Un hospital de segundo nivel, nuevo cementerio, mercado y parque eólico, entre otros proyectos, se han visto afectados por el problema interno que existe en el ejido de la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, por la disputa de la comisaria, ya que tiene dos dirigentes que afirman fueron legalmente elegidos y se acusan de robo, desalojo, así como fraude, lo que impiden al núcleo agrario, tener un avance.
Tras el aseguramiento del inmueble de la comisaría, Isidro Chuc Sima acudió a interponer una demanda ante el Ministerio Público local, por el delito de allanamiento; sin embargo, aseguró que las autoridades se declararon incompetentes y lo turnaron a Cancún; en tanto que Fidel Pool dijo que será la instancia competente la que determine las sanciones al grupo de ejidatarios por tomar de nuevo las instalaciones y dejó entrever que preparan auditoría y demandas.
La disputa sobre quién tiene la razón provoca que los ejidatarios mantengan una postura de cobrar todas sus tierras a un millón de pesos por hectárea, ocasionando que se pierdan proyectos que pudieron haber beneficiado a la cabecera municipal.
La donación truncada de cuatro hectáreas para un hospital de segundo nivel que pretendía hacer el Gobierno federal, que aun cuando el ejido Ignacio Zaragoza salió al quite y donó el predio, a la fecha se desconoce si se realizará en Lázaro Cárdenas.
De los mil 116 comuneros, una tercera parte está en desacuerdo con los dos comisariados, que se aferran al cargo, pero les enoja más que las autoridades agrarias no definen quién es el representante oficial y obligue al otro a aceptarlo o, en su caso, pierda sus derechos por rebeldía.
El ejido se ha utilizado para provecho de los grupos que se han formado en el interior, apoyando a uno u otro comisariado que les deje beneficios, como sucedió en la asamblea de junio del 2023, cuando se destituyó a Víctor Pech por presunto fraude, ya que fue la mayoría quien lo decidió, pero con el paso del tiempo esos mismos líderes se pasaron de su lado, por los apoyos que reciben. Varios han recibido autorización para venta o renta de sus tierras con Fidel Pool.
En el otro lado se encuentra Isidro Chuc Sima, quien es la segunda ocasión que toma las oficinas. Hace algunos años, cuando era comisariado ejidal Maximino Balam, también se apropió de las instalaciones por estar en desacuerdo y ahora se mantiene apostado en la comisaría, afirmando que tiene la razón y desconoce a todas las autoridades que están en desacuerdo con él.
Añadieron que el Ayuntamiento pasado solicitó incluso una hectárea para un cementerio, pero el ejido no lo cedió, pedía un millón de pesos, rechazando los 600 mil pesos que Nivardo Mena aportó en su primera administración por un predio que le fue donado a la escuela secundaria por Kantunilkín, y tierras que fueron requeridas por el ejido, afirmando que el plantel no tenía facultades para sacar provecho de esas tierras.
Además, no se ha concretado el parque eólico en el que el ejido dotaría de tierras en usufructo y recibiría un pago inicial de 5 mil pesos y depósitos mensuales, que no se sabe dónde han acabado.
Los comuneros de Kantunilkín, que simpatizan con Isidro Chuc Sima realizaron una asamblea informativa en la que acordaron abrir la puerta principal del ejido para apostarse nuevamente en las instalaciones, sin romper los candados colocados en las puertas de las oficinas, hasta que la Fiscalía llegara a verificar y ser testigo de la apertura.
Ayer, Chuc Sima, acompañado de su comité, acudió a las oficinas de la Fiscalía para interponer una demanda por el delito de allanamiento, acusando a Fidel Pool, Víctor Pech Moo y Rogaciano Cordero Maglah, quienes irrumpieron en la comisaría supuestamente acompañados de fiscales estatales y Guardia Nacional, para romper chapas, colocar candados y retirarse.
Rechazan procedimiento
Externó que en ningún momento fueron notificados de una demanda por parte de la autoridad, para poder presentar elementos y defenderse para refutar esas acusaciones. Tampoco recibieron notificación para desalojar las instalaciones o un oficio donde se les notifique el aseguramiento del inmueble.
Afirmó que, en todo aseguramiento, la Fiscalía debe colocar los sellos y hasta que se termine el proceso la autoridad entregará el inmueble al comisariado ejidal oficial. En caso de que el sitio fue entregado, Fidel Pool no tiene porqué dejar cerradas las oficinas, sino que debe ocuparlas de manera inmediata y anunciar a los ejidatarios esa disposición.
Dijo que se procedió a poner la demanda, pero la Fiscalía de la localidad se declaró incompetente y tenía que llevar su denuncia a una mesa especializada en Cancún, de modo que pidió que la dependencia se lo hiciera por escrito y lo turnaran, pero no se tuvo respuesta.
Acudirá a Cancún a realizar una denuncia contra Raymundo Balam Llamas, de la Fiscalía Especializada en Combate de Delitos Patrimoniales, por prestarse a los intereses de un grupo, ya que el problema es de tipo agrario y existe una denuncia en el Tribunal, en todo caso se debería investigar todo el daño que los comuneros han hecho al ejido porque hasta le fecha no esclarecieron el desvío de recursos de Víctor Pech Moo, distrayendo a los ejidatarios con denuncias hacia ellos.
Fidel Pool sostuvo que corresponderá a las autoridades determinar las sanciones a los ejidatarios que accedieron de nuevo a las instalaciones, porque fueron aseguradas y entregadas a la comisaria legalmente reconocida por el Registro Agrario Nacional.
Explicó que ahora el paso a seguir es revisar qué bienes muebles e inmuebles se tienen en la comisaria, cuáles no están y dónde se encuentran, revisar la documentación y determinar el grado de afectación que dejaron al ejido para poder determinar en asamblea el paso a seguir, que sería una denuncia.
Externó que las falsas autoridades ejidales han vendido más de 600 metros de material pétreo que se tenían en los bancos, que serían alrededor de 700 mil pesos. Se han expedido constancias de cobro, pero en este caso lo primero es checar la documentación para saber cuántas fueron otorgadas y las cantidades, para saber el ingreso que tuvieron, a dónde fueron destinados, y así tener un panorama de los recursos que utilizaron.
Añadió que teniendo toda la información y documentación, se determinará el monto de los recursos que han afectado al ejido y será la asamblea la que determine si se harán las denuncias correspondientes y las sanciones internas que aplicaría a los ejidatarios que se ostentan como autoridades, careciendo de documentos y acreditaciones de las instancias agrarias.
