De la Redacción
CHETUMAL, 27 de septiembre.- Ante las irregularidades presentadas por las autoridades estatales, el propietario de un inmueble invadido en Bacalar recurrirá a amparos federales.
Lo anterior porque la última determinación de un juez de no restituirle su predio violenta el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El artículo 111, relativo al restablecimiento de las cosas al estado previo, establece que en cualquier estado del procedimiento, la victima u ofendido podrá solicitar al órgano jurisdiccional ordene como medida provisional cuando la naturaleza del hecho lo amerite, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que hayan suficientes elementos para decidirlo.
Este caso aplica al caso del empresario Saúl Rodolfo Gutiérrez Ramírez, quien a pesar de tener toda la documentación respecto a un predio costero del cual sufrió despojo, y el presunto autor del delito se encuentra en prisión preventiva vinculado a proceso, las autoridades de justicia no sólo permiten que hasta la fecha delincuentes mantengan la posesión del predio, sino que en el mismo se mantienen invasores que se ha confirmado lo siguen comercializando.
Durante la presente semana, se llevó a cabo la audiencia donde se abordó la restitución del predio al agraviado, pero sin argumentación que parece de complicidad con los invasores le fue negada la devolución del terreno al empresario.
Aun cuando está vinculado a proceso y en prisión preventiva, Francisco Daniel Vázquez Balam, alias “Dagos”, por despojar al señor Saúl Rodolfo Gutiérrez Ramírez del predio ubicado en la Avenida 5, también conocida como Costero de Bacalar Norte número 1219, entre las avenidas 40 y 42, el terreno continúa en manos de invasores que siguen buscando compradores con el fin de seguir sacando provecho económico de la plusvalía del predio, ubicado a la orilla de la Laguna de Bacalar.
En la carpeta de investigación de este despojo, se encuentran señalados funcionarios de la actual administración, entre ellos Francisco Atondo Machado, director zona norte de la Sedarpe, por lo que aparenta ser una red de delincuencia organizada para efectuar fraudes y despojos.
Es extraño que dentro de las diligencias que se realizaron para asegurar al sujeto, que primero defraudó por más de un millón de pesos y luego invadió el predio, no se incluyera el aseguramiento del terreno. Lo anterior estaría generando más perjuicios y delitos en este caso.