Los derechos fundamentales de las personas mayahablantes en la entidad son violentados ante la falta de recursos para realizar talleres de capacitación que permitan contar, en el servicio público, con intérpretes en su lengua materna.
Y es que, de acuerdo con estadísticas del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYA), apenas existen 30 personas intérpretes, que obviamente resultan insuficientes.
Esta falta de personal especializado obstaculiza el acceso de personas indígenas a trámites y servicios esenciales, lo que genera una brecha en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Chuc Cen, consideró como una “una necesidad urgente” lograr que se incremente el número de intérpretes certificados en oficinas de la administración pública en la entidad.
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Según cifras del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) en el Estado existen entre 175 mil y 194 mil personas que hablan la lengua maya (Maayat'aan) siendo la lengua indígena predominante, aunque se ha observado una tendencia a la baja en el número de mayahablantes.
Datos de la Encuesta Nacional de Población y Vivienda de 2020 arrojaban una cifra oficial de 174,817 hablantes, mientras que los datos del censo económico indica que son 194,333 personas mayahablantes.
Eder Chuc indicó que en Quintana Roo, en oficinas públicas, actualmente apenas existen 30 intérpretes certificados en lengua maya, cifra insuficiente para atender a la población de comunidades mayas.
Reconoció que este déficit representa un obstáculo para el acceso de habitantes de las comunidades indígenas a trámites y servicios esenciales, lo que genera un obstáculo en el ejercicio pleno de sus derechos.
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Dado que se trata de una necesidad urgente, ya se trabaja en la capacitación y evaluación de más personas para que puedan atender a la población en lengua maya.
Sin embargo, reconoció que no existen suficientes recursos para ampliar los procesos, como es el caso de talleres de capacitación y certificación.
Contar con mayor presupuesto no sólo permitiría reducir las brechas de desigualdad y construir una sociedad más inclusiva, sino también ampliar el número de beneficiarios de los programas y apoyos que se llevan directamente a las comunidades indígenas, indicó.
En 2025, el presupuesto del Inmaya es de poco más de 33 millones de pesos, pero que abarca diversos rubros, incluido el pago de nómina a las personas trabajadoras.
Eder Chuc reconoció que ese presupuesto no permite avanzar en la cobertura integral requerida y garantizar los derechos de las comunidades indígenas.
Por ello, puntualizó que, para asegurar una comunicación efectiva y garantizar el acceso a la justicia y a los servicios públicos para las personas mayahablantes, el organismo requiere, al menos duplicar su presupuesto.
