Durante enero y hasta el 10 de febrero se recibieron un total de 32 reportes ciudadanos señalando explotación laboral infantil, refirieron fuentes de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito en Benito Juárez.
El más reciente caso de una menor trabajando en una tortillería reabre el debate sobre la trata de personas, la pobreza y el trabajo infantil en negocios familiares y en la vía pública, afirmó el sociólogo Octavio Rivas, profesor de la Universidad del Sur.
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Como POR ESTO! informó, el viernes pasado, elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Policía Municipal realizaron un operativo para rescatar a la menor.
El negocio quedó bajo custodia mientras se investiga si existe delito. Aunque el propietario afirmó que la adolescente contaba con permiso de sus padres, personal del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) resguardó a la menor para su valoración.
Raciel López Salazar, fiscal del estado, informó que el año pasado se iniciaron 165 carpetas de investigación por trata de personas, con 488 víctimas identificadas, entre ellas 88 menores relacionados con explotación laboral infantil y sexual.
Un ejemplo de esta explotación quedó en evidencia en mayo del año pasado, cuando también de acuerdo a denuncias ciudadanas, las autoridades realizaron un operativo en el que encontraron 22 niños que vendían pozol durante jornadas de más de 12 horas en calles de Cancún, tras ser trasladados desde Chiapas y eran obligados a entregar ganancias a sus explotadores.
El profesor universitario recordó que hay menores y adultos mayores forzados por familiares y por grupos delictivos a vender en calles o incluso a actuar como informantes.
De acuerdo con autoridades estatales y municipales, los municipios con mayor incidencia de reportes son Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Chetumal, donde se detecta a menores trabajando en todo tipo de establecimientos, sobre todo en tortillerías, puestos de comida, venta ambulante, cruceros y pequeños negocios familiares.
También es frecuente observar a mujeres con hijos en brazos vendiendo productos o pidiendo limosna en avenidas.
Mara Lezama, gobernadora del estado ha señalado que estos casos suelen estar vinculados a redes que aprovechan la vulnerabilidad económica.
La pobreza influye directamente. La abogada en derechos infantiles Laura Mayorga Cruz advirtió que cuando el ingreso familiar es insuficiente, el trabajo de menores se normaliza y deja de percibirse por los progenitores como explotación.
Aunque las autoridades aseguraron que hay mayor vigilancia y atención a denuncias, los rescates y las cifras oficiales reflejan que el trabajo infantil y la trata en su modalidad laboral siguen presentes en la vida cotidiana de colonias populares y zonas turísticas del estado, reiteró.
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Organizaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia en el Caribe, representada por Mariana Ortiz Castillo y el colectivo “Infancia Segura”, dirigido por Luis Fernando Paredes, coincidieron en que la línea entre apoyo familiar y explotación es delgada.
Señalaron que muchos casos pasan desapercibidos porque se desarrollan dentro de negocios familiares o en actividades informales.
El reto, coincidieron los entrevistados, no es solo rescatar a los menores, sino atender las condiciones de pobreza y exclusión que los empujan a trabajar desde temprana edad.