Por Karina Carrión
COZUMEL, 19 de febrero.- Representantes de diversos sectores de transporte municipal, externan su rechazo al artículo 125, de la Ley de Movilidad en Quintana Roo y piden la pronta activación de la representación del Instituto de Movilidad en Cozumel, antes Sintra, luego de que ésta dejó de operar desde el pasado mes de septiembre y hasta la fecha no existe autoridad alguna que regule a los transportistas con placas federales que operan en la localidad.
Arturo Payán, secretario del sindicato de taxistas “Adolfo López Mateos”; Lenín González Canto, presidente de la Unión de Permisionarios (Uniper); Manuel Alcocer Angulo, secretario de la Sociedad Cooperativa “Andrés Quintana Roo” y Román Tuyub, secretario del sindicato de volqueteros “Vicente Guerrero”, alzaron la voz para pronunciarse en contra del artículo 125, de la Ley de Movilidad, toda vez que consideran, no debe de tener más reformas, sino que incluso dicha ley, debe ya de aplicarse como está sin seguir modificándose a conveniencia de un grupo de transportistas foráneos.
En conferencia de prensa, los representantes de los diferentes transportistas de la localidad, dijeron el motivo del por qué están apoyando al sindicato de taxistas, porque en el caso de la Sociedad Cooperativa “Andrés Quintana Roo”, está padeciendo del impacto que se ha derivado de la Ley de Movilidad y de otros factores que los obligaron a reducir el número de unidades con las que operaban en el Aeropuerto Internacional de Cozumel.
En su caso, el representante de Volqueteros y de Uniper, coincidieron en que si bien, por el momento no tienen afectación alguna de manera directa, temen que ésta pudiera darse con la modificación al artículo 125, de la Ley de Movilidad, en la cual, se menciona una primera propuesta que específica que: “La prestación de servicios de transporte de pasajeros y carga, requieren un permiso expedido del Instituto de Movilidad, previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los derechos”, mientras que en una segunda propuesta detalla que, “la prestación de servicio público y privado de pasajeros y de carga, y de acuerdo a leyes de la movilidad, quienes no estén regulados como concesión federal, estatal o municipal, requerirá de un permiso expedido por el Instituto –de Movilidad-, previo cumplimiento de requisitos y del pago de los derechos”.
Asimismo, los líderes de las diferentes agrupaciones transportistas, hicieron pública su petición para la activación de la representación del Instituto de Movilidad en el municipio, confiando que éstos puedan ejercer su labor como lo indicará la misma ley, porque de lo contrario, dejaron ver la posibilidad de que harán lo necesario para evitar que las transportadoras de placas federales continúen “haciendo de las suyas”, expresaron.