Los principales actos de discriminación contra personas con discapacidad en Playa del Carmen se registran en el sector público, particularmente en espacios educativos, centros de salud y hospitalarios, donde funcionarios que laboran como maestros y personal médico concentran el mayor número de casos, dijo Mirna Salazar, subdirectora de Capacitación de la Zona Norte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
Lo anterior, tras la entrega de un donativo económico destinado a fortalecer acciones de inclusión social.
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Explicó que la Comisión atendió situaciones en las que se negó el acceso a la educación o a servicios de atención a personas con discapacidad motriz o intelectual, evidenciando una falta de conocimiento y aplicación de los marcos legales vigentes por parte de servidores públicos.
El señalamiento se realizó durante un acto en el que se entregó un cheque por un monto de 423 mil 470 pesos con 19 centavos al Centro de Atención Integral A.C., asociación dedicada a la atención de niñas, niños, juventudes y personas adultas con discapacidad.
Estudiantes, madres, padres y personal docente agradecieron el apoyo recibido, el cual permitirá avanzar en proyectos de inclusión.
De acuerdo con la fundadora de la asociación, Edith Magaña, el donativo fue otorgado por una cadena de tiendas de conveniencia y permitirá iniciar la construcción de una escuela en un terreno ubicado en la zona de La Joya, en Playa del Carmen.
El espacio estará destinado a la atención de personas con discapacidad motriz e intelectual, ampliando la capacidad de servicios especializados en la zona.
Mirna Salazar señaló que uno de los principales retos no es únicamente la recepción de quejas, sino la capacitación permanente del personal del servicio público.
Indicó que, aunque existen leyes claras en materia de derechos humanos y no discriminación, una parte del funcionariado desconoce estos lineamientos, lo que deriva en prácticas excluyentes.
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Precisó que, en muchos casos, las quejas interpuestas por actos de discriminación no avanzan a etapas formales de sanción, debido a que las partes optan por la conciliación para evitar que se configure una violación a derechos humanos.
Destacó que la discapacidad debe entenderse como una condición de vida y no como un impedimento para la participación social, educativa o laboral.
La subdirectora de Capacitación reconoció que, aunque persisten reportes de discriminación, también se registró un aumento en el conocimiento de los derechos por parte de las personas con discapacidad, quienes cada vez con mayor frecuencia denuncian y alzan la voz ante actos de exclusión.