Una manifestación pacífica se realizó la tarde de este viernes frente al Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia, en Playa del Carmen, con el objetivo de acompañar una audiencia judicial y solicitar la revisión de un caso señalado como presunta violencia vicaria dentro de un proceso de guarda y custodia.
La movilización fue organizada por colectivos feministas y ciudadanos que buscan dar visibilidad a un juicio que continúa activo en el ámbito familiar y que involucra la custodia de una menor.
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La protesta está planteada como una acción pública de acompañamiento y observación, sin intención de interferir en el desarrollo de las diligencias judiciales programadas.
De acuerdo con la información difundida en la convocatoria, el caso se originó a partir de un conflicto que derivó en procedimientos tanto penales como familiares, los cuales incluyeron la detención de la madre y la separación temporal de su hija.
Posteriormente, la menor fue reintegrada con ella, sin que ello implicara la conclusión del proceso legal, el cual continúa con audiencias de seguimiento en curso ante el juzgado correspondiente.
Las organizaciones que respaldan la movilización señalaron que la manifestación tiene como finalidad acompañar a la madre durante la audiencia, así como solicitar que el caso sea revisado bajo criterios que garanticen el interés superior de la niñez y la aplicación de protocolos de juzgamiento con perspectiva de género y de infancia.
Subrayaron que se trata de una acción pacífica y de carácter informativo, orientada a exponer públicamente la preocupación social en torno a la manera en que se atienden este tipo de casos.
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El colectivo Xtabay y la Red de Víctimas Quintanarroense confirmaron su participación en la convocatoria y explicaron que su intervención busca visibilizar situaciones que, desde su perspectiva, reflejan posibles omisiones o deficiencias en la atención judicial cuando se trata de procesos familiares que involucran a niñas y niños.
Añadieron que el acompañamiento ciudadano pretende contribuir a que las autoridades revisen los expedientes con un enfoque integral y sensible al contexto de las partes involucradas.
