De la Redacción
CHETUMAL, 14 de mayo.- Tras 14 horas de audiencia, siendo las 4 y media de la mañana, un juez de control vinculó a proceso al exgobernador Roberto B. A. por el delito de aprovechamiento ilícito del poder.
Se determinó que el exgobernador incurrió en conductas delictivas al indicar a sus subalternos en el Consejo Directivo VIP Saesa, para que suscribieran contratos de prestación de servicios de taxi aéreo sin realizar un proceso de licitación.
Aunque no estuvo presente físicamente, Roberto B. A. vio el desarrollo de la audiencia por videoconferencia desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.
Además de la vinculación a proceso, el juez determinó una medida cautelar de prisión preventiva de hasta dos años; sin embargo, el representante social y la defensa acordaron que la investigación complementaria concluya en dos meses, por lo que se espera que en alrededor de tres meses se dicte sentencia.
Esto independientemente de que la defensa ha anticipado que se amparará en contra de la determinación del juez, al considerar incongruentes los alegatos e infundada la teoría del caso para determinar la vinculación a proceso.
Como se recordará, la imputación es referente a la carpeta administrativa 151/2017, correspondiente a supuestas irregularidades cometidas mediante la paraestatal VIP Saesa.
El juez de control escuchó los alegatos de la defensa y de la representación social respecto a las acusaciones en contra del exgobernador, en donde la representación social renunció a su imputación por desempeño irregular de la función pública y se centró en una nueva por aprovechamiento ilícito del poder.
Entre fallas técnicas y constantes recesos se efectuó la audiencia en contra del exgobernador Roberto B. A., acusado de aprovechar su cargo para imponer contratos de renta de aeronaves de la paraestatal VIP Saesa.
Ante el juez Daniel Esteban Farah Godoy se expusieron los hechos por parte de la Fiscalía, en los que acusaron al exgobernador de aprovechamiento ilícito del poder, en el sentido de ordenar a los miembros de la junta directiva de la paraestatal VIP Saesa, la contratación de la empresa Aerotaxi Villarrica para la prestación del servicio de taxi aéreo en dos asambleas realizadas, la primera en 2011 y otra más en 2013.
Sin embargo, la defensa manifestó incongruencias en los alegatos de los fiscales, pues en un principio la acusación era que se contrataron y pagaron servicios que no se realizaron, pero que posteriormente se comprobó que sí se efectuaron.
Al acabarse ese alegato, la Fiscalía añadió la imputación respecto al aprovechamiento ilícito del poder; sin embargo, la defensa consideró que no se cumple con tal señalamiento, siendo 12 personas las que firmaron las asambleas de donde emanaron los contratos y que se maneja el supuesto de que Roberto B. A. obligó a los involucrados a celebrar los negocios, pero en ninguna de las testimoniales de Carlos A. G. ni de Javier Z. G. existe alguna aportación del modo en que se realizaba esta “presión”, pues no se menciona amenaza física, moral o de despedir a quien se opusiera.
Asimismo, ambas partes discutieron sobre la prescripción del mismo, en el que la parte acusatoria manifestó que no debe contarse el tiempo en el que el exgobernador tenía fuero por el cargo, pero la defensa rebatió que esas reformas legales fueron posteriores a los hechos y presuntos delitos que obran en el expediente en cuestión.
Cerca de la medianoche terminó la discusión, por lo que se decretó un último y siendo las 2:30 de la mañana reanudó la audiencia, y alrededor de las 4 de la mañana el juez determinó la vinculación del exgobernador.