De la Redacción
CHETUMAL, 19 de junio.- Con total cinismo, el presidente de la Gran Comisión, diputado Eduardo Martínez Arcila, continúa recurriendo a las mentiras para sostener la imposición del actual contralor interno a la XVI Legislatura, con el objetivo de cubrirse las espaldas contra investigaciones internas en materia anticorrupción.
En entrevista con representantes de algunos medios de comunicación, el flamante diputado reelecto afirmó que el actual titular del órgano interno de control del Poder Legislativo fue nombrado por un período de 4 años como consecuencia de las reformas que establecieron el Sistema Anticorrupción, y que al momento de que entre en funciones la XVI Legislatura apenas habrá cumplido 2 años en el cargo, por lo que tendrá que continuar en el puesto otros 2 más.
Asimismo, con el argumento de que el funcionario tiene que cumplir el período para el que fue nombrado, Martínez Arcila advirtió que los nuevos diputados no podrán removerlo libremente, sino sólo por faltas graves a la ley.
Sin embargo, lo anterior es otra flagrante mentira del presidente de la Gran Comisión en su afán de sostener su “blindaje de impunidad”, pues la realidad es que la reforma de 2017 que elevó a Jorge Rejón Chan al rango de titular del órgano interno de control del Congreso no puso un período de gestión delimitado al cargo, sino que el tiempo de 4 años apenas se introdujo en la nueva Ley Orgánica que se publicó el pasado viernes 14 de junio, y esa parte de la norma todavía no está vigente, pues entrará en vigor a partir de septiembre próximo, cuando se instale la XVI Legislatura.
De hecho, en la reforma del 2017 los mismos diputados de la XV Legislatura consideraron que no procede establecer un tiempo de gestión al contralor interno del Congreso, porque la Constitución del Estado no contempla temporalidad para dicho funcionario y además ni siquiera establece la figura de un contralor interno para el Poder Legislativo, a diferencia de lo que sí ocurre con el caso de los órganos autónomos.
En otras palabras, es falso que en 2017 Jorge Rejón Chan haya sido nombrado por 4 años en el cargo de contralor interno, pues cuando se le dio ese rango tal período de gestión no existía, y hasta la fecha no existe, porque la nueva ley que ahora lo incluye todavía no está vigente, siendo además innecesario por no estar establecido en la Constitución local.
En otra mentira de Eduardo Martínez Arcila en su última declaración dice que no está realizando una nueva designación de contralor interno para imponérselo a la XVI Legislatura.
Sin embargo, en el decreto 302 sí se realiza una nueva designación para el contralor interno, pues por la misma razón de que el titular en funciones no tiene nombramiento por un tiempo específico en el cargo, el diputado y su equipo tuvieron que establecer que se le designa, ahora sí, por un tiempo delimitado, al introducir a escondidas el artículo octavo transitorio en la nueva Ley Orgánica.
Así lo dice textualmente el artículo transitorio: “El titular del Órgano Interno de Control que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, quedará designado por el tiempo que establece el artículo 137 de esta Ley, concluyendo su encargo el 28 de marzo de 2022”.
El artículo 137 a que se refiere este transitorio es el que ahora establece que el contralor interno estará en su cargo 4 años, pero el artículo apenas fue introducido en la nueva Ley Orgánica publicada el 14 de junio, y como ya se mencionó, todavía no entra en vigor, pues lo hará luego de que tomen posesión los nuevos diputados a inicios del mes de septiembre.
No opera para contralor
del Congreso tiempo
de 4 años
El Órgano Interno de Control es responsable de la fiscalización, auditoría, control y supervisión de las áreas administrativas, así como investigar y calificar actos que puedan resultar en faltas y hasta delitos cometidos por los servidores públicos del Poder Legislativo, por lo que tener un funcionario a modo en ese cargo durante dos años y medio de la próxima Legislatura es de crucial importancia para Eduardo Martínez Arcila en el propósito de cubrirse las espaldas, porque hay serios señalamientos de irregular manejo de recursos públicos en la XV Legislatura que él encabeza.
Esto se debe a que el Órgano Interno de Control deberá calificar la entrega-recepción de la Gran Comisión encabezada por Martínez Arcila, la cual además se disuelve por efecto de la reforma que creó la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por lo que desea tener un funcionario a modo como encargado de auditarle sus cuentas, lo mismo que a la Oficialía Mayor, que también desaparece para dar lugar a una Secretaría General, y a la Dirección de Gestión y Apoyo a la Comunidad, encargada de las manoseadas “ayudas sociales”, que se transformará en Dirección de Atención Ciudadana.
En todos despachos del gobierno interno y la administración del Congreso del Estado hay serios señalamientos de malos manejos de recursos públicos, por lo que ésta es la principal razón por la cual Eduardo Martínez Arcila quiere imponer a la XVI Legislatura la continuidad del actual contralor interno mediante una argucia legal.
Sin embargo, las intenciones de Martínez Arcila se enfrentan al problema de que Jorge Rejón Chan originalmente fue nombrado titular del órgano interno de control sólo para el período de la XV Legislatura, de la misma manera que los demás directores de área del Congreso, que tampoco tienen establecido un tiempo determinado de gestión y concluyen en sus cargos al finalizar el de los actuales diputados.
Otro problema para las intenciones del diputado presidente de la Gran Comisión es que los propios diputados de la XV Legislatura establecieron que la situación de ese cargo se mantuviera así, pues cuando aprobaron la regulación de los órganos internos de control dictaminaron que no aplicaba establecer un tiempo de gestión al titular del órgano del Congreso del Estado, argumentando que dicha configuración no se encuentra establecida en la Constitución del Estado, la cual ellos mismos habían modificado antes para introducir los lineamientos del Sistema Estatal Anticorrupción.
El actual contralor interno fue nombrado con base en el artículo 105 Ter de la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo, que estará vigente todavía hasta principios de septiembre, y en dicho artículo no se establece tiempo de gestión al cargo.
Dicho artículo sólo dice que el titular será nombrado por la Gran Comisión, establece los requisitos que debe reunir y que no podrá ejercer otro empleo.
Este artículo fue introducido en la Ley mediante reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de julio de 2017, y en el propio dictamen de la misma los diputados de la XV Legislatura consideraron que no debía ponerse un tiempo de gestión al contralor interno del Congreso, a diferencia del caso de los contralores de los órganos autónomos.
Dice el dictamen: “Tratándose del titular del órgano interno de control del Poder Legislativo, se considera necesario prescindir del plazo de duración en el cargo y de las causas de remoción, en virtud de que dichos supuestos no se encuentran establecidos en las disposiciones constitucionales locales, pues éstos sólo operan para los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos”.
De hecho, la Constitución del Estado no contempla la figura de órgano interno de control para el Poder Legislativo, pues los diputados de la XV Legislatura no consideraron necesario incluirla al momento de crear a los contralores internos de los órganos autónomos como el Ieqroo, el Teqroo, la Comisión de los Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia.
Así pues, queda claro en el dictamen de la reforma de 2017 que la intención de la XV Legislatura era tener un contralor interno que concluyera su encargo al mismo tiempo que ella finalice su gestión legislativa, y al menos así se mantenía cuando se aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues el tema de fijar por 4 años el período de duración del cargo nunca se propuso en las iniciativas que se analizaron en 2018, ni se mencionó en el dictamen de la reforma y tampoco se tocó durante la reunión de la Comisión de Puntos Legislativos donde se aprobó el proyecto, la cual fue presidida por Eduardo Martínez Arcila.
Todo indica que las elecciones del pasado 2 de junio, cuando resultó que Morena y sus partidos tendrán la mayoría en la XVI Legislatura, fueron el detonante para que Eduardo Martínez Arcila buscara protegerse las espaldas e introdujera de manera ilegal la disposición de imponer por casi 3 años más al actual contralor interno, mediante una manipulación del decreto de la nueva Ley Orgánica, pues pesan sobre su gestión serios señalamientos de malos manejos de recursos públicos.
Por lo mismo, es otra falsedad más del presidente de la Gran Comisión cuando afirma en su última entrevista que no hay algo en la nueva ley que se haya incluido que no se haya hablado el día de su aprobación, y que allí está el video, porque la misma grabación muestra que no se abordaron tanto el tema del contralor interno como el del oficial mayor al que quiere dejar un mes más.
Pero a pesar de que es notoria la irregular designación por 4 años que pretende hacer del contralor interno mediante un artículo transitorio, Martínez Arcila se engalla y afirma que la XVI Legislatura no podrá removerlo libremente del cargo, sino sólo por violaciones graves a la ley.
Y además insiste en que el contralor interno apenas tiene dos años en el cargo, y que al entrar la nueva legislatura le faltarán por cumplir otros 2.
Sin embargo, la pretensión del artículo octavo transitorio no sólo es designar al actual contralor interno para un período que dure hasta el 2022, sino mantenerlo en esa posición por un tiempo mayor a los 4 años que supuestamente delimita la nueva ley, ya que Jorge Rejón Chan fue elevado al rango que ostenta en julio de 2017, también mediante un artículo transitorio, por lo que con esta nueva designación se le prolonga en el cargo por casi 5 años.
Pero si se toma en cuenta que Jorge Rejón Chan era auditor interno del Congreso desde noviembre del 2016, resulta que la imposición que se pretende con el artículo octavo transitorio de la nueva Ley Orgánica prolonga la gestión de este funcionario en labores de contraloría interna por 5 años 4 meses.
La gestión de Jorge
Rejón Chan
El actual contralor interno del Poder Legislativo es Jorge Alberto Rejón Chan, político cercano al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio; está en esas funciones desde el 16 de noviembre del 2016, y de ser el que se encuentre en funciones al inicio de la XVI Legislatura en septiembre próximo, será la segunda vez que los actuales diputados lo ratifican en el cargo, sólo que en esta ocasión será para imponérselo a los legisladores siguientes por un tiempo delimitado que termina en marzo del 2022, es decir, seis meses antes de que finalice la próxima Legislatura.
Cuando Rejón Chan asumió su encargo era como Director de Auditoría Interna del Poder Legislativo; pero una reforma a la Ley Orgánica aprobada el 14 de julio del 2017 y publicada en el Periódico Oficial el 19 de julio del mismo año cambió la denominación de la Dirección de Auditoría Interna por la del Órgano Interno de Control, con rango de órgano con autonomía técnica interna.
Esa fue la primera ratificación en el cargo de Jorge Alberto Rejón Chan, pues el mismo decreto estableció, en su tercer artículo transitorio, que: “A la entrada en vigor del presente decreto, quien se encuentre ejerciendo las funciones de contraloría interna del Poder Legislativo asumirá las funciones del órgano interno que se crea, hasta en tanto se realiza la designación del Titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo del Estado”.
No se nombró a un nuevo titular, y a partir de enero del 2018, Jorge Alberto Rejón Chan ya comenzó a aparecer en los documentos del Poder Legislativo con la nueva denominación de su cargo, el de titular del Órgano Interno de Control.
En este puesto se desempeña todavía, y de no realizar la actual Legislatura el nombramiento de un nuevo contralor, Jorge Rejón Chan queda designado en su cargo por casi tres años más con el decreto de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se publicó después de cinco meses y medio de estar oculta.
En este sentido, el contralor interno lleva en esas funciones 2 años y medio, y con la disposición establecida se extendió su período a 5 años y 4 meses, sólo que heredado a la próxima Legislatura, a la cual se le pretende impedir removerlo libremente con esta argucia, así como evitar que nombren un contralor propio sino hasta seis meses antes de terminar su gestión.
Por todo lo anterior es que la imposición de contralor interno a la XVI Legislatura, junto con la de sostener un mes más al Oficial Mayor, el panista Gerardo Martínez García, se convierten en el “blindaje de impunidad” para los integrantes de la XV Legislatura, pero principalmente para el diputado Eduardo Martínez Arcila, pues están señalados de graves irregularidades en el pago de asesores, contratos para allegados y amigos, así como desvíos de “ayudas sociales” y alteración de documentos oficiales, por lo que a toda costa busca protegerse contra investigaciones internas anticorrupción, luego de encabezar durante 3 años una gestión en la Gran Comisión marcada por el manejo irregular de recursos públicos y el dispendio.