De la Redacción
CHETUMAL, 13 de febrero.- Mañana 14 de febrero se dictará sentencia en el juicio que enfrenta la extitular de la CAPA, Paula G.C., después de que el juez a cargo delibere de forma privada y libre. Los fiscales solicitaron una pena de 10 años de prisión y la reparación del presunto daño a las finanzas de la CAPA, por los más de un mil 55 millones de pesos, que supuestamente fueron transferidos de forma indebida hacia la Secretaría de Finanzas del Estado.
En una audiencia que duró aproximadamente 11 horas, se presentaron cuatro testigos: un perito forense contable que presentó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la propia acusada y dos peritos más que presentó la defensa, para robustecer el testimonio de la exdirectora general de la CAPA. Los fiscales continuaron con la triste demostración de su escasa preparación y conocimiento del expediente.
La audiencia observó la participación activa del director general de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, quien se encontraba en la mesa de los 5 fiscales y su asesor jurídico, así como un colaborador más.
El primer testigo Edgar E.C.P. presentó una serie de diapositivas ilegibles para el público, que supuestamente hacían referencia a documentos contables y bancarios, con los que el perito llegó a la conclusión de que la cantidad reclamada por la Fiscalía, efectivamente había sido parte del supuesto daño patrimonial.
Durante las preguntas de los fiscales hacia el perito forense, la defensa a cargo del abogado Baldomero M.L. objetó la mayoría de las intervenciones del numeroso equipo de fiscales, que de nueva cuenta fueron respaldadas por el juez.
Al finalizar con el primer testigo dio inicio una confrontación entre los abogados de ambas partes, debido a que el defensor acusó a los fiscales de mantener una actitud burlona y grosera durante la audiencia, lo cual no fue negado por los fiscales, únicamente argumentaron que el defensor tomaba la palabra en ocasiones sin consultar con el juez.
Después de un breve receso, la acusada Paula G.C. fue sentada en el banquillo de los testigos, cuya versión vertió con preguntas hechas por su abogado defensor. Durante este proceso se introdujeron al juicio alrededor de 7 documentos, algunos de manera parcial.
Durante ese tiempo, los integrantes de la mesa de la Fiscalía se mostraron molestos y nerviosos, sobre todo a la hora en que les eran entregados uno a uno los cerca de 7 documentos que fueron anexados al juicio.
Posteriormente, los dos peritos de la defensa fueron pasados al estrado por separado. Ambos testimonios tuvieron el fin de robustecer la declaración de la extitular de la CAPA. El primero de los declarantes con la intención de afianzar la procedencia del dinero y, el segundo, para avalar el destino, es decir, hacia el gobierno del estado.
Durante las intervenciones de los testigos de la defensa, la mesa de los fiscales fue reprendida por el juez, ya que se pasaban hojas y objetos que distraían y hacían perder la compostura a los participantes.
En tanto, el segundo perito de la defensa era cuestionado por los fiscales; Gerardo Mora Vallejo, actual director de la CAPA, en un acto de desesperación, ya que la mayoría de las preguntas de los fiscales era objetada por el abogado defensor y desechada por el juez, tomó el micrófono para hacer él mismo las preguntas.
Por lo anterior, el juez hizo del conocimiento del director de la CAPA que los errores le podrían ocasionar consecuencias en el resultado del juicio, lo cual pareció no tomar en cuenta.
Fue así como Mora Vallejo comenzó a realizar preguntas al perito, mismas que también fueron objetadas y seguidamente desechadas por el juez, ya que como las de los fiscales, carecían de las formas que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Al finalizar el desfile probatorio, el juez determinó un receso de una hora, a petición de ambas partes, con el fin de ingerir alimentos y continuar la preparación de sus alegatos.
Al reanudarse la sesión dieron inicio los alegatos de clausura que duraron cerca de dos horas y media, donde las partes dieron sus conclusiones y aprovecharon para recriminar parte de sus intervenciones.
De la misma forma, los fiscales solicitaron una pena de 10 años de prisión y la reparación del presunto daño a las finanzas de la CAPA, por los más de un mil 55 millones de pesos, que supuestamente fueron transferidos de forma indebida a la Secretaría de Finanzas del estado.
En tanto, la defensa enfatizó el hecho de que las acusaciones no se encontraban satisfactoriamente comprobadas y varios de los alegatos de la Fiscalía era pobres afirmaciones.
Finalmente, el juez anunció que la sentencia se daría a conocer este jueves a las 19:00 horas, en el mismo juzgado donde se ha venido desarrollando el juicio.