De la Redacción
TULUM, 23 de octubre.- De desafiar a los tres niveles de gobierno, pasó a ser solapado por instancias gubernamentales un problemático abogado, propietario de un hotel situado en la entrada principal de la Zona Arqueológica, toda vez que se ha encargado de hacer obras irregulares y que hasta el momento ninguna denuncia ha procedido en su contra.
Con precedentes ilegales en los últimos, el propietario del hotel denominado “Acuario” ha hecho y deshecho con sus construcciones y obras realizadas con recursos públicos.
Se conoce que el propietario de dicho centro de hospedaje fue el que contrató personal y maquinaria pesada para demoler en septiembre del 2015, el camellón central que recientemente se había construido con recursos destinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para remodelar la entrada de la zona arqueológica.
En ese entonces, el ayuntamiento presentó una denuncia formal de dicho ilícito en contra de Felipe Ramírez González, pero hasta el momento no se ha visto ningún procedimiento ni el reparo de daños.
Posteriormente, el 23 de noviembre del 2016, también ordenó que se destruyera la parte de la acera recién remodelada para abrir espacio del estacionamiento del hotel “Acuario, cuya obra formaba parte también de la obra de embellecimiento del acceso principal de las ruinas.
Otro caso fue la demolición del camellón central ubicado en el tramo federal Tulum-Playa del Carmen, justamente enlaza la entrada principal de la zona arqueológica, y dicho retorno fue cerrado por las autoridades el elevado índice de percances automovilísticos que ahí se registraban.
El último suceso fue cuando en junio del presente año la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aportó nuevos elementos de prueba al Ministerio Público de la Federación, ante la reiterada conducta ilícita del propietario del hotel en mención por continuar la construcción de un desarrollo inmobiliario costero en el Parque Nacional Tulum, que había sido clausurado por esta institución en marzo pasado, al no contar con la correspondiente autorización en materia de impacto ambiental.
Ante estos antecedentes deja en manifiesto que el orquestador de estas acciones cuenta con el influyentismo de los tres poderes de gobierno, dado que no han procedido en su contra.