Más de 200 habitantes del puerto de Chiquilá marcharon por la avenida principal de la localidad para exigir a la gobernadora Mara Lezama la liberación inmediata de Berenice N, quien fue detenida de manera injusta por elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado bajo el cargo de presunta extorsión, en un acto que la comunidad califica como una fabricación de culpables para presumir falsos resultados en el combate al narcotráfico, según denunciaron los propios manifestantes y testigos presenciales.
“¡Mara, el pueblo te aclama! ¡Justicia para Berenice! ¡El pueblo unido jamás será vencido!” fueron las consignas que retumbaron en las calles de este puerto pesquero, donde el hartazgo social ha llegado a su límite frente a la prepotencia de las corporaciones de seguridad.
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Los habitantes desmintieron categóricamente la versión oficial que señala que la mujer fue capturada tras insultar a una patrulla del Grupo Centurión; por el contrario, aseguran que los agentes irrumpieron con violencia en su vivienda, sacándola a la fuerza y encañonando a su familia en un despliegue de fuerza desproporcionado contra una mujer trabajadora y conocida por todos.
La indignación ciudadana radica en que Berenice N es reconocida como una madre de familia que ha luchado contra carencias para sacar adelante a sus hijos, y cuya actual situación legal derivaría de un conflicto por la herencia de un predio en el puerto.
Los pobladores acusaron que las instancias enviadas por el Gobierno del Estado a las zonas de Chiquilá y Holbox para combatir la delincuencia están inculpando a ciudadanos inocentes, mientras que los verdaderos generadores de violencia operan con impunidad.
Ante esta situación, el pueblo de Chiquilá lanzó una sentencia directa a la administración de Mara Lezama: si en un plazo de tres días Berenice N no es puesta en libertad, se procederá al cierre total de los accesos al puerto.
Esta medida paralizaría el cruce hacia la isla de Holbox, dejando claro que la comunidad no permitirá que la fiscalía y las fuerzas federales utilicen a gente de trabajo como “chivos expiatorios” para cubrir su incapacidad de detener a los verdaderos malandros que azotan la región.
