La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha realizado al menos 18 operativos contra la trata de personas en lo que va de 2025, con un saldo oficial de 23 personas detenidas y el supuesto “rescate” de 46 mujeres en distintos bares y centros nocturnos de Cancún.
Sin embargo, los resultados judiciales distan de ser contundentes: la mayoría de las carpetas de investigación han sido desestimadas por falta de pruebas, mientras que más de 500 trabajadores han sido afectados por cierres arbitrarios y sin sentencia judicial.
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Este lunes, propietarios y empleados de al menos 11 establecimientos clausurados ofrecieron una conferencia de prensa encabezada por Leticia Salazar García, vocera del nuevo gremio que han formado para defender sus derechos laborales.
Denunciaron públicamente que los operativos encabezados por la Fiscalía y otras instancias de seguridad se han convertido en una forma de represión que pone en riesgo no solo su sustento económico, sino también su integridad física y legal.
“No somos criminales. Trabajamos como meseras, bailarinas, personal de seguridad, cocineros... nos han cerrado los bares con pretextos infundados y ahora nuestras familias no tienen qué comer. A las chicas las presentan como víctimas de trata y después las sueltan porque no hay delito que perseguir”, denunció Salazar.
Los cierres han afectado principalmente a negocios en varias zonas de Cancún, como la avenida López Portillo, la Bonampak y alrededores de la zona centro.
En muchos de estos casos, tras el cierre “provisional” de los locales por supuesta trata de personas, no se han presentado cargos formales ni contra los propietarios ni contra los trabajadores.
Uno de los casos más citados fue el de cuatro bares clausurados simultáneamente, en los que se informó del “rescate” de mujeres, tanto mexicanas, cómo extranjeras, presuntamente víctimas de trata. Sin embargo, las propias autoridades reconocieron semanas después que no se lograron pruebas que confirmaran explotación sexual, privación de la libertad ni coacción laboral. Las mujeres fueron liberadas sin presentar denuncias, y las carpetas de investigación fueron cerradas por insuficiencia de elementos jurídicos.
“Nos están criminalizando por trabajar en un giro nocturno. No nos defienden ni los derechos humanos, ni los sindicatos, ni las instancias laborales. Estamos creando una asociación para que esto pare. Ya basta de persecución disfrazada de justicia”, declararon los voceros.
Además del impacto económico, los trabajadores denunciaron que viven con miedo a represalias por parte de las autoridades ministeriales, quienes, aseguran, los han intimidado con visitas extrajudiciales, vigilancia e incluso amenazas abiertas.
Pidieron públicamente la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Congreso del Estado y de organismos internacionales de defensa laboral, así como una auditoría a los operativos realizados por la Fiscalía, ante lo que consideran un uso arbitrario y político del combate a la trata.
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"Si hay trata, que se castigue con todo el peso de la ley, pero que se investigue con rigor. No se puede usar como bandera moral para justificar la represión", sentenció.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido una postura oficial en respuesta a estas denuncias. Tampoco se ha informado si los casos desechados serán reabiertos, ni si habrá reparación del daño a los establecimientos cerrados sin sentencia.
"La situación refleja una grave tensión entre la necesidad de combatir delitos reales como la trata de personas y la urgencia de respetar los derechos laborales, el debido proceso y la presunción de inocencia".
"Mientras tanto, cientos de trabajadores y trabajadoras en Cancún siguen esperando justicia… por las vías legales".