Ciudadanos advirtieron que podrían emplacar sus vehículos en otros estados, luego de acudir a módulos y enfrentar más requisitos, procesos complejos, trabas administrativas y desorganización operativa.
El padrón vehicular en Quintana Roo aumentó de manera constante en los últimos años. De acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), hasta finales del 2025 se tenían registradas alrededor de 578 mil unidades en la entidad.
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Ruperto Ortiz, uno de los inconformes, afirmó que el nuevo esquema no sólo implica mayores costos, sino también pérdida de tiempo y falta de certeza legal. Consideró que adaptarse a estas disposiciones será complicado para muchos contribuyentes.
“El ajuste a estas normas puede provocar que algunos opten por registrar sus autos fuera del estado y propiciar actos de corrupción en la vía pública por parte de agentes”, advirtió el entrevistado.
Las disposiciones fiscales y administrativas fueron avaladas por la XVIII Legislatura y publicadas en el Periódico Oficial del Estado número 249 Extraordinario, el 29 de diciembre del 2025, mediante un acuerdo del SATQ que regula la inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes y al Registro Estatal Vehicular.
El abogado fiscalista Horacio Lemollé explicó que estas medidas se sustentan en el Artículo 24 del Código Fiscal estatal, el cual obliga a inscribirse en el padrón de contribuyentes a personas físicas o morales con actividades económicas en la entidad, así como a propietarios de vehículos con placas locales. Señaló que este marco legal será la base para el emplacamiento de unidades nuevas y el canje de placas en el 2026.
Lucía Rubio, empresaria y dueña de varios automóviles, coincidió en que el esquema evidencia una deficiente planeación del servicio tributario estatal, reflejada en fallas del sistema, saturación de la plataforma digital, falta de personal y carencia de equipos en los 23 módulos distribuidos en los 11 municipios.
Entre las principales dificultades detectadas se encuentra la carga burocrática adicional, ya que primero se exige la inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes -con requisitos como RFC, constancia fiscal vigente, identificación y comprobante de domicilio- para después iniciar el trámite vehicular, lo cual muchos usuarios no han logrado completar.
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Lemollé agregó que no se consideraron casos específicos, como adultos mayores sin actividad fiscal, trabajadores con autos empresariales, residentes con ingresos en otros estados ni la exigencia de constancias de no infracción, lo que evidencia falta de coordinación entre dependencias.
Alertó que el incumplimiento puede derivar en sanciones de entre 10 y 700 UMA (Unidad de Medida y Actualización), conforme al Código Fiscal estatal, incrementando la presión sobre los ciudadanos y desincentivando el cumplimiento voluntario.