Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 25 de septiembre.- La bancada panista del Congreso del Estado “saluda con sombrero ajeno” y presume los logros alcanzados por el gobierno del estado, aunque sus resultados en materia legislativa dejan mucho que desear, ya que los actuales diputados han salido reprobados por ser caros, opacos e ineficientes.
Este día, en la sede del Poder Legislativo, los diputados de Acción Nacional ofrecieron una conferencia de prensa para destacar los avances a dos años de gobierno, presumiendo como uno de sus mayores logros el haber desmantelado el llamado “paquete de impunidad” de la pasada administración.
Sin embargo, los legisladores panistas fueron pieza clave para crear su propio “blindaje de impunidad”, luego de que fueran abiertamente criticados por los nombramientos a modo del Sistema Estatal Anticorrupción, envueltos en un cúmulo de irregularidades y hasta ilegalidades que dejaron ver la corrupción que tanto criticaron, al grado de que hubo denuncias con las que se buscó remover algunas de estas designaciones.
En su momento, se dijo que la conformación del Tribunal de Justicia Administrativa y otros nombramientos del Sistema Estatal Anticorrupción estuvieron plagados de irregularidades, nepotismo e ilegalidades, pues muchos de los cargos se dejaron para amigos, familiares y allegados de los diputados, de la coalición PAN-PRD y del propio gobierno del estado.
De hecho, haber desmantelado el “paquete de impunidad” fue el único logro que destacaron como parte de su labor legislativa tras estos dos años de gobierno, pero fuera de ello se limitaron a hablar sobre los logros y avances alcanzados por el gobierno del estado.
Uno de los temas que abordaron los legisladores panistas fue el de las finanzas más sanas, recordando que el gobierno estatal no ha contratado mayor deuda y que ha mejorado su situación financiera.
Con respecto a las comparecencias de los secretarios de estado, lo único que dijeron es que están trabajando al respecto y que pronto los citarán ante el Congreso del Estado, pero cuando se les preguntó sobre los funcionarios que han quedado a deber a los quintanarroenses, prefirieron ser evasivos y finalmente dijeron que tendrán que revisarlo.
Sobre el caso Aguakán
En la misma rueda de prensa el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, diputado Jesús Zetina Tejero, anunció el total respaldo a las acciones legales emprendidas por parte del Poder Ejecutivo en contra de la empresa concesionaria de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento Aguakán, que opera en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, por la afectación que causa a los usuarios y al estado, derivado del incumplimiento de los términos del respectivo contrato.
Acompañado de los diputados Fernando Levín Zelaya Espinoza, María Eugenia Solís Salazar, María Yamina Rosado Ibarra y Gabriela Angulo Sauri, Zetina Tejero manifestó que hoy se suman a las acciones legales emprendidas por el Ejecutivo, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA), para atender el reclamo de la sociedad de los municipios del norte donde opera la empresa concesionaria.
Recordó que desde el 2017 la CAPA, acorde a las líneas de acción que efectúa el Ejecutivo, siempre apegada a la legalidad, notificó en el mes de marzo a la empresa Aguakán sobre el inicio de procedimientos de fiscalización por medio de la Contraloría, mismos que en agosto pasado arrojaron datos que hacen estimar faltas a la transparencia por alrededor de 800 millones de pesos.
Abundó que aún faltan los resultados correspondientes a la fiscalización de 2017 y 2018, además de que durante el proceso de entrega-recepción de la administración estatal, se registró un faltante de un mil 55 millones de pesos que la mencionada empresa debió entregar al gobierno del estado y que no se registró en sus activos, sin que la anterior legislatura solicitara la transparencia de la transacción.
Los diputados culparon a la anterior XIV Legislatura por aprobar la renovación del contrato de concesión por este servicio a la empresa Aguakán hasta el año 2053, además de colocar “candados muy fuertes” para impedir su revocación, entre éstos, una penalización impagable que se calcularía en la suma de los ingresos totales que obtiene, multiplicados por los años que restan hasta llegar al 2053, lo que sin duda, no es la estrategia que seguirá el Ejecutivo estatal, quien agotará todos los recursos legales para llegar a una solución que beneficie a los usuarios, sin que esto cauce un daño patrimonial al estado.
De su parte, el legislador Fernando Levín Zelaya Espinoza estableció que lo importante en el tema es que desde el inicio de la administración el gobierno del estado está emprendiendo acciones en favor de los ciudadanos, derivado de las demandas sociales y el respaldo total y coadyuvancia a las acciones legales que refrendan los miembros del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso.
Agregó que el punto fundamental es que el gobierno del estado está llevando a cabo una estrategia jurídica apegada a la legalidad, “no es ni a gritos y sombrerazos como se solucionan los problemas, sino con pruebas contundentes y palpables, tal y como se está llevando a cabo el proceso, y es por ello el respaldo definitivo de la fracción parlamentaria del PAN, que dará seguimiento puntual hasta el final en que se determinen las respectivas responsabilidades, sean en materia civil, fiscal e incluso penal.