La magistrada Adriana Cárdenas Aguilar disminuyó la condena del feminicida Efrén “N”, de 37 años y seis meses a 25 años, luego de ser declarado culpable de la muerte de Blanca Amaya durante noviembre del 2024.
Familiares de la víctima pidieron justicia y que se revise la participación de la magistrada en el litigio, ya que en el pasado fue denunciada por conflictos de interés durante un caso de homicidio.
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Fue en el año 2022, cuando Efrén “N” acudió al domicilio de quien era su pareja sentimental, Blanca Amaya, para que lo acompañara a uno de sus viajes en tráiler, sin saber que sería el último, ya que el sujeto la asesinó, para después abandonarla en la carretera, con la finalidad de que pareciera un accidente de tránsito, dejando en la orfandad a un bebé de 11 meses de edad.
Luego de que la familia de la víctima realizara sus investigaciones y presentar las pruebas ante la Fiscalía, lograron recalificar el caso, haciendo que no fuera un accidente, sino feminicidio, por lo que lograron la detención del agresor casi un año después de que acabara con los sueños de la joven madre de familia.
Blanca era una artista circense. Su familia fundó hace 53 años el Circo Mayars en el que recorren la Península de Yucatán. Era recordada por su acto favorito con fuego, en el que usaba unas varillas para presentarlo al público, que aún la recuerda entre lágrimas y sonrisas.
Fabiola Amaya, hermana de Blanca, señaló: “Para nosotros esta decisión representa una burla, porque no sólo disminuyó la condena, sino que de igual manera la remuneración económica que debía de dar. Para nosotros eso no es justicia. Tiraron a la basura todo el esfuerzo que hicimos, pero no nos vamos a dar por vencidos. Mi hermana no merecía lo que le pasó”, indicó entre lágrimas y coraje.
En cuanto a la magistrada Adriana Cárdenas Aguilar existe un antecedente. Fue denunciada penalmente por desempeño irregular de la función pública, en 2022. Según la información consultada, juzgó un caso por la vía penal y luego permitió que su esposo, el juez Octavio Ascencio Fernández, revisara el mismo hecho, pero por la vía civil.
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El caso en el que señalan el conflicto de intereses se remonta al año 2013, en el que una persona perdió la vida en un hospital privado durante un proceso quirúrgico, en el que el doctor Jorge Manuel T. A. fue denunciado por el delito de homicidio culposo; paralelo a este proceso penal, el juez Tercero Civil, Octavio Ascencio Fernández, iniciaba un juicio civil.
El doctor fue hallado inocente por el Juez Penal, pero en menos de un mes, la magistrada Cárdenas Aguilar revocó la resolución y lo declaró culpable en un acto extralimitado de sus funciones, pues sólo le correspondía valorar los agravios.
Por estas razones cuenta con una denuncia penal interpuesta por el médico agraviado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por desempeño irregular de la función pública y abuso de autoridad, estipulado en la carpeta de investigación 1443/2022.
