De la Redacción
BACALAR, 24 de octubre.- La impunidad envuelve procesos penales en los que se involucra a funcionarios estatales, siendo que aun cuando son claramente mencionados de estar relacionados con presuntos delitos de despojo, no han sido citados para comparecer.
Tal es el caso de Francisco Atondo Machado, funcionario de la Sedarpe señalado por testigos de formar parte de fraudes inmobiliarios que dañan la imagen de Bacalar y generan perjuicios a legitimos propietarios.
Cabe mencionar que el pasado 9 de octubre, un juez de control oral penal con sede en la ciudad de Chetumal, ordenó el cateo para realizarse en el predio ubicado en la Avenida 5 número 1219, del municipio de Bacalar, la cual tenía como finalidad realizar pruebas periciales de inspección, agrimensura y entrevista con la persona que habían dejado en el lugar, esto como parte de la investigación complementaria que se realiza en la carpeta de investigación FGE/QR/BAC/ATP/09/634/2017, iniciada por el delito de despojo.
Las diligencias realizadas en el cateo judicial fueron apoyadas por la Policía Municipal y la Policía Ministerial encargada del caso, la cual al rendir sus informes, ha confirmado que el predio en conflicto es propiedad del agraviado, las cosas que estaban en su interior fueron sustraídas y la pequeña palapa está siendo desmantelada, así mismo que el ofendido contaba con la posesión y el dominio pleno sobre el inmueble que hasta este momento no ha podido recuperar.
Esto aun cuando se ha comprobado que se mantienen invasores en el predio, éste no ha sido asegurado por la autoridad judicial, ni restituido al legitimo propietario, aun cuando la persona que lo despojó, Daniel V. B., se encuentra privada de su libertad y vinculada a proceso.
La persona de nombre Daniel V.B., en primer término vendió el predio con un documento de posesión pensando que era de su propiedad, y luego de defraudar a un empresario que le entregó más de un millón de pesos, para luego confirmar que no era el dueño y tuvo que realizar una nueva compra-venta con unas personas de Playa del Carmen, quienes tenían la legal propiedad.
Tras practicamente pagar el predio costero en dos ocasiones, el empresario fue doblemente agraviado por Daniel V.B., quien le invadió el terreno y se unió con abogados y políticos, quienes hasta ahora financían a las personas que ilegalmetne tienen la posesión del predio.
Los señalados son el abogado Mario Moran, una persona de nombre Lucio Lezama y Francisco Atondo Machado, funcionario del gobierno del estado, quienes se presentan como los supuestos dueños, y por ello son quienes pagan a las personas que están al interior del predio, según el expediente.
Ejemplo de ello, es la siguiente declaración ante el ministerio público “llegó al lugar una persona que dijo llamarse Francisco Atondo de aproximadamente 45 años, de 1.65 metros de estatura, de tez morena clara, diciendo que trabajaba en la Sedarpe, inclusive me dio una tarjeta…diciendome que era dueño del predio. Me dijo que él se haría cargo de pagarme mi salario y fue que solamente me pago una semana de las dos que me debían, pero al ver que pasaron dos semanas más sin pagarme, decidí dejar de trabajar para estas personas”, dice parte de la declaración de una de las personas que fueron contratadas para realizar la ocupación ilegal del predio.
Aun con este claro señalamiento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han llamado a comparecer al funcionario de la Sedarpe, ni al abogado que mantiene constantes reuniones con las personas señaladas de estas invasiones.
Lo grave es que hay señalamientos que hay más casos de este tipo en Bacalar, pues en la misma calle donde se encuentra el predio en conflicto, se documentaron situaciones similares que la parte afectada analiza dar a conocer a medios nacionales, ante el omiso actuar de las autoridades estatales.