La operación irregular de centros de rehabilitación conocidos como “anexos” en Quintana Roo se ha convertido en una preocupación creciente por las condiciones internas, denuncias de abuso y la débil supervisión institucional.
En estos lugares han surgido múltiples alertas por presuntas malas prácticas: maltratos físicos y psicológicos, retención de personas en contra de su voluntad, falta de personal especializado y cobros elevados que condicionan la permanencia y salida de los internos, señaló el psicólogo Luis Romo.
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Entre las denuncias más recurrentes están los golpes, la presión mental, encierro y cuotas que pueden alcanzar hasta 15 mil pesos mensuales. Los testimonios de quienes han pasado por estos lugares retratan un escenario preocupante.
Carlos Hernández Pérez, de 28 años, relató que estuvo internado ocho meses en un anexo en Playa del Carmen.
“Me golpearon por preguntar por mi familia. No había médico, ni psicólogo, solo un hombre que decía ser consejero. Cuando mi mamá no pudo pagar la cuota, me encerraron en una habitación tres días hasta que cubrieron los costos”, contó.
María Guadalupe Sánchez López, de 23 años, ingresó a un anexo en Cancún por consumo de marihuana. “No me dejaban salir, ni hacer llamadas. Decían que estaba en proceso de purificación. Vivíamos en condiciones insalubres, con poca comida y sin atención médica cuando me enfermé”, narró.
Las familias también enfrentaron situaciones límite. Rosa María Díaz García, madre de un joven internado en Puerto Morelos, explicó que pagó 50 mil pesos para entrar y después 12 mil mensuales. “Cuando pregunté por el tratamiento me dijeron que no era asunto mío. Luego me llamaron para decir que mi hijo se había cortado las venas y no sabían cómo atenderlo”, relató.
Javier González Martínez denunció que su hija de 17 años fue internada sin su consentimiento. “Cuando fui a buscarla me negaron el acceso y me dijeron que debía pagar más para que pudiera salir. Tuve que denunciar”, señaló. Ana Patricia Ramírez Cruz, quien afirmó que su hermano salió con hematomas y ansiedad severa. “Nos dijeron que era parte del proceso, pero fue maltrato”, dijo.
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El doctor Alfredo Hatchett Anaya, especialista en salud mental, señaló que la retención contra la voluntad de los pacientes vulnera derechos humanos y no favorece la recuperación. “El tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario y respeto por la autonomía del paciente”, sostuvo.
Una fuente de la Secretaría de Salud estatal reconoció fallas institucionales. Admitió que existen vacíos en la supervisión por falta de personal y por la dificultad para localizar centros en zonas privadas o rurales. Indicó que en 2025 se cerraron siete centros clandestinos, pero el problema persiste.
