Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 11 de febrero.- Este día fue presentada la denuncia contra tres funcionarios municipales por delitos contra el medio ambiente y la fauna.
El abogado Héctor Pérez Rivero procedió penalmente contra la directora de Salud, María Fernanda Aguilar Ayala; Medio Ambiente y Ecología, Alondra Martínez Flores, y contra el titular de Servicios Públicos Municipales, Elías Rueda, al considerar que no han tomado las acciones para contrarrestar los efectos negativos de la inadecuada operación del basurero de Chetumal.
En la carpeta de investigación FGE/QROO/OPB/02/764/2020 quedó asentada esta denuncia por delitos contra el ambiente y la fauna.
La denuncia tiene su fundamento en el artículo 179 fracción II y IV del Código Penal del Estado de Quintana Roo.
De tal manera, tres miembros del gabinete de Otoniel Segovia Martínez han sido denunciados por la vía penal, por su omisión al no tomar las acciones necesarias para el saneamiento del basurero, y con ello generar daños al ambiente y a la fauna.
Cabe mencionar que a finales de noviembre se dio cuenta de la sentencia respecto al juicio de amparo promovido en favor de la salud de las niñas y niños del fraccionamiento Las Américas III, en el que se ordena al Ayuntamiento de Othón P. Blanco para que en un plazo de dos meses recoja toda la basura del exterior del tiradero.
Asimismo, le otorgaron al gobierno municipal otro plazo de cuatro meses para que elabore un plan de clausura y posclausura del sitio de disposición final, además les piden que se ponga en funcionamiento un nuevo relleno sanitario.
Lo anterior debido a que el basurero de Chetumal no opera correctamente al incumplir la NOM-083, constatado mediante inspecciones judiciales. Y es que existen desperdicios fuera del basurero, no hay barda perimetral y no hay laguna de lixiviados para el tratamiento adecuado.
Es necesario mencionar que la sentencia para el saneamiento y clausura del tiradero es en favor de alrededor de 6 mil personas que están en el rango de afectación, siendo que se ven perjuicios en su calidad de vida y su salud.
Las irregularidades en la operación del basurero constan en el procedimiento de la Procuraduría de Protección al Ambiente, que derivó en una sanción al gobierno municipal por 3 millones de pesos, en la cual ya se había solicitado el programa de clausura y posclausura del sitio.
No obstante, hasta ahora no se cumplen los puntos que ordenó la autoridad ambiental y mientras sigue su curso este asunto por la instancia judicial, ahora se amplía al ámbito penal.