Debido a la alta burocracia y la corrupción muchas mujeres prefieren callar en vez de denunciar a sus agresores, “mis hijos crecieron en medio de la violencia”, relató la señora Magda Morales Alcocer.
Por su parte, la activista Grisell Balderas reconoció que en Quintana Roo se perdió la confianza en las autoridades que imparten la justicia, mientras que la violencia hacia las mujeres y menores de edad va en aumento hasta un 50 por ciento al año, refirió.
La señora Magda Morales describió que durante muchos años sufrió un calvario al ser víctima de golpes de su pareja sentimental, y que no lo denunció por miedo al estar bajo amenaza: “el pavor de pasar a las críticas de la gente que te rodea, mis hijos crecieron en ese entorno de violencia, terminé cabizbaja”, relató.
“Muchas mujeres que son violentadas no lo denuncian debido a la burocracia y la corrupción, en Quintana Roo no hay justicia, porque no nos creen que vivimos un infierno, lo primero que piden en la Fiscalía es que no hay sangre, no hay pruebas suficientes para proceder contra los agresores, es una triste realidad lo que hoy se vive”, comentó Morales Alcocer.
Por su parte, la activista Grisell Balderas aseguró que la violencia es muy grave, no solamente es la violencia vicaria que ejerce un agresor, sino todos los casos están muy contaminados de violencia institucional ejercida por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como por el Poder Judicial con sus jueces y magistrados que ni con la reforma judicial está mejorando absolutamente nada.
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“Creo que todo está empeorando y creo que va a ser más grave aún esto, porque los nuevos jueces que llegan lejos de ponerse a estudiar los expedientes, ya nos están fincando responsabilidades que nos pueden provocar algún encarcelamiento repentino”.
“En Quintana Roo hay aproximadamente 50 casos, los que hemos recibido, en Playa del Carmen estoy dando acompañamiento a 20 casos, pero siguen llegando nuevos casos, y la violencia empieza con lo económico, patrimonial, violencia física, sexual, y van progresando por amenazas de quitar hijo o hija a la madre”.
De los 20 casos, las madres están amenazadas, no existe ni una denuncia o juicio familiar, lo más grave es que ahora el agresor le está quitando la guarda y custodia del menor, y hay denuncias ahora contra las mamás, y que en cualquier momento esto puede explotar, refirió la activista.
Las madres viven en la incertidumbre al ser acosadas por el agresor en muchas formas, los casos que se van resolviendo han tenido que llegar a un extremo, las infancias que se ha recuperado se deben a la orden de aprehensión emitida no por las autoridades de Quintana Roo, sino son órdenes de aprehensión de otros estados que piden la colaboración al estado para la ejecución.
En ese contexto, la pasante en derecho dijo que Quintana Roo no está ejecutando acción penal, no está resolviendo los casos, solo está colaborando, en el estado no está surgiendo la justicia, aquí se frena, concluyó la activista.
