De acuerdo con un estudio se identificó una mayor incidencia de reclutamiento forzado en menores en las escuelas con altos índices de deserción, centros deportivos abandonados y zonas comerciales informales.
Lo anterior, de acuerdo con el informe realizado por Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar y Universidad Vizcaya de Las Américas, campus Chetumal.
Para la psicóloga y abogada Carolina Recillas, las colonias o regiones marginadas son un “caldo de cultivo” para que integrantes de la delincuencia organizada busquen engrosar sus filas con la juventud desorientada en Quintana Roo.
El estudio, cuya metodología y recolección de datos se basó en entrevistas a adolescentes de 14 a 17 años reclutados por grupos delictivos, actualmente bajo medidas cautelares en centros de internamiento del estado; en 147 documentos oficiales, incluyendo expedientes judiciales de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) (2022-2023), así como informes anuales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre violencia y estadísticas del Inegi sobre marginalidad urbana.
Además de reportes de organizaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia en México(Redim).
Para ello se seleccionaron siete municipios: Benito Juárez, Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Tulum, Puerto Morelos, José María Morelos y Bacalar, identificando 45 casos en adolescentesque manifestaron voluntad para participary cuyos expedientes judiciales evidenciaban reclutamiento forzado o coercitivo.
Sus hallazgos se validaron y contrastaron con estudios comparativos internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Los resultados coincidieron con datos de la Redim, que el reclutamiento de menores está profundamente arraigado en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica y fallas institucionales.
Los datos evidenciaron que el 68% de los adolescentes reclutados provenían de hogares con ingresos mensuales inferiores a los 5 mil pesos.
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Entre los principales medios de reclutamiento, el más común, es a través de conocidos, que representó el 42% de los casos analizados, donde los adolescentes actúan como “enganchadores” en escuelas, centros deportivos y espacios públicos, para atraer a nuevos miembros.
En el 35% de los casos se ubicó la explotación económica directa, donde se les ofrecen pagos semanales que oscilan entre los mil 500 y los 3 mil pesos por actividades como el “halconeo” o la distribución de drogas.
El 23 por ciento de los menores, a través de la violencia, particularmente en zonas turísticas como Cancún y Playa del Carmen.
Nueva modalidad
Recientemente, otro método fue a través de las redes sociales y los videojuegos, algo que comenzó a documentarse este año y correspondió al 18% de los casos urbanosanalizados, donde los ciberdelincuenteschatean con los menores y les ofrecen trabajo (hasta 2 mil pesos diarios), cuando realmente esa labor es como “halcones” (vigilancia y recolección de información para la ejecución de otros delitos realizados por el crimen organizado).
Carolina Recillas, abogada, psicóloga y experta en atención a menores víctimas de delitos, dijo que la delincuencia se aprovecha de la vulnerabilidadde los niños y jóvenes, por la necesidady la carencia económica, entre otros aspectos, para poder envolverlos y se involucren en situaciones y circunstancias no deseadas.
“La situación en Quintana Roo es seria. Un elevado porcentaje de padres trabaja en la hotelería, hace que el núcleo familiar desarrolle un sistema de cautiverio infantil”, explicó la especialista.
Consideró que en el estado, los cárteles podrían sacar la mayor ventaja, ya que la manipulación y el control emocional, económicoy la ausencia de los padres en casa les permitiría tener facilidad y acceso hacia los infantes, “que cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde”, dijo.
Como informó PorEsto! el fenómeno del reclutamiento de menores se ha agravado y una de las razones es que no está tipificado como delito independiente, aunque se menciona de manera parcial dentro del de corrupción de adolescentes.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2025 se reportaron 91 casos de corrupción y en los últimos tres años fueron rescatados 88 menores por el delito de trata, según cifras de la FGE.