounidenses en actividades de seguridad dentro del territorio mexicano sin autorización del gobierno federal.
En Chihuahua, donde también gobierna el PAN, la intervención de presuntos agentes extranjeros en un operativo antidrogas provocó cuestionamientos sobre las autorizaciones correspondientes. La gobernadora Maru Campos aseguró que desconocía aquella participación de la cual la opinión pública conoció a raíz del accidente en el que fallecieron dos agentes de la DEA de EE. UU.
Los casos no son idénticos, pero sí llevan al mismo cuestionamiento. En Chihuahua se discutió la participación de agentes extranjeros en un operativo. En Querétaro, la ausencia del visto bueno previo para un proyecto de capacitación policial internacional. Ambos casos colocan sobre la mesa una misma cuestión institucional: la obligación de los gobiernos estatales de verificar que sus actividades de cooperación en seguridad con autoridades extranjeras se desarrollen mediante los procedimientos federales aplicables.
Existe, además, una diferencia relevante.
Mauricio Kuri participó personalmente en la ceremonia junto al embajador Johnson. Por tanto, conocía la actividad que se estaba realizando.
Lo que debe aclarar es por qué su administración avanzó con la presentación pública del proyecto sin haber solicitado previamente el visto bueno correspondiente. El embajador también debe respetar las reglas La presidenta Claudia Sheinbaum no dirigió su llamado únicamente al gobernador de Querétaro.
Lo extendió a todos los gobernadores del país, al embajador Ronald Johnson y al Gobierno de Estados Unidos: cualquier cooperación internacional relacionada con seguridad debe respetar las leyes mexicanas.
La advertencia tiene un alcance que trasciende a Querétaro. Un embajador puede visitar entidades federativas, reunirse con gobernadores, empresarios y universidades, y promover relaciones de cooperación. Pero esas actividades deben distinguirse de los proyectos de seguridad que requieren procedimientos específicos ante las autoridades federales.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece el deber de las misiones diplomáticas de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. Eso no significa que la participación del embajador en la ceremonia constituya por sí misma una infracción a la Convención. Significa que la actividad diplomática y la cooperación en seguridad deben desarrollarse dentro del marco jurídico correspondiente. La misma exigencia debe aplicarse a cualquier representación extranjera, independientemente del país al que pertenezca.
Cooperación sí, subordinación no México y Estados Unidos necesitan colaborar frente a fenómenos criminales que atraviesan sus fronteras: narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y trata de personas. Con frecuencia tienen ejercicios de entrenamiento aprobados por el Congreso mexicano.
La capacitación policial internacional puede aportar conocimientos, tecnología y mejores prácticas, pero esa necesidad no convierte en opcionales los procedimientos legales.
La propia Secretaría de Relaciones Exteriores ha reiterado que la colaboración bilateral debe sostenerse sobre principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, y cooperación sin subordinación. Así que por instrucciones de Sheinbaum, la Cancillería estableció contacto con Mauricio Kuri y ofreció acompañamiento institucional para presentar el proyecto ante las instancias correspondientes. Es importante distinguirlo: el Gobierno federal no ha planteado que la academia deba desaparecer. Ha señalado que la cooperación internacional prevista requiere cumplir el procedimiento establecido.
Y hasta ahora, la controversia deja una pregunta sin respuesta pública suficiente: ¿Por qué el Gobierno de Querétaro no solicitó previamente el visto bueno del GANSEG para un proyecto que contemplaba cooperación internacional en seguridad? El caso tampoco debería reducirse a una confrontación entre un gobernador de oposición y el Gobierno federal. Las reglas deben ser iguales para todas las entidades federativas, independientemente de quién las gobierne.
México tiene 32 estados, pero no 32 políticas exteriores independientes. Cada gobernador puede impulsar la capacitación de sus policías y buscar mecanismos de colaboración que fortalezcan la seguridad pública. Lo que no puede hacer es sustituir los procedimientos federales que correspondan cuando esa colaboración involucra a un gobierno extranjero.
Ésa es la cuestión que el caso Querétaro obliga a esclarecer porque avisar no es pedir autorización, recibir a un embajador no equivale a obtener un visto bueno federal y colocar una primera piedra no sustituye los procedimientos establecidos por la ley. La cooperación internacional es necesaria, pero su legitimidad institucional también depende de cómo se acuerda y se desarrolla. Cooperación sí, pero bajo la ley mexicana.
Hay algo que no de puede pasar por alto. Cuando se trata de seguridad y soberanía, cumplir la ley no es una formalidad diplomática, es una obligación del Estado mexicano y de quienes ejercen responsabilidades de gobierno.
