Más de 28 mil expedientes de demandas laborales permanecen sin resolver en las antiguas Juntas de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, ahora llamadas Tribunales Laborales.
La titular de la Secretaría Estatal del Trabajo, Verónica Salinas Mozo, aseguró que algunas demandas tienen más de 20 años de antigüedad y que la dependencia a su cargo está preparando las llamadas “Jornadas de Caducidad”, con las que se buscará contactar a cada trabajador para activar el procedimiento de resolución.
Aunque la reforma laboral federal de 2019 apostaba por una justicia más ágil y eficiente, en el estado el rezago aún es profundo. Detrás de cada expediente hay un trabajador o extrabajador que, por años, ha esperado una respuesta a situaciones que van desde despidos injustificados hasta falta de pago de prestaciones.
“Estamos hablando de más de 28 mil casos, muchos de ellos abandonados en el tiempo, pero que siguen abiertos en papel. Es una situación que debemos atender con urgencia”, señaló Salinas Mozo.
Para enfrentar esta problemática, la Secretaría del Trabajo prepara las Jornadas de Caducidad, un mecanismo mediante el cual se contactará directamente a los trabajadores involucrados en los expedientes para saber si aún están interesados en continuar con su proceso. En caso contrario, los casos podrían ser archivados de manera definitiva, liberando carga administrativa y permitiendo enfocar recursos en asuntos vigentes.
Sin embargo, organizaciones de defensa laboral y algunos abogados han manifestado su preocupación de que este proceso represente un cierre masivo de expedientes sin una verdadera resolución de fondo, lo cual podría traducirse en impunidad patronal y desprotección para los trabajadores.
También señalan que otra de las irregularidades que deben revisar las autoridades es la presencia de los llamados “peritos valuadores”, que operan abiertamente desde los tiempos de las Juntas de Conciliación y que siguen funcionando sin control en los nuevos tribunales.
El modus operandi de estos “peritos” consiste en hacer avalúos externos de las propiedades embargadas a la parte demandada, pero cada operación cuesta miles de pesos que deben pagar los trabajadores demandantes. En innumerables ocasiones, lejos de facilitar el proceso, terminan favoreciendo a la parte patronal, según denuncias.
La lentitud histórica de las Juntas de Conciliación, marcada por procedimientos burocráticos, falta de personal y, en algunos casos, corrupción, dejó una huella profunda que los nuevos tribunales deberán revertir. Mientras tanto, miles de personas en Quintana Roo siguen esperando justicia.
