Pequeños y medianos comerciantes de Cancún han manifestado su preocupación ante la nueva disposición del Ayuntamiento de Benito Juárez que los obligará, a partir de enero de 2026, a instalar cámaras de videovigilancia en el exterior de sus establecimientos, como requisito para obtener o renovar sus licencias de funcionamiento. Aunque la medida busca reforzar la seguridad, los empresarios aseguran que representa un gasto adicional que podría ser insostenible para muchos negocios ya debilitados por la crisis económica postpandemia.
De acuerdo con estimaciones de los propios comerciantes, la inversión mínima requerida para cumplir con esta disposición sería de alrededor de mil 500 pesos para adquirir el equipo, además de un gasto mensual de 800 pesos por la contratación del servicio de Internet. Para muchos, esta carga financiera se suma a un entorno económico marcado por la inflación, el incremento en los precios de productos, el alza en impuestos y las bajas ventas.
“Entendemos el tema de la seguridad, pero el comercio está muy lastimado. Esta iniciativa debió socializarse y buscar mecanismos de apoyo para las Pymes”, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cancún, quien dijo que muchos aún arrastran deudas desde la pandemia, y que algunos han tenido que cerrar, reducir personal o cambiar de giro para sobrevivir.
Los comerciantes también expresan escepticismo sobre la efectividad de esta medida en el combate a la inseguridad. Severino Salazar, uno de los afectados, señaló que “poner dispositivos afuera de los negocios no ayudará mientras la corrupción en las corporaciones policiacas siga siendo un problema”. La desconfianza en las instituciones y la falta de una estrategia integral refuerzan el sentimiento de abandono entre los pequeños empresarios.
Aunque la Canaco reconoce la importancia de cumplir con la normativa, ha solicitado al Gobierno municipal, que se abra el diálogo para analizar alternativas que no pongan en riesgo la operatividad de cientos de negocios que sostienen la economía local. La preocupación no es menor: muchos temen que esta medida termine por convertirse en la “puntilla” que obligue al cierre definitivo de comercios familiares y emprendimientos locales.
