El 70% de los casos que atiende la Asociación Civil Eleonora Méndez en este inicio de 2026 corresponde a separaciones, divorcios y conflictos legales por la custodia de menores, escenario que refleja un aumento sostenido en la presión emocional y jurídica para las familias de Playa del Carmen.
La presidenta de la organización, Miriam Salgado, informó que la tendencia se intensificó tras cerrar 2025 con 78 expedientes activos, en su mayoría vinculados a atención psicológica, carga que se mantuvo desde los primeros días del nuevo año con la llegada constante de nuevas solicitudes.
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De acuerdo con los registros de la agrupación, los procesos de disolución de pareja, tanto voluntarios como unilaterales, y las rupturas repentinas que derivan en disputas legales concentran siete de cada diez intervenciones que brindan, lo que desplazó a otros motivos de atención.
Dentro de este panorama, los desacuerdos entre madres y padres por la custodia de hijas e hijos se convirtieron en uno de los focos principales, debido al impacto que estas confrontaciones generan en la estabilidad emocional de niñas, niños y adolescentes.
La activista señaló que, si bien las diferencias entre las parejas son un factor frecuente en los procesos de separación, las decisiones deben centrarse en el bienestar de los menores.
Aclaró que la asociación no actúa como autoridad ni realiza procedimientos formales de conciliación; su función consiste en ofrecer acompañamiento psicológico y orientación jurídica para que las partes analicen las consecuencias de sus determinaciones y acudan a las instancias correspondientes a formalizar acuerdos bajo el principio del interés superior de la niñez.
Salgado puntualizó que en los casos donde se detecta violencia familiar no es posible promover mecanismos de mediación, ya que la legislación lo prohíbe.
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En esas situaciones, la recomendación se enfoca en canalizar a las víctimas hacia las vías legales y de protección institucional establecidas.
La presidenta de la organización consideró que la dinámica social del municipio, caracterizada por una alta movilidad de población, incide en la desintegración familiar y en el incremento de controversias legales.
Este contexto, explicó, obliga a reforzar la comunicación, la corresponsabilidad y los valores dentro del entorno doméstico para prevenir conflictos que posteriormente escalan a procesos judiciales.
