Según cuentan al interior, Torres Rivas dejó de aparecer por ahí, salvo visitas esporádicas, casi simbólicas, una vez al mes. Su base real estaba en una oficina mucho más discreta, en la colonia Alemán, donde únicamente despachaba el área de capacitación. Nada operativo, nada estratégico. Pero eso, al parecer, ya tampoco le resultó suficiente.
Y aquí viene lo bueno. Dicen que, como ya se siente “gente del norte” y todo lo demás le quedaba lejos –incluido el centro–, decidió dar el salto grande: rentar las oficinas que hasta hace poco ocupaba la ASEY, mismas que fueron desocupadas precisamente por su altísimo costo, alrededor de 300 mil pesos mensuales. Pues bien, ahora se sabe que esas oficinas no sólo fueron rentadas, sino también renovadas, por una cifra que supera los dos millones de pesos
Ojo: no es un traslado institucional de la Japay. Nada de eso. El personal operativo y administrativo se queda, donde siempre, en el centro, mientras que el nuevo complejo será exclusivamente para él y su círculo cercano: algunos directores, gerentes y funcionarios de confianza. Una especie de Japay “premium”, dicen con ironía los que no fueron invitados
El inmueble, cuentan quienes ya lo vieron, es enorme: oficinas completamente equipadas tras la remodelación, espacios amplios y estacionamiento techado para todos los vehículos. Todo lo necesario para despachar con comodidad… y distancia. Porque, según se comenta, Torres Rivas ya consideraba de bajo nivel acudir a las oficinas centrales. Demasiado operativo, demasiado terrenal.
En los pasillos– cada vez más silenciosos– del Patronato Cultur el comentario es recurrente y ya no tan discreto. Dicen que el nuevo director, David Escalante Lombardi, no ha pisado las oficinas de la dependencia desde que tomó posesión del cargo. Su centro de mando, cuentan, no está donde marca el organigrama, sino que ocupa las oficinas del Gobernador en Siglo XXI.
En Cultur, simplemente, no se le ve. La ausencia no es sólo física. Trabajadores y directivos comentan que no hay reuniones, no hay acercamientos y ni siquiera el gesto mínimo del saludo institucional. De hecho, no son pocos los empleados que aún no conocen personalmente al director que hoy encabeza la dependencia.
Quien sí concentra la comunicación –y el poder– es Antonia Basulto, señalada como la segunda a bordo. El detalle es que Basulto no trabaja formalmente en el Patronato Cultur: continúa cobrando en Fideture. Aun así, es ella quien, según se comenta, da órdenes a todo el personal, incluidos directores de área, en una dinámica que ha generado más de una ceja levantada.
En voz baja también se dice que Escalante Lombardi ha sido insistente ante sus superiores para concretar un movimiento clave: remover de la Dirección de Administración a Javier Enrique Alayola Rosado, quien hasta hace poco fungía como jefe del despacho, y colocar ahí a Antonia Basulto, ahora sí de manera formal dentro de Cultur. Hasta el momento, esa petición habría sido negada.
En el sur del estado, el ambiente anda más que cargado y el nombre que vuelve a aparecer en las conversaciones es el de Gilberto Chan, director del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey), quien –dicen– no logra salir del ojo del huracán. En corto, varios alcaldes comentan una práctica que ha encendido los ánimos: para que el instituto remodele escuelas en sus comunidades, el funcionario estaría condicionando la obra.
El detalle que más incomoda es que esas obras, según el trascendido, terminarían en manos de constructoras que Chan manejaría tras bambalinas, pues aunque no aparece como propietario en los papeles, en los pasillos aseguran que sí las controla.
Y ahí viene el enojo: presidentes municipales no entienden por qué tendrían que aceptar ese esquema de “toma y daca” cuando, además, esas empresas no gozan de buena reputación, inflan precios y dejan trabajos de calidad más que cuestionable.
Tremendo agarrón el que se vivió en el Congreso entre el diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Osante, y el morenista Alejandro Cuevas. Lo que empezó como intercambio de posicionamientos terminó en una andanada de ofensas que dejó más de un gesto incómodo en el pleno.
Dicen los que estuvieron cerca que Cuevas no se guardó nada. Le recriminó a Osante su repentino fervor por el exgobernador Mauricio Vila, cuando no hace mucho tiempo era uno de sus opositores más férreos. Pero el golpe más duro vino después: le soltó, sin rodeos, que no debería estar sentado en una curul, pues –según el señalamiento– usurpó una candidatura indígena sin tener antecedente alguno de pertenecer a ese grupo social.
Cuevas fue más allá y le recordó que esa postulación no cayó del cielo, sino que fue posible gracias a su madrina política. Ahí, cuentan, el ambiente se tensó al máximo. El pleito no terminó ahí. En los pasillos se comenta que, tras el episodio, Osante salió visiblemente molesto directo a buscar a Ivonne Ortega. El motivo: pedirle una estrategia de medios para contraatacar a Cuevas, una ofensiva que –dicen– incluiría un presupuesto nada modesto con el objetivo de golpear mediáticamente y cobrar venganza.
Pues tal como se había anticipado en esta columna, las intenciones de Rogerio Castro y de Jorge Carlos Ramírez Marín de abrir la puerta –o de plano tumbarla– para que la candidatura al gobierno en 2030 no sea exclusivamente para mujeres, empiezan a tomar forma pública. La confirmación llegó en voz del propio senador Ramírez Marín.
Cuestionado de manera directa sobre si desea ser gobernador en 2030, Ramírez Marín no dudó: “por supuesto que sí”, respondió. Hasta ahí, nada nuevo. Lo relevante vino después, cuando aseguró que existe una vía jurídica para impugnar la convocatoria que eventualmente emita el Iepac, abriendo la posibilidad de echar abajo el criterio de género aprobado por el Congreso del Estado. Eso sí, cuidó cada palabra y no precisó si él sería quien presentaría la impugnación.
Ambigüedad calculada, dicen. Porque aunque no lo dijo de manera frontal, el mensaje quedó claro: la ley no está escrita en piedra y, si es necesario, puede ser combatida. Una vez más, el senador deja ver que su ambición por llegar al gobierno del estado no se detiene y que está dispuesto a explorar todos los caminos posibles, incluso aquellos que impliquen llevar al terreno legal una decisión ya avalada por el Legislativo local y que podría incomodar a la presidenta Claudia Sheinbaum, férrea impulsora de la agenda de género.
Vaya controversia la que empieza a agitarse en los círculos oficiales y empresariales. Trascendió que el Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Riesgos Sanitarios, habría detectado un tequila de dudosa procedencia, identificado como “La Manuela”, de supuesta elaboración yucateca, que estaría compuesto – según los primeros reportes internos– por un alto porcentaje de alcohol adulterado y de bajo valor.
El asunto no es menor. Se comenta que el producto estaría intentando colocarse a nivel nacional, impulsado por un empresario yucateco, lo que encendió focos rojos en el área sanitaria. De ahí que ya se hable de una notificación inminente a la Secretaría de Salud federal, así como a distintas autoridades estatales donde se tendría previsto su ingreso al mercado.
Entre los primeros destinos que se mencionan en voz baja aparecen Quintana Roo y la Ciudad de México, plazas clave tanto por consumo como por visibilidad. Precisamente por eso, dicen, el seguimiento al caso se estaría manejando con especial cuidado para evitar riesgos a la salud pública y un escándalo mayor.
Dicen que en el Inderm se están moviendo más fi chas de las que aparecen en el tablero. En los corrillos políticos se comenta que personajes que laboran dentro del instituto, cuyo titular es Roger Aguilar Arroyo, mejor conocido como El Zorro, estarían promoviendo con insistencia ciertos despachos de asesores para que sean contratados en alcaldías gobernadas por Morena.
El asunto, cuentan, ya pasó de la sugerencia amable a la presión directa. Tan así que algunos de estos operadores se han dado a la tarea de averiguar qué asesores tiene cada municipio y cuánto cobran, con el objetivo de pedir a los alcaldes que los despidan y los sustituyan por los perfiles que les “recomienda” el Inderm.
Lo que más ruido ha generado es que, según se pudo averiguar, no se trata de asesores que trabajen para el Gobierno del Estado, sino de consultores externos, que llegarían con honorarios nada modestos y que representarían un gasto considerable para las arcas municipales.
En voz baja se comenta que detrás de este movimiento habría un negocio redondo, pues la contratación en serie de estos despachos en varios ayuntamientos implicaría una bolsa más que jugosa para quien realmente esté operando el esquema. Por eso, varios alcaldes ya ven el tema con recelo y empiezan a preguntar quién recomienda a quién… y a cambio de qué.
SE DICE, SE rumora y se comenta que Todo es Personal.