El sistema penitenciario de Quintana Roo colapsó hace más de un lustro. Tras tres intentos por establecer un proyecto a largo plazo que solucionara el problema que se vive en las cárceles de la entidad, el gobierno federal nunca aceptó llevar a cabo ninguno de ellos, bajo el argumento de falta de recursos.
La estrepitosa falla va en la misma medida del abandono monumental de las autoridades federales hacia Quintana Roo, en donde nunca autorizaron el proyecto penitenciario acorde al crecimiento imparable de la población carcelaria. Y de forma grosera le restaron importancia.
El rechazo gubernamental federal originó que las cárceles de Cancún, Chetumal y Playa del Carmen se llenaran por completo de presos ligados a la delincuencia organizada y de paso se fuera por la borda el programa de Reinserción Social en el Sistema Penitenciario de Quintana Roo.
Para ejemplificar lo anterior basta con ir a las estadísticas manejadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El organismo sostiene que desde el 2010 a la fecha, el 20 por ciento de los presos que estuvieron dentro del programa regresaron a la cárcel por cometer delitos más violentos.
La cifra va acompañada también de una dosis de cruda realidad, pues precisamente en los últimos cinco años los penales han sido noticia principalmente por motines, asesinatos, venta de droga y el problema de sobrepoblación carcelaria, traducido en hacinamiento.
Dentro de este contexto de violencia, surgieron con mayor poder los “autogobiernos”, los cuales si bien ya existían desde tiempo atrás, se convirtieron en los últimos años en una extensión de la delincuencia que opera fuera de las rejas.
Para el profesor Antonio Romero Lajud, experto en temas de seguridad, el diagnóstico hecho de las cárceles de Quintana Roo, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, va más allá de haber reprobado el sistema penitenciario local.
El diagnóstico, dijo el especialista, demuestra cómo se abandonó por completo el tema de reinserción social y las cárceles de la entidad, por ende, se convirtieron en “infiernos” y bombas de tiempo.
Conforme al informe de la CNDH, los casos más graves donde se enfrentan estos problemas, se encontraron en la Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California, Zapopan (Jalisco), Guerrero, Tabasco y Nayarit, según el reporte.
El organismo concluyó que las acciones implementadas por el expresidente Felipe Calderón para combatir a los cárteles de la droga contribuyeron al problema, ya que el país no cuenta con la infraestructura carcelaria para la correcta custodia y clasificación de reos.
Penal de Cancún, obsoleto
En el caso de la cárcel de Cancún, el problema va más allá de que las instalaciones quedaron en medio de la mancha urbana, ya que las instalaciones han quedado rebasadas en todos los sentidos.
En primera instancia está el tema de capacidad. El Centro de Reinserción Social del municipio Benito Juárez fue construido para 900 personas, hoy en día tiene más de mil 800 reos. Y aunque se han realizado ampliaciones, nunca es suficiente.
Debido al grave hacinamiento, de 10 a 12 reos ocupan una misma celda y pasan las noches por medio de colgar hamacas, unas sobre otras y algunos duermen prácticamente en el piso, según las versiones de algunos familiares.
Además, por su cercanía con la periferia de la ciudad, los reos de la cárcel de Cancún tienen acceso a prácticamente cualquier cosa. Por lo general, lo más solicitado son las drogas, pero también las bebidas embriagantes, celulares, masajes y sexo servicios. Para esto, han recurrido a diversas estrategias para introducir lo que necesitan, en algunas ocasiones haciendo uso de su ingenio y en otros casos, existe la sospecha de la complicidad de algunos custodios.
En cuanto a las instalaciones se refiere, los cimientos de la cárcel han comenzado a deteriorarse a tal grado que los muros pronto no contendrán más delitos y tampoco reos.
Lo más peligroso es que actualmente existe una población de mil 300 presuntos delincuentes, acusados por delitos graves como el narcotráfico, asociación delictuosa, asalto con violencia, homicidio, violación, entre otros.
Por ello, la cárcel de Cancún representa el principal “foco rojo” para el gobierno de Quintana Roo, ya que pese a las modificaciones realizadas a su infraestructura y ampliar su capacidad, el riesgo cada día es más latente.