Por Eva Murillo
El proyecto hotelero y residencial La Ensenada, planeado para ocupar 36 parcelas y predios del ejido Holbox, impulsado por Península Maya Developments, es un monstruo dormido que desde el 2012 amenaza la estabilidad ambiental de la Isla Grande, pero que los inversionistas buscan despertar a través de juicios de amparo contra las restricciones de construcción que existen en esa área natural desde el 2018.
La Ensenada es un proyecto que incluye tres hoteles de hasta 195 cuartos cada uno, 872 residencias, una unidad turística con plazas comerciales, oficinas, un centro de interpretación, un puerto interior, canales de navegación y helipuerto.
Fue planteado como un proyecto que promueve la preservación a través del turismo sustentable y basado en la naturaleza, por Península Maya Developments, propiedad de personas de Yucatán y del Distrito Federal, según consta en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ingresada a la Semarnat en 2012.
Tras dos años de revisión, un exhorto del Senado a revisar a fondo el proyecto, una consulta pública, una reunión pública para que los promoventes presentaran el proyecto, y antes de que la Semarnat concluyera la evaluación de la MIA, finalmente el 5 de junio de 2014 el promovente presentó un aviso de desistimiento de la autorización de los estudios ambientales, por lo que no se supo si la instancia federal habría desechado o aprobado La Ensenada.
A pesar de que los inversionistas pusieron a dormir este monstruo de desarrollo turístico, el temor de que sea retomado permaneció en un grupo de holboxeños, pues no se creyeron que los empresarios hubiesen decidido no realizar el ambicioso proyecto, según lo manifestaron en una reunión con integrantes del Senado en el 2014.
Tres años después, el 21 de febrero de 2017, quedó instalado el Consejo Asesor de Yum Balam, presidido por Alejandro Valdés Guzmán, en representación del sector social, pero sobre todo de Península Maya Developments, impulsara del proyecto La Ensenada.
Desde esa fecha, los integrantes del Consejo sostuvieron reuniones periódicas con las autoridades federales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para crear un programa de manejo que llenara las expectativas de desarrollo y de conservación ambiental, pues ejidatarios y empresarios consideraron que la propuesta que hizo el gobierno federal en 2016 era extremadamente limitante.
Un año y medio después, y al no llegar a un acuerdo, fue contratada la empresa canadiense Stantec a la cual le pagaron 11 millones de pesos, para que realizara un estudio y determinara la cantidad de habitaciones que aguanta la Isla Grande. Trascendió que el costo fue asumido por el grupo empresarial representando por el presidente del Consejo Asesor de Yum Balam.
El resultado de los estudios de Stantec fue que podían hacerse nueve mil habitaciones en Isla Grande y 12 mil en la zona costera de Chiquilá, pero el 5 de octubre de 2018 la Conanp publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el programa de manejo de Yum Balam, en el que especificó que sólo podrán hacerse 800 palafitos.
Antes de que se cumpliera el mes, una lluvia de amparos fueron iniciados por los grupos de ejidatarios y los empresarios desarrolladores, buscando dejar sin efecto el programa de manejo y asentar ambiciosos proyectos hoteleros, como La Ensenada, en la Isla Grande.