El proceso de regularización del servicio de mototaxis en el municipio se ha convertido en un foco de tensiones internas, donde coexisten dos posturas claramente diferenciadas: quienes avanzan hacia el cumplimiento de la normativa estatal y quienes mantienen una resistencia activa, al cuestionar las condiciones y la credibilidad de las autoridades.
De acuerdo con Pedro Dziub Puc, dirigente de una de las organizaciones del gremio, al menos 25 operadores ya iniciaron su trámite de formalización, respaldados por una serie de incentivos que, aseguró, eliminan el principal obstáculo histórico: el costo.
“El emplacamiento no tendrá ningún costo, tampoco el permiso de movilidad ni la tarjeta de circulación. Es una oportunidad que no se había dado antes”, afirmó, al tiempo que defendió que su agrupación ha optado por “caminar por el sendero de la legalidad”, bajo un esquema de acompañamiento sin imposición.
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El líder subrayó que los trabajadores que representa han cumplido de manera voluntaria, sin presiones, en un contexto donde la falta de empleo formal en el municipio ha convertido esta actividad en una alternativa de subsistencia para decenas de familias.
En ese sentido, atribuyó los avances a la coordinación entre instancias estatales y el Ayuntamiento, al señalar que existe disposición para facilitar el procedimiento sin distinciones políticas. Incluso, sostuvo que la regularización permitirá a los propietarios dar certeza jurídica a sus unidades, evitando la pérdida de valor de vehículos que actualmente operan fuera de la formalidad.
Esta visión no es compartida por todos los actores del sector. De manera paralela, representantes de al menos 12 agrupaciones de mototaxistas, encabezados por Armando Caamal, formalizaron la entrega de un documento ante autoridades municipales, en el que exigen claridad y cumplimiento de los acuerdos previamente planteados.
“Estamos cumpliendo con nuestra parte, ahora esperamos que la autoridad también honre su palabra”, señalaron durante la presentación del escrito, en una acción que evidencia la falta de consenso dentro del gremio.
Este bloque disidente mantiene reservas sobre el proceso de ordenamiento, particularmente en lo relacionado con las condiciones reales del emplacamiento y la certeza de que los beneficios anunciados se mantendrán en el tiempo.
A esta división se suma la voz de propietarios de unidades, como Juanita Poot Paat, quien respaldó abiertamente la postura institucional, al destacar el papel del Ayuntamiento en la mediación del conflicto.
“Gracias al apoyo del Presidente municipal, muchas familias pueden seguir trabajando. Este es un sustento que no puede detenerse”, expresó, al tiempo que reconoció que existe desconfianza entre algunos dirigentes, lo que ha frenado la incorporación total al esquema.
El escenario actual refleja un gremio fragmentado, donde la toma de decisiones oscila entre la confianza en las autoridades y el escepticismo acumulado por años de incertidumbre en torno a la regulación del servicio.
Mientras un sector avanza bajo el argumento de que la legalidad hoy no implica costo, otro permanece en resistencia, al exigir garantías más sólidas antes de integrarse. En medio de ambas posturas, el reto para las autoridades será no solo mantener los beneficios anunciados, sino también construir credibilidad en un sector que, durante años, ha operado en los márgenes de la formalidad y que hoy enfrenta una oportunidad inédita o un nuevo factor de división.
