Autoridades nacionales y estatales dijeron que investigan a los agentes del Ministerio Público, así como al alcalde de Cozumel, por no respetar los derechos de una menor presuntamente abusada sexualmente.
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De manera conjunta, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) anunciaron que iniciaron una carpeta de investigación contra el alcalde de la “Isla de las Golondrinas”, José Luis Chacón Méndez, y agentes del Ministerio Público, por la revictimización que sufrió la menor que aseguró ser abusada sexualmente dentro de la Guarnición Militar.
Durante una entrevista, Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sipinna, dijo que las acciones efectuadas por las autoridades ministeriales y municipales representan una violación grave a los derechos humanos de la infancia, atentando contra el Estado de Derecho, ya que ninguna autoridad, civil o militar, puede estar por encima del marco constitucional que protege a niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Mientras tanto, Ángel Salvador Contreras Mis, tercer visitador de la Cdheqroo, señaló que está interpuesta una queja formal por violaciones de derechos humanos y que el caso será seguido de cerca en coordinación con instancias nacionales, ya que se está señalando directamente al alcalde de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, así como a agentes del Ministerio Público por revictimizar a la menor.
El impacto del hecho es tal que el Sipinna nacional está en coordinación interinstitucional con su homóloga en la entidad, el Gobierno de Quintana Roo y la Fiscalía General del Estado (FGE), por órdenes directas de carácter federal, con la finalidad de garantizar a la brevedad posible el esclarecimiento exhaustivo de los hechos, la restitución integral de derechos de la víctima, además de tomar medidas para que estas acciones no se repitan en la entidad.
De igual manera, Villavicencio Ayala hizo énfasis en el impacto generado a nivel nacional, por lo que señaló que el Gobierno de México no permitirá que se normalicen estas formas de violencia, ya que los niños y adolescentes tienen derecho a vivir en entornos seguros, libres de violencia, donde se les respete, escuche y garantice su desarrollo integral.
La gravedad del delito de revictimización tomó fuerza luego de que los padres de la menor relataron que su hija fue llevada a la base militar y violentada frente a los soldados, además de los familiares del presunto agresor, un elemento castrense que fue señalado por la víctima y detenido horas después por la FGE.
Lo que más indignó a la comunidad y a las autoridades dedicadas a la protección de los derechos de los menores, es que durante la investigación realizada por la Fiscalía y demás dependencias, estos trataron de dar un giro al caso, culpando a la familia de la menor de lo ocurrido, señalaron algunos de los parientes de la víctima.
JGH
