En una decisión que ha encendido fuertes debates en el ámbito educativo y de derechos humanos, el gobierno de El Salvador anunció que queda prohibido el uso del llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos del país. La medida fue oficializada mediante el Memorándum N.º 22-2025, firmado el 2 de octubre por la ministra de Educación, Karla Edith Trigueros, quien actúa bajo línea directa del presidente Nayib Bukele.
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Según el memorándum, no podrán utilizarse expresiones como “amigue, compañere, niñe, alumn@, jóvenesx, nosotrxs” ni ninguna otra deformación lingüística que el texto vincula con una “ideología de género”. La directiva aplica no solo a la comunicación oral, sino también a materiales didácticos, documentos administrativos, circulares institucionales, correspondencia oficial y cualquier mensaje institucional en escuelas públicas.
Bukele legitima la medida: «Mal llamado lenguaje inclusivo»
El presidente Nayib Bukele respaldó la decisión públicamente, describiéndola en sus redes como una instrucción para “garantizar el buen uso del idioma” y evitar “injerencias ideológicas o globalistas” que, según él, pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado. En su publicación en X (antes Twitter), Bukele afirmó: “Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país.”
La medida se inserta en una línea de control que ya ha caracterizado la gestión educativa reciente del gobierno. Tras su nominación como ministra, Karla Trigueros ordenó que los directores escolares aplicaran normas de disciplina estrictas en la presentación y comportamiento de los estudiantes (uniforme limpio, corte de cabello adecuado, saludo respetuoso), como muestra del nuevo sello que el gobierno desea imprimir en las aulas.
¿Quién es Karla Edith Trigueros? De médica militar a ministra educativa
El nombramiento de Trigueros ya suscitó críticas antes de esta controversia lingüística. Nacida el 28 de abril de 1990 en Sonzacate, departamento de Sonsonate, Karla Edith Trigueros ingresó en 2007 a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios como cadete, donde obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.
Como médica, trabajó en el Hospital Militar Central y fue subjefa del servicio de Consulta Externa. En 2019 fue asignada al Comando de Sanidad Militar (COSAM) como asesora médica, participando activamente en la logística del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19.
El 14 de agosto de 2025, Bukele la juramentó como ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, convirtiéndola en la primera oficial militar en ocupar ese cargo en más de medio siglo. Su perfil de militar y médica la distingue del perfil habitual de los titulares educativos y ha generado reacciones mixtas en el mundo docente.
El Frente Magisterial Salvadoreño calificó su nombramiento como “aberrante” y advirtió sobre una posible militarización de la educación pública. Para los críticos, la decisión apunta a homogeneizar el pensamiento y recortar espacio a voces disidentes o enfoques críticos en el sistema educativo.
Reacciones previstas y tensiones en la política educativa
La prohibición del lenguaje inclusivo abre varios frentes de tensión política, educativa y social:
- Libertad de expresión y derechos lingüísticos: defensores de los derechos humanos y colectivos LGBTI+ podrían argumentar que la restricción vulnera la libertad de expresión.
- Instrumentalización ideológica: la medida puede interpretarse como parte de una estrategia más amplia del gobierno para imponer una visión homogénea de la cultura.
- Ambigüedad en sanciones: el memorándum no especifica sanciones claras ni mecanismos de fiscalización.
- Desprestigio docente: el rol de maestros como garantes del uso lingüístico oficial puede generar tensiones en las aulas.
- Polarización social: el anuncio probablemente intensifique la polarización política en El Salvador.
Con esta medida, Bukele y Trigueros no solo pretenden regular el habla en las escuelas, sino imponer una visión normativa de lo lingüístico y simbólico en el ámbito educativo. La prohibición del “lenguaje inclusivo” representaría un acto más de disciplinamiento cultural en un gobierno que ya ha extendido su control a múltiples esferas institucionales.
