De la Redacción
CHETUMAL, 9 de mayo.- El secretario de la Contraloría, Rafael Del Pozo Dergal, que desde el inicio de la administración emprendió una cacería de exfuncionarios realizando investigaciones patrimoniales, de manera incongruente simplemente es “ciego” ante los funcionarios del gabinete actual, a pesar del evidente enriquecimiento que ostentan.
El lujo y las excentricidades que envuelven la nueva casa del oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, se localizan apenas a tres cuadras de distancia de la Secretaría de la Contraloría.
Sin embargo, Rafael del Pozo Dergal se ha convertido en “tapadera” de irregularidades de la actual administración estatal. Diversos casos muestran que las funciones de la Secretaría de la Contraloría siguen siendo condescendientes con el actual gobierno, a diferencia de la celeridad, presión y persecución de los funcionarios de la pasada administración, a los cuales hasta su patrimonio les investigaron.
Ejemplo de la complicidad entre la Secoes y la Oficialía Mayor a cargo de Manuel Alamilla Ceballos fue el caso de la Comercializadora Adicon SA de CV. Siendo que la Secoes cerró la etapa de investigación sin haber comprobado que la Oficialía Mayor acredite el cobro de 12 millones de pesos, que le impuso como multa a la empresa por las irregularidades en la licitación relacionada con la confección de alrededor de 222 mil uniformes escolares, por lo que el gobierno del estado pagó 104 millones de pesos en 2017, lo cual fue denunciado por la organización civil Somos tus Ojos-Transparencia por Quintana Roo.
Durante el procedimiento de investigación, los denunciantes requirieron que la Secoes realizara diversos actos de investigación, así como que solicitara a la Oficialía Mayor que acreditara que a la empresa Comercializadora Adicon se le había cobrado la pena convencional por 12 millones 135 mil 443 pesos con 24 centavos, derivado de su incumplimiento en la entrega puntual de los uniformes y de acuerdo a lo pactado en el contrato.
Sin embargo, el coordinador de investigación de la Secoes, Manuel Omar Parra López, cerró la etapa de investigación sin haberse allegado de esta prueba y, con base en ello, calificó de no graves las faltas en las que incurrieron los funcionarios de la Oficialía Mayor, aseverando que no había existido un daño patrimonial.
Lo anterior a pesar de que los cuatro funcionarios de la Oficialía Mayor señalados por faltas administrativas, no lograron acreditar que Comercializadora Adicon SA de CV había pagado los más de 12 millones de pesos de pena convencional, que se le impusieron por haber incumplido con la entrega de los uniformes escolares en el plazo establecido en el contrato.
Para mostrar el grado de complicidad de la Secoes, concluyó que la Oficialía Mayor sólo incurrió en omisiones que se limitan a la “incongruencia y falta de precisión en las bases del procedimiento de la licitación pública nacional” y “falta de uniformidad entre las bases de procedimiento de licitación y el contrato celebrado”, por lo que de comprobarse las mismas, los funcionarios únicamente podrían ser acreedores de sanciones calificadas como no graves, que pueden ser: amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión (de uno a treinta días naturales), destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas (ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder un año).
Lo anterior mostró la doble cara de Del Pozo Dergal, quien persigue a exfuncionarios estatales por “irregularidades” detectadas en su evolución patrimonial. Es decir, por un lado quiere ser implacable y por el otro totalmente complaciente cuando se trata de funcionarios de la actual administración.
Ejemplo claro de ello es que la Secoes obtuvo información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como del registro de bienes en México y en el extranjero de exfuncionarios públicos, para denunciarlos por su evolución patrimonial, pero no sucedió lo mismo con un subalterno de Rafael del Pozo Dergal y no sucederá lo mismo para Manuel Alamilla Ceballos.
Y es que en las narices del titular de la Secoes, su subalterno Wilbert Aarón Romero Suárez, quien con supuesto sueldo mensual de 10 mil pesos presumía recorrer el mundo, cual “magnate”, y evidentemente protegido porque tanto viaje evidencia ausencias laborales.
Wilbert Aarón Romero Suárez fue señalado de enriquecerse mediante el turbulento negocio de la entrega de placas con documentos apócrifos, del cual es señalado de cómplice el propio titular.
Desde la Sintra y la Secoes se triangulaban con sindicatos taxistas para entregar concesiones con firmas falsas del exgobernador a cambio de millones de pesos, situación que no dejó a ningún funcionario cesado ni sancionado por la corrupción promovida desde la Contraloría estatal.
Cabe recordar que la dependencia a cargo de Del Pozo Dergal ya había quedado en evidencia por no actuar ante evidentes señales de irregularidades de funcionarios públicos de la presente administración, que tuvieron que ser exhibidas a nivel nacional ante una Secoes envuelta en complacencia y complicidad.
Ahora, el cuestionado oficial mayor del gobierno del estado, Manuel Alamilla Ceballos, quien es “nuevo rico” en Chetumal, construye una vivienda que al concluir tendrá un valor de alrededor de 10 millones de pesos. Lo anterior muestra que ha utilizado el puesto de servidor público para enriquecerse y para favorecer a sus familiares, situación que ha pasado por alto la Secretaría de la Contraloría, encabezada por Rafael del Pozo Dergal.
Alamilla Ceballos ha sido señalado de nepotismo, corrupción, venta de plazas al interior de la administración y conflicto de intereses, entre otras irregularidades, pero se mantiene inamovible en la Oficialía Mayor.