De la Redacción
PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD, 26 de marzo.- Por el cúmulo de presuntas irregularidades en que incurren los desarrolladores del complejo turístico Puerto Aventuras Beach, Marina & Golf Resorts, al impedir el libre tránsito a los residentes condicionándolos al pago de un “pasaporte” expedido por la asociación COVENANT constituido apenas en marzo de 2018, entrando en operaciones el 15 de mayo del mismo año, con el burdo argumento que se trata de fraccionamiento privado, así como cobro de 20 dólares a cada turista o pescador deportivo, al cual se le presten servicios embarcando en la marina, el propietario de la embarcación paga por el uso; colonos, restauranteros y empresarios náuticos, nuevamente exigieron la intervención del gobierno municipal para retirar la caseta de vigilancia ubicado en el acceso donde se cometen estos abusos, porque es la autoridad competente para solucionarlo.
El pasado dos de febrero este diario publicó oportunamente el estallido del conflicto de la Asociación de Colonos de Puerto Aventuras contra la COVENANT, ya que los residentes se manifestaron de forma pacífica en la entrada del complejo turístico ubicado en la carretera federal Playa del Carmen-Tulum, 20 kilómetros al sur de la cabecera municipal, externando su molestia porque les niegan el acceso a sus casas, por no pagar la tarifa para usar el control de la pluma, así como otros servicios, impuestos por la COVENANT que dicen ser los administradores, desplazando a Asociación de Colonos; al lugar se presentó la alcaldesa Laura Beristain Navarrete, quien pidió a los inconformes mantengan el orden y la paz, solicitando una semana para darle una solución al problema luego de dialogar con los representante de ambas partes.
A casi dos meses, el gobierno municipal de Solidaridad no ha resuelto el problema, de acuerdo a los colonos propiciado por Román Rivera Torres desarrollador del proyecto turístico Puerto Aventuras Beach, Marina & Golf Resorts, y ante la intransigencia de cobrarles por entrar a su casa, a través de la asociación COVENANT que él mismo creó, decidieron abrir un camino de acceso alterno en las cercanías del paso peatonal; sin embargo, mediante el empleo de maquinaria pesada, el empresario mandó a bloquearlo nuevamente, por lo que exigen la intervención de las autoridades del Ayuntamiento, porque el empresario está incurriendo en el delito de despojo.
Los afectados expusieron que de acuerdo al Código Penal del Estado obstaculizar con cualquier medio el acceso a una propiedad a quien tiene derecho en hacerlo es delito penal de despojo, y con las medidas impuesta por la asociación COVENANT está incurriendo en este delito, porque limitando el acceso a los propietarios y/o inquilinos en el complejo turístico, y exigir ficharlos, grabarlos o registrarlos para acceder a su propiedad, pero también se puede extender a los ciudadanos que quiere ir a disfrutar de la playa, de la marina, de los negocios, hoteles y tiendas de uso público que están adentro del fraccionamiento.
Otras de las graves irregularidades que presuntamente comete Román Rivera Torres es la de aplicar un cobro de 20 dólares a cada turista o pescador deportivo al cual se le presten servicios en la marina; sin embargo, al parecer, cuenta con la protección de las autoridades porque no se actúa en su contra.