Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 4 de junio.- En graves omisiones e ilegalidades incurre la Gran Comisión del Congreso del Estado, a cargo del diputado panista Eduardo Martínez Arcila, quien mantiene “desaparecido” el dictamen mediante el cual se elimina la figura de la Gran Comisión, ya que a medio año de haberlo aprobado éste no se encuentra publicado en la página del Poder Legislativo y tampoco ha llegado a manos de los diputados, al igual que no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Al respecto, el abogado Benjamín Vaca, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en los órganos electorales, dijo que esta grave omisión no sólo viola las leyes de transparencia, sino que también deja el camino libre para modificar este dictamen a modo y a favor de quienes hoy tienen el poder político y económico del Poder Legislativo, pues existen antecedentes de que se han cambiado decretos de manera irregular después de que fueron aprobados.
Se trata del dictamen de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el cual fue aprobado y decretado por la XV Legislatura el pasado 29 de diciembre de 2018, pero que a la fecha permanece oculto por órdenes de la Gran Comisión que encabeza el diputado Eduardo Martínez Arcila, en franca y abierta violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que en su artículo 94 establece la obligación de publicarlo en la página de internet del Congreso del Estado luego de que su aprobación en el pleno.
Tal es la violación que no sólo no se ha publicado en internet el dictamen aprobado, sino que tampoco el dictamen subido en la orden del día, ni al diario de debates ni la versión estenógráfica de la sesión de este día, con tal de que el público no conozca el contenido de tan relevante reforma.
El dictamen implica la desaparición de la Gran Comisión del Congreso del Estado, actualmente controlada por el diputado panista Eduardo Martínez Arcila, con lo que se daría paso a la creación de una Junta de Gobierno y Coordinación Política, con el objetivo de reconocer la pluralidad de todas las fuerzas políticas y garantizar su participación en la toma de decisiones.
Desaparecer la Gran Comisión fue un compromiso que asumieron en campaña las diputadas y diputados de la XV Legislatura, tras considerar que es un órgano obsoleto para el control del Poder Legislativo, ya que su uso se había limitado a servir los intereses políticos y económicos de los gobiernos en turno.
Desde la Gran Comisión encabezada por Eduardo Martínez Arcila se han cometido un cúmulo de anomalías, ilegalidades y actos de corrupción para beneficiar a los diputados que hoy la controlan, así como a sus partidos políticos y también al gobierno estatal; desde impulsar nombramientos a modo en diferentes cargos de la administración pública, hasta usarse como una herramienta de revanchismo político en contra de exfuncionarios, ponerse un injente presupuesto para el uso discrecional de la XV Legislatura, favorecer a sus allegados con contratos millonarios en proyectos del Poder Legislativo, el turbio manejo de las “ayudas sociales”, así como los fines político-electorales de varios diputados que se han consolidado en el poder y ahora no quieren soltarlo, incluso algunos que lograron catapultarse a mejores puestos de representación popular.
Por estos motivos se aprobó el dictamen de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante el cual se propuso eliminar la figura de la Gran Comisión, pero ya pasaron 6 meses y éste se encuentra desaparecido, la mayoría de los diputados desconocen su paradero y nunca se les envió a sus respectivos correos electrónicos, a pesar de que lo aprobaron
Al darse cuenta de esta grave omisión e ilegalidad, algunos diputados del PRI y PVEM solicitaron el dictamen al área de Proceso Legislativo, donde les dijeron que el documento se tiene bajo “resguardo”, pero que no se los podían entregar porque no lo ha autorizado el presidente de la Gran Comisión, el diputado panista Eduardo Martínez Arcila.
El que también interpuso su queja fue el abogado Benjamín Vaca González, quien denunció la “desaparición” o no publicación del decreto número 302, precisamente el que trata de la desaparición de la figura de la Gran Comisión, pero que desde hace 6 meses no aparece en la página de internet del Poder Legislativo o se mantiene oculto en el Congreso local.
De hecho, el documento referido fue el único que no se publicó en el acta del orden del día de la sesión del 29 de diciembre de 2019 subida a a la página oficial de internet del Congreso, pues están los demás documentos de un total de 14 puntos atendidos, pero no así el dictamen con minuta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Durante dicha sesión, el documento se anexó a las tabletas electrónicas de cada legislador, pero esa fue la única ocasión en que pudieron consultarlo, ya que posteriormente se ocultó y a la fecha se les ha negado física y digitalmente a quienes lo han solicitado.
De la misma forma, el decreto 302 no aparece en la página de internet del Poder Legislativo, y si uno revisa la sección de “decretos y declaratorias” podrá darse cuenta de que hay un salto entre el decreto 301 y 303, sin que exista el 302.
De todas estas irregularidades es responsable el diputado presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, pero también incurren en responsabilidades la directora de Proceso Legislativo, Brenda San Román Ovando, y el titular de la Unidad de Transparencia, Hassan Medina.
Y es que de acuerdo con las obligaciones de información, está establecido que deberán estar públicas en internet de manera permanente y actualizada las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que han pasado por el pleno.
Además, la obligación en el Poder Legislativo es que sean publicados en internet los dictámenes y los acuerdos aprobados en el Pleno; así como los decretos legislativos.
Al respecto, el abogado Benjamín Vaca dijo que esta grave omisión no sólo viola las leyes de transparencia, sino que también deja el camino libre para modificar este dictamen a modo y a favor de quienes hoy tienen el poder político y económico del Poder Legislativo, pues existen antecedentes de que se han cambiado decretos de manera irregular después de que fueron aprobados.
Esto genera sospechas de que el ahora presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, pueda ordenar la ilegal modificación del dictamen para favorecer a su bancada en la próxima XVI Legislatura, que sólo tendrá cuatro diputados panistas frente a una mayoría de 14 legisladores que le corresponderían a la coalición del Morena-PT-PVEM.
Añadió que el decreto 302 no aparece en la página oficial del Congreso local y hay dilación en la entrega digital en Transparencia, por lo que fácilmente podría ser cambiado al no tenerse acceso al documento original que se aprobó, el cual debió hacerse público a más tardar a inicios de enero del año en curso, pero a la fecha se mantiene “desaparecido”.
Benjamín Vaca manifestó que un decreto de este tipo se puede guardar durante algunos meses, para después publicarse ya con los resultados de la elección y así modificarlo a modo, de ahí la importancia de las leyes de transparencia que obligan a hacerlo público luego de su aprobación, para evitar que algo así suceda.