Ante el aumento de hechos delictivos en la isla, el Gobierno municipal contempla establecer como requisito obligatorio la instalación de cámaras de videovigilancia en pequeños y medianos comercios a partir de 2026, como condición para renovar o tramitar la Licencia de Funcionamiento.
Esta medida busca reforzar el monitoreo urbano y sumar a más de 6 mil establecimientos al sistema de vigilancia estatal, enlazado con los centros de control C2 y C5.
La propuesta fue anunciada por el presidente municipal José Luis Chacón, quien refirió que, ante la violencia que se vive en la isla, busca integrar a todos los sectores comerciales para mejorar la seguridad en la ciudad.
Explicó que, a partir del próximo año, las cámaras de seguridad serán un requisito indispensable para que todos los negocios puedan operar legalmente.
Esta intención ha generado inconformidad, sobre todo entre propietarios de micro y pequeñas empresas, quienes señalan que no cuentan con los recursos económicos para adquirir este tipo de tecnología, cuyo costo ronda entre los 5 y 6 mil pesos.
Josué Vela, comerciante del centro de la ciudad, calificó la medida como inconstitucional, si no se modifica antes la Ley de Hacienda Municipal.
Argumentó que el reglamento local no tiene la facultad para imponer nuevos requisitos que condicionen la emisión de Licencias de Funcionamiento, por lo que, de aplicarse de manera unilateral, éste fácilmente podría ser impugnado legalmente.
Recordó que en la administración municipal anterior se destinaron alrededor de 40 millones de pesos a la instalación de cámaras con tecnología avanzada en puntos estratégicos de la isla, pero los resultados en materia de seguridad han sido mínimos o poco visibles para la ciudadanía.
Actualmente, Cozumel cuenta con 252 cámaras conectadas a los sistemas C2 y C5, muchas de ellas con reconocimiento facial, lectura de placas y análisis de video; sin embargo, los índices delictivos no han disminuido significativamente, lo que ha generado cuestionamientos entre la ciudadanía sobre la efectividad de las estrategias tecnológicas por sí solas.
Algunos comerciantes sugieren que, en lugar de imponer esta carga económica, el Gobierno municipal subsidie al menos el 50% del costo total de las cámaras o bien fortalezca el patrullaje en zonas de mayor incidencia delictiva como una forma más directa de disuasión.
Aunque la medida busca fortalecer la seguridad, el debate sobre su legalidad, viabilidad económica y efectividad continúa entre el sector empresarial y las autoridades.